Continuamos con las entrevistas a defensoras dentro de la campaña #stopviolenciamachista. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Alejandra Burgos, de El Salvador, que forma parte de la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
- Gracias por atendernos Alejandra y ofrecernos parte de tu tiempo, cuéntanos un poco de la lucha en defensa de los derechos de las mujeres que llevas adelante ¿Qué te impulsó a vincularte en la militancia?
A: Trabajo en la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, y desde aquí acompaño procesos de protección a defensoras de derechos humanos. Soy activista feminista, y defensora de derechos humanos, y en ese sentido comencé a vincularme como defensora de los derechos de las mujeres cuando empecé a participar en procesos de la Colectiva y de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que acompañan en distintos contextos y ámbitos, la lucha por la despenalización del aborto, la defensa de las mujeres que han sido criminalizadas a consecuencia de la penalización absoluta que tenemos en El Salvador, a consecuencia del sistema de justicia tan severo con las mujeres que tenemos, que es tan machista, que parte de los estereotipos de género. Creo que lo que me motivó a vincularme a esta lucha es precisamente mirar todas las injusticias a las que se enfrentan las mujeres, que sobre todo recae sobre mujeres que viven en condición de pobreza, sobre mujeres que tienen pocas garantías de sus derechos en cuanto a la educación, en cuanto a tener mejores condiciones de vida. Es justamente eso, esta sociedad tan machista, tan patriarcal, tan conservadora, tan fundamentalista, en la cual vivimos que tiene muchos resabios todavía de la guerra civil que se dieron en Mesoamérica entre los 80 y los 90. Creo que ha sido fundamental eso, me pasa por el cuerpo saberme mujer en estas latitudes y con estos condicionamientos sociales a los que tenemos que enfrentarnos todos los días. Saber que la penalización absoluta del aborto hasta el momento, ha generado una serie de consecuencias en la vida de las mujeres, que ha afectado a sus familias que ha afectado a su entorno, pero pensar que esta es una realidad que puede afectar a cualquier mujer que este en una etapa de edad fértil en nuestro país, porque la violencia es tan exacerbada que incluso en aquellos casos en los cuáles se demuestre que las mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales y que producto de ello han quedado embarazas, incluso en esos casos, si ocurriese una pérdida o una complicación obstétrica o cualquier tipo de aborto espontáneo también las mujeres enfrentan procesos carcelarios.
- Te conocí en una gira en torno a la campaña de “Libertad por las 17”, donde pedíais la liberación de mujeres encarceladas en El Salvador justamente por los motivos que acabas de referir. Recuerdo además el caso de Beatriz ¿Podrías contarme en qué situación están estas mujeres? ¿Qué avances se han conseguido?
A: Si, cuando presentamos el informe de Amnistía Internacional, específicamente se hizo en el marco de la lucha por la libertad de las 17. Las 17, que ahora hablamos de las 17 y más, se enmarcan dentro de las 147 mujeres que según la Agrupación Ciudadana han sido criminalizadas entre los años 2000 y 2014. En el caso de Beatriz, no fue criminalizada, pero fue un caso que se hizo público en el año 2013 porque estaba presentando un caso de salud extrema, con un cuadro de lupus eritematoso sistémico, que afectaba sobre todo a su sistema renal, y estaba embaraza de un productor encéfalo, que no poseía ni calopa celebrar ni corteza, ni desarrollo craneal. En ese sentido, lo que sucedió con Beatriz es que ella fue diagnosticada y el médico que la atendía, su médico perinatólogo, deteminó, alrededor de la semana 11 o de la semana 13 que era necesario interrumpir su embarazo para salvar su vida. En este marco, 15 especialistas del Hospital Nacional avalaron este diagnóstico, pero a pesar de ello, se sentían de manos atadas y no podían atenderle debido a la ley actual, que sigue vigente. Su caso fue uno digamos, que puso sobre la mesa el debate, también en el contexto de ley que se estaba debatiendo en España, y esto también posibilitó hacer el parangón entre los dos contextos. La situación de Beatriz es una situación