#19J: El Salvador, El Conflicto Encubierto

La documentación sobre El Salvador se ha realizado gracias a la colaboración de “Las Mélidas” y la autoría corresponde a Elisabeth Llamas Reinero, que se encuentra trabajando en terreno. 

El conflicto armado reconocido en El Salvador se inició en 1981 y duró hasta 1992, año en el que se firmaron los Acuerdos de Paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno salvadoreño, agentes de la guerra civil en estos años.

La Comisión de la Verdad contabilizó 5.293 personas desaparecidas, torturadas, asesinadas, lesionadas y/o violadas, un 25% del total de víctimas de la guerra. Sin embargo, la Comisión de la Verdad no informó directamente sobre la violencia sexual en este contexto, ni sobre las denuncias, sino que esta vulneración de derechos fue considerada como colateral a las denuncias emitidas en el post-conflicto.

En relación a la época del post-conflicto, entre 1992 y 1996 se atendieron a 3.695 víctimas de violación sexual por parte del Instituto de Medicina Legal, sufrida en más de un 90% por mujeres.

La violencia sexual durante el conflicto armado fue perpetrada por ambos bandos, si bien en su mayoría por miembros del ejército en las invasiones de poblados y cárceles. La violencia sexual se realizaba a mujeres jóvenes, principalmente porque las mujeres militantes provenían de organizaciones obreras y campesinas, de un lado por ser sospechosas de realizar actividades subversivas, del otro, en el contexto de las ocupaciones de poblados que se realizaron.

Algunas mujeres abortaban a causa de las torturas, otras eran expulsadas de las filas por embarazos no deseados y existen pocos datos sobre la existencia de otro tipo de violencia sexual además de las violaciones. Con independencia de ésto, las mujeres no tuvieron acceso a la justicia para demandar a sus agresores, puesto que en su mayoría, los perpetradores eran miembros de la policía y del ejército. Las denuncias de vulneración de derechos se realizaban ante la corte suprema de Justicia, organismos de derechos humanos y asociaciones de familiares de personas presas y desaparecidas, si bien no existen registros sobre acompañamiento de situaciones de violencia sexual.

Una de las causas principales por las que las mujeres no denunciaban tenían que ver con la percepción social de deshonra, así como por los sentimientos de vergüenza asociados a las violaciones sufridas.

Muchas de las mujeres que fueron asesinadas tenían además mutiladas las mamas o sus genitales, incluso eran encontradas con palos en su vagina.

Actualmente, El Salvador es uno de los países más violentos de latinoamérica, su origen recae sobre su historia represiva. Durante décadas, las instituciones del Estado se concentraban en la represión del pueblo a través de la fuerza militar, policías y la Guardia Nacional. Una vez firmados los Acuerdos de Paz y que Centroamérica pasó a estar en el punto de mira de la Comunidad Internacional todas esas instituciones se modificaron y se abrió el país a la globalización imperante del momento. Dicha globalización, conjuntamente con la pobreza de la postguerra, la desigualdad, las armas y las deportaciones dieron cabida a la creación de las pandillas.

En la actualidad las pandillas están fuertemente organizadas controlando territorios y a sus habitantes, lo que se ha convertido en un conflicto latente entre estas y el estado. La fuerza militar y la policía mantienen una estrategia de seguridad muy focalizada en el control de los grupos pandilleriles.

La represión por parte de las pandillas es preocupante por la forma que adopta cuando se dirige a las mujeres. Existe un consentimiento al abuso sexual debido a la presión que ejercen  sobre la población femenina, en especial en las comunidades donde tienen presencia y dominio del territorio. La presión de las pandillas llevan a muchas mujeres a ser utilizadas como objetos sexuales, cometer actos ilícitos al introducir objetos prohibidos en los centros penitenciarios (usando como escondite sus vaginas), a ser la pareja de un pandillero en contra de su voluntad, a mantener relaciones sexuales con los miembros de la pandilla entre otras acciones.  

Las denuncias de la violencia sexual cometida por los pandilleros es insignificante según los datos recabados por las instituciones de estadística del país, de 5.301 mujeres que denunciaron sólo 237 tenían un victimario relacionado con pandillas. Este es un dato más que nos corrobora la presión y el miedo que estas ejercen sobre las mujeres. En estudios sobre relatos de mujeres se evidencia que hay un número mucho mayor del registrado, desde organizaciones como Futuro sin violencia dentro del grupo de trabajo “Paz y Seguridad”, estudios de  la organización Comisión para Mujeres Refugiadas o Fundación Mujeres en sus investigaciones han evidenciado una fuerte presencia de las pandillas en la violencia sexual.

A pesar que El Salvador cuenta con un marco legal amplio en materia de igualdad y equidad de género y de protección a las mujeres, el aparato estatal presenta limitantes en el acceso a la justicia, la atención especializada y la denuncia entre otras. Por una parte no existe homologación en la tipificación de feminicidios por las diferentes instituciones del estado como Medicina Legal, Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil que abordan el tema. En los procesos judiciales existen diversidad de condenas por un mismo hecho de violencia de género debido a los vacíos para regular la interpretación  dentro de los procesos judiciales. Las denuncias de abusos sexuales cometidos por grupos pandilleriles son mínimas por la escasa protección del estado a las víctimas.

En suma, nos encontramos en una situación donde la descoordinación de las instituciones, los procesos judiciales y la incapacidad de protección del estado a las mujeres que enfrentan violencia de género llevan a un gran número de casos de abusos sexuales y feminicidio sin condena. La impunidad frente a estos casos de violencia contra las mujeres lleva a una normalización de la violencia de género y una conducta legítima en la sociedad. 

Se ha consultado la siguiente bibliografía para la elaboración de esta información:

  • Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (2007). Monitereo sobre violencia sexual en conflicto armado. En Colombia, El SAlvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Mujer y situaciones de conflicto armado post conflicto en El Salvador. Noemy Anaya Rubio. pp 61-88. Lima, Perú. 

  • Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2015). Informe sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres.El Salvador

  • Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (2016). Informe sobre situación de violencia contra las mujeres. Impresos Continental. El Salvador. 

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