El desamparo de los huérfanos por violencia machista: “A mis sobrinos el Estado les ha olvidado”

Por Marta Borraz

Publicado originalmente en Eldiario.es el 28 de marzo de 2017.

Son las víctimas ocultas de la violencia machista. No suelen ser nombradas en los discursos políticos y pocas veces aparecen en las leyes o en los titulares de prensa. Son protagonistas del silencio que, muchas veces, condujo la historia de sus propias madres y se enfrentan a un sistema para el que todo termina con el asesinato. De hecho, los fallos de ese sistema complican la aplicación de la ley que les reconoce como víctimas directas de la violencia machista.

Desde 2013, año en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad empezó a contabilizarles, 168 menores se han quedado huérfanos por violencia de género –ocho en lo que va de año–. Más de tres años después, el Estado no ha diseñado protocolos específicos, no hace seguimiento de los casos, obvia la puesta en marcha de ayudas para su recuperación y no garantiza el acceso a determinadas prestaciones que sí les corresponden.

“No es que el Estado quiera perjudicarles, es que ni siquiera los contempla. Es algo que no tiene ni reconocido