#28S Criminalización del aborto en países de América del Sur

Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se va a llevar a cabo con motivo del día 28 de septiembre, Día de Acción Global un aborto legal, seguro y accesible, en el marco del proyecto “Banco de Buenas Prácticas para la prevención de la Violencia de Género y Educar en Igualdad, hacia un voluntariado 2.0 por el Buen Trato”, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IRPF “OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL”


La lucha por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres es un tema central en los grupos activistas de los países del sur de América. Entre las razones principales se encuentran el alto índice de violaciones, dentro y fuera de la familia, de mujeres y niñas de todas las edades; la escasez de educación sexual e información sobre la salud sexual y anticonceptiva; y, por último, la criminalización del aborto.

En la mayoría de países del sur de América, el aborto es legal bajo una serie de restricciones. Por ejemplo, en México el aborto es legal siempre que el embarazo sea producto de una violación o se encuentre en peligro la vida de la madre. Por otro lado, en Ecuador el aborto es legal siempre que sea producto de una violación y la madre sufra algún tipo de discapacidad mental. Sin embargo, en la práctica real estos derechos son violados por las autoridades y los servicios de salud, llegando a encarcelar injustamente a cientos de mujeres que abortan bajo estas situaciones.

Actualmente, la criminalización del aborto es un problema grave debido a la frecuencia con la que ocurre, por un lado, y las circunstancias injustas en las que se da, por otro. En países como Ecuador, donde el tema del aborto legal se encuentra en el centro de atención política, se ha comenzado una caza de brujas con el fin de afianzar las políticas anti-abortistas. Cientos de mujeres que han sufrido complicaciones en el embarazo, o por algún motivo ajeno a ellas, sufren un aborto involuntario, son maltratadas en los servicios sanitarios, entregadas a las autoridades, y encarceladas por homicidio a pesar de ser inocentes. Por otro lado, en ciertas zonas de México, como Guanajuato, aunque el aborto es legal y gratuito en los casos de violación, las mujeres que buscan ayuda en los servicios de sanidad públicos son entregadas a las autoridades y sancionadas. Cuando estas mujeres abortan de forma clandestina siguiendo otros métodos (normalmente ingesta de pastillas) son llevadas a prisión por homicidio, a pesar de no haber cometido ningún delito (según estipula el código penal).

Un caso especialmente conocido es el de Teodora Vásquez, en El Salvador. En El Salvador, el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, exceptuando la decisión médica de salvar a la madre en caso de complicaciones en el parto. Cualquier mujer que decida abortar voluntariamente se enfrenta a una condena de entre 10 a 40 años en prisión. Sin embargo, esta ley se ha utilizado contra mujeres que tras tener complicaciones en el parto han sufrido un aborto involuntario. Este es el caso de Teodora, quien dio a luz tempranamente mientras se encontraba sola en el trabajo. Cuando los servicios de emergencias llegaron, Teodora había dado a luz y su hijo había perdido la vida. Ella fue acusada a 30 años de cárcel, a pesar de su insistencia y la de toda su familia en lo mucho que quería tener un hijo, y que lo que ocurrió fue un accidente.

El caso de Teodora no es el único en El Salvador. Junto a ella, el grupo de “Las 17 y +”, formado por 17 mujeres que han sufrido el mismo destino que Teodora, luchan por liberar a las más de 40 mujeres que se encuentran en prisión por la misma razón que ellas. En todos estos casos se ha violado el derecho de presunción de inocencia de las mujeres, se han utilizado pruebas inconcluyentes y peritajes desfasados, y se les ha concedido un apoyo legal inadecuado. En definitiva, el proceso judicial por el que han pasado ha sido rápido, lleno de lagunas legales y lejos de seguir el protocolo de actuación  adecuado para esas situaciones.

Grupos como “Las Libres” en México o “SURKUNA” en Ecuador siguen las mismas premisas que el grupo de las “17 y +”, y buscan ayudar legalmente y acompañar a mujeres que han sido violadas, mujeres que quieren abortar, mujeres que han abortado involuntariamente y mujeres que han sido encerradas injustamente con el fin de servir como ejemplo para el resto.

Independientemente de que las mujeres aborten de forma involuntaria, o aborten de forma ilegal, no se puede negar la violencia que sufren por parte de los servicios médicos, las autoridades y los juzgados. En algunos casos, las mujeres son humilladas, violentadas e incluso abusadas sexualmente por estos mismos servicios, haciendo que el proceso sea un infierno mayor que la cárcel. En otros, se utilizan pruebas falsas o inconcluyentes para acusarlas de aborto voluntario, a pesar de no poder demostrarlo, o se las obliga mediante el uso de violencia a firmar confesiones y tratos legales, a pesar de que con una defensa adecuada serían declaradas inocentes.

En definitiva, estos países se encuentran en deuda con las mujeres. Países dónde existen ciertas áreas asediadas por la pobreza, donde apenas se regula la educación sexual en los centros formativos, y donde apenas se penalizada la violencia sexual hacia las mujeres y niñas, son precisamente los países que colocan a las mujeres en una situación más vulnerable, y son los países que más necesitan este tipo de medidas que permitan proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Tal y como dice Geraldina Guerra “la legalización del aborto es una deuda que el Estado debe pagar”, pero mucho antes de llegar a ese punto, el Estado le debe la libertad a las mujeres que han sido encerradas injustamente por las agendas anti-abortistas y las autoridades patriarcales y misóginas.

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