que comparten muchas mujeres en El Salvador. Según el Ministerio de Salud, solamente durante el año 2015, al menos 405 embarazos ectópicos se dieron en mujeres salvadoreñas y esto también genera una serie de consecuencias sobre su salud y no lleva a buen término los procesos de gestación. Estamos lamentablemente lejos de que se genere un panorama social y un acuerdo político entre los legisladores. No ha habido un abordaje consensuado y serio de parte de la Asamblea Legislativa, que son al fin y al cabo quienes, según la Corte Superior de Justicia, tienen el deber de legislar y de promover una reforma en este sentido. No es hasta este año, en el año 2016, el día 11 de octubre que se conmemora el día internacional de las niñas, ese día una diputada, cobijada por la facción de su partido y de otras diputadas y diputados de su partido, presentaron una propuesta de cambio de ley que reconoce cuatro causales. Busca esta legislación, revertir, hacer una vuelta atrás con la ley que se tenía hasta el año 97, que es la que se cambia por presión recibida por parte de sectores fundamentalistas y grupos religiosos. Esta propuesta de ley ha sido respaldada por la sociedad civil, porque creemos que busca justamente intentar empezar a abordad la situación de riesgo hacia su salud y vida que enfrentan las mujeres, las niñas y las adolescentes en El Salvador. Un país en el cual hemos tenido al menos 1445 niñas entre 10 y 14 que resultaron embarazadas años solo en el año 2015, pues creemos que requiere de tomar medidas serias. Lamentamos también que un mes antes de esta propuesta, como en septiembre, hubo una propuesta de parte de un diputado de Arena, de la derecha, que buscaba penalizar aún más el aborto. Es decir, en este momento, el aborto está penalizado y se contemplan penas carcelarias de 2 a 8 años según el Código Penal. Pero, como en la Constitución tenemos que la vida empieza desde el momento de la concepción, se cambia la tipificación del delito y de aborto se pasa a homicidio por lo cual las mujeres están enfrentando penas que oscilan entre 30 y 40 años. Lo que este diputado pretende, con esta propuesta de Ley que hizo previa a la propuesta que busca despenalizar, es hacer una armonía entre la Constitución y el Código Penal y elevar la pena que hasta hoy tiene de 2 a 8 años el aborto, hasta 30 y 50 años, es decir, homicidio agravado en perjuicio de grado de parentesco. Digamos que ante ese escenario estamos, un escenario en el cual, tanto el debate está polarizado en la Asamblea Legislativa o en el que vemos con buenos ojos que por primera vez en la historia, después de 19 años, haya una propuesta de despenalizar, una propuesta que busca iniciar el debate con miras de atender las consecuencias que esta penalización absoluta genera en la vida de las mujeres. Pero si queremos denunciar que lamentablemente siguen existiendo propuestas que buscan seguir criminalizando a las mujeres, prácticamente es continuar criminalizando la pobreza, es continuar criminalizando las complicaciones de salud de las mujeres, es el mismo estado que no garantiza que los embarazadas lleguen a buen término, es a través de un diputado de la derecha que está proponiendo una criminalización aún mayor. Nos preocupa que ese sea el posicionamiento todavía de sectores de derecha. Hemos visto como en países como Chile, en países como Uruguay, incluso en países como República Dominicana, se empiezan a ver cambios porque hay posibilidad de diálogo entre los distintos partidos políticos, es decir, no hay posición cerrada debido a la ideología, sino que hay un abordaje de una situación de salud pública y de violencia social que se aborda desde una perspectiva conjunta. Creemos que lamentablemente no estamos teniendo esas posiciones en El Salvador. Yo creo que no todas la gente de la fracción de la gente de derecha piensa como este diputado, pero si lamentablemente este hombre recibió mucho apoyo con esa propuesta que presentó. No busca en ese sentido contribuir a salvar la vida de las mujeres, ni abordar este problema con toda la seriedad y la rigurosidad científica, ni el abordaje de derechos humanos que merece.
- ¿Cuál es la situación actual de la violencia contra las mujeres en tu país? ¿Qué situaciones se están visibilizando más en torno a la violencia?
A: Nos preocupan muchas cosas. Generalmente se escucha hablar de El Salvador, y de lo que se habla es de la situación de violencia social; se habla de la situación de las pandillas, de la situación de “las maras” en El Salvador, y efectivamente ese es un problema grave. Pero no se habla de las consecuencias que tiene esta violencia social en la vida de las mujeres, porque sobre todo quienes se enfrentan a ese tipo de violencia, son las mujeres, de una manera directa o indirecta. Muchas veces aquí incluso se habla del muertómetro, porque por esta pugna que suele haber entre las distintas asociaciones de la política salvadoreña, suele haber un señalamiento a la incapacidad del gobierno, del presidente Sánchez, de luchar contra las pandillas. Los señalamientos están vinculados a que sigue habiendo un alto índice de asesinados diariamente, y muchas veces se dice que quienes son asesinados diariamente son hombres, hombres jóvenes sobre todo, y que quienes enfrentan la criminalización de la pobreza por vivir en zonas de vulnerabilidad son sobre todo los muchachos, las personas jóvenes. Pero no se ve que quienes van a los juzgados a acompañar a sus hijos, independientemente de si están enfrentando o no un juicio o un proceso de criminalización por un delito que han cometido, son las mujeres. Quienes tienen que vivir el luto en sus familias independientemente de si son civiles o están vinculados a las pandillas, o si forman parte de los cuerpos militares o policiales, son las mujeres. Tampoco se toma en cuenta que, en las zonas de mayor vulnerabilidad, en las que suele decirse que hay un alto riesgo y un alto control por parte de las pandillas, quienes tienen que enfrentarse a esta realidad, son las mujeres. Quienes enfrentan distintas manifestaciones de esta violencia social son las mujeres, que tienen que vivir muchas veces violencia sexual, y en otros casos, enfrentan incluso lo que se conoce también como un trabajo forzado, trabajos de cuidados forzados en algunas personas determinadas precisamente por este tipo de violencia social. Ormusa, organización de mujeres por la paz, ha sacado una investigación sobre las consecuencias en la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes de esta violencia social que estamos comentando, y que efectivamente demuestra que el mayor porcentaje de esta violencia que suele ser invisibilizado, quienes la tienen que vivir y enfrentar son las mujeres y las niñas en El Salvador. Entonces imagínate, con una serie de violencia sexual exacerbada en contextos de violencia social, de la cual pareciera que es el único problema que les interesa a los gobiernos, quienes tienen que enfrentarse a las peores consecuencias y quienes no reciben medidas adecuadas para poder acompañar y enfrentarse a esa situación son las mujeres y las niñas.
- Últimamente en Centro América se están dando muchos casos de agresiones y criminalización a las defensoras de derechos humanos. ¿Qué obstáculos te encuentras a la hora de defender los derechos humanos en tu país?
A: Si, una de las preocupaciones que tenemos es la violencia, muchas veces estatal, y también la violencia social que tenemos que enfrentar las mujeres defensoras de derechos humanos. En los últimos años hemos visto como compañeras defensoras de derechos ambientales se han enfrentado a una serie de procesos de criminalización y de amenazas de parte de empresas, y vemos como los jueces y el sistema de justicia se sigue prestando a llevar todos estos proceso, cuando es evidente que las mujeres defensoras de derechos humanos, independientemente de si están defendiendo derechos laborales, o de si están defendiendo derechos ambientales, están haciendo un uso, y ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, o están ejerciendo su derecho a defender sus derechos, y consecuencia de ello están enfrentando toda una serie de campañas de desprestigio, hostigamiento psicológico, amenazas, y como decía, procesos de criminalización. Sonia Sánchez, por ejemplo, una defensora ambientalista de Santo Tomás, desde hace 2 años, se está enfrentando a Empresa Robles debido a las acusaciones que esta empresa ha vertido en su contra acusándola de difamación y de injurias por haber dado declaraciones a los medios de comunicación en los cuáles ella hacía ver el daño ambiental que estaba generando en su territorio, la construcción de una zona residencial, que hace casi 17 años fue declarada una zona de recarga hídrica. Las consecuencias de la construcción ha conllevado a que los ríos y las pozas de la zona se sequen, y estas vertían aguas en los cultivos de hortalizas de las comunidades aledañas a esta zona. En un contexto de violencia exacerbada, también preocupa mucho a las defensoras y defensoras, porque no sólo es enfrentarse al juicio a las empresas, sino también enfrentarse a las medidas represivas, violentas, que intentan amedrentarle de parte de estas empresas pero a través de otros grupos fácticos que puedan estar en la zona también. Y claro, en este contexto de violencia es fácil decir que cualquier situación que te pase es consecuencia de delincuencia común, pero mucho de ello es consecuencia de la labor de defensoría que tanto defensoras como defensores de derechos humanos realizan en esta región. Hemos visto casos en Honduras, estamos viendo casos en Guatemala, en Nicaragua, y pues no nos extrañaría que también sean situaciones que estén sucediendo en El Salvador. Ha habido casos de personas que se han enfrentado incluso a gobiernos locales y que han generado una serie de acciones violentas contra quienes defienden el derecho humano al agua por ejemplo. Estas son varias de las preocupaciones que tenemos.
También tenemos preocupación en lo referente a los crímenes de odio contra la población LGTBI que siguen sucediendo diariamente. A estas alturas del año se podrán contabilizar al menos entre 50 y 60 casos de crímenes de odio que se han cometido contra personas LGTBI y todavía no tenemos una ley de identidad por ejemplo. Hemos tenido casos de compañeras que nos han comentado, que cuando han ido a negociar a la Asamblea Legislativa, a hacer labor de incidencia para que diputadas y diputados apoyen su propuesta de Ley de Identidad y expresión de género, incluso les han dicho: “pero si ustedes andan apoyando a las mujeres feministas que están a favor del aborto, olvídense de esta ley”. Es decir, vemos como, incluso estas relaciones y articulaciones incipientes entre defensoras de derechos sexuales y reproductivos y entre defensoras de derechos más emergentes con derechos más tradicionales, se ve amenazado por los prejuicios de algunos sectores políticos y de las ideologías que permean y que muchas veces orientan la labor que tienen estos funcionarios públicos.
- En El Salvador tenéis una Ley Especial Integral para la Vida Libre de las Mujeres (LEIV), ¿Qué elementos consideras que son mejorables de la misma? ¿Ha tenido avances desde su publicación?
A: Estas leyes son el resultado de la lucha y el esfuerzo que por décadas traía el movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Son dos grandes medidas que se toman en El Salvador y que de una u otra manera son esos primeros abordajes oficiales que se hacen de parte del Estado Salvadoreño. Se ha invertido mucho, las organizaciones feministas y de mujeres de El Salvador de derechos humanos hemos invertido mucho, y seguimos invirtiendo, en capacitar a los distintos operadores de justicia, de las diferentes instancias que tienen un deber de aplicación de esta ley para que se aplique. Ha aumentado las denuncias, y quizás lleve a pensar que hay más violencia, pero en realidad ha habido una elevación de denuncias precisamente porque existen más mujeres que conocen esta ley. Pero, creo que el verdadero nudo de esta aplicación está en los jueces, en los aplicadores de estas leyes, porque muchas veces, habiendo casos en los que efectivamente deben de aplicar la LEIV, siguen aplicando los códigos de familia que sí permiten conciliar. Por eso es sumamente necesario que se empiece a abordar la laicidad del estado como un mecanismo integrador de la justicia y del abordaje de los derechos humanos que debería de hacerse. Porque muchos de estos jueces están haciendo aplicaciones incorrectas de la LEIV, porque como es una ley especial, pasan de largo de ella, y siguen aplicando los Códigos de Familia que sí permiten conciliar. Entonces, sigue habiendo estereotipos de género, y mecanismos machistas y patriarcales que de manera sistemática no están permitiendo a las mujeres salir de la condición de violencia en la cual están viviendo. Ha habido casos en los que jueces han dejado libres a los agresores y lo que era un intento de feminicidio, se ha convertido en un feminicidio realmente. Hace falta todavía compromiso y que los jueces y juezas se apropien de estas leyes como una actualización de la aplicabilidad de la Ley. Otra de las cosas que tenemos y que pronto se van a inaugurar en enero, son los juzgados especializados de violencia contra las mujeres, y esto va a permitir que se tenga una mayor aplicabilidad, y es también lucha de distintas organizaciones y personas que han estado apostándole a la aplicación de estas leyes. Vamos avanzando, pero es sumamente importante que en cada una de estas medidas y mecanismos que se tomen se puedan hacer desde el Estado y las distintas instituciones, pero coordinando con las organizaciones sociales y de mujeres que tenemos presencias territoriales; por lo que articular los esfuerzos entre sociedad civil e instituciones públicas, va a ser lo que va a permitir que estas leyes no se queden en letra muerta y que se conviertan en mecanismos y herramientas que nos permitan hacer un abordaje de las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres de manera particular.
- ¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis actualmente?
A: Nos hace falta en El Salvador apostarle muchísimo más a la educación, en un sentido integral, que incluya una perspectiva de derechos humanos y de género en todos los niveles. Creo que ahí es donde debería de estar una de las mayores apuestas, una mayor inversión en educación, en salud, garantizando estos derechos.
Uno de los mayores retos que tenemos como sociedad, y como sociedad civil las distintas organizaciones, es poder articular más los esfuerzos que realizamos. Creo que se realiza mucha labor de denuncia, mucha labor de incidencia, en las localidades… pero, hace falta seguir articulando este esfuerzo y también poder articular recursos y propuestas, y sobre todo generar mecanismos que permitan que el abordaje de la violencia social al cual nos estamos enfrentando cuente con propuestas más creativas. Una propuesta y una alternativa desde el arte por ejemplo, que genere mecanismos de búsqueda de abordaje de la violencia que enfrentamos las mujeres. Unas propuestas que no sea a través de medios represivos, que no sea a través de una generación de fuerza y de muestra de la masculinidad hegemónica a través de las armas, que vendría a beneficiar a las mujeres, que somos quienes, como decíamos antes, tenemos que enfrentar las mayores consecuencias de esta violencia social, porque de nada sirve que se envíen más pelotones armados a las zonas de riesgo. Eso no genera más condiciones de seguridad a las mujeres, sino todo lo contrario. Hemos visto como esta pasando en México, como ha pasado en Honduras, en Guatemala y como está pasando en El Salvador. Un abordaje serio, tendría que intentar vincular el arte, la educación, la salud, desde una perspectiva de derechos humanos y de género, y dejar el enfoque represivo del uso de las armas como la única salida y como la única propuesta que los estados tienen para abordar la violencia social.
Creo que hay que empezar a abordar que la violencia social que vivimos en El Salvador, todo lo que tiene que ver con pandillas, todo lo que tiene que ver con migración forzada, también tiene que ver con que aquí se inició un proceso de pacificación y un proceso de dejar las armas sin que haya habido un trabajo consensuado y de preparar las condiciones como si está sucediendo por ejemplo en Colombia, que están teniendo todo ese tiempo en pensar cuales va a ser los mecanismos, las formas. Lo que sucedió en este país es que únicamente hubo un cesar las armas y cesar la guerra, pero no hubo maneras adecuadas para reconciliar realmente, para buscar la justicia, para buscar la verdad. Esto ha generado toda una serie de sinsabores y ha generado una serie de condiciones inadecuadas para la construcción de los proyectos de vida de las comunidades. Esta es la situación ante la que nos encontramos, y obviamente si somos el 53% de la población, somos las mujeres las que mayoritariamente nos enfrentamos a los malos abordajes que se han hecho de las realidades complejas, desde propuestas muy simplistas. Si a esto también le agregamos que, o pensamos sobre ¿quiénes son las que siempre tienen que asumir por ejemplo las consecuencias de la migración forzada? ¡Son las mujeres quienes tienen que asumirla! Si pensamos en quienes tienen que vivir las consecuencias de la violencia sexual, generalmente son las mujeres.
Entonces, en un contexto tan fundamentalista, tan conservador, tenemos que empezar a pensar en la laicidad del estado también, y que se puedan tomar medidas para garantizar que la libertad de pensamiento y de creencia es fundamental para construir políticas públicas encaminadas al abordaje de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva más amplia y no solamente desde unas perspectivas evangélico-biblista que muchas veces se tiene de la violencia. Necesitamos abordajes que tengan un sentido más integrador de lo que es la realidad y podamos tener medidas complejas para problemáticas complejas que también estamos abordando.
- ¿Quieres añadir algo más?
A: Agradecer el espacio, defender derechos humanos, y ser defensora de derechos humanos en la región mesoamericana como en otras regiones del mundo, no es fácil. No es fácil enfrentarte a los estereotipos de género, a los fundamentalismos religiosos… pero si algo nso permite seguir haciéndolo y mantener la esperanza de que lo que venimos haciendo tiene algún fruto es precisamente toda la articulación que podemos hacer con otras compañeras y compañeros de distintos lugares. Contar con personas comprometidas con los derechos humanos como vos, y como otra gente, que desde donde están pone su granito de azúcar a esta lucha, nos da esperanza de poder continuar, saber que lo que hacemos no es aislada, sino parte de un gran todo que se va conectado como una especie de telaraña para ir uniendo esfuerzos y contribuyendo a que este mundo sea un poquito menos injusto, menos desigual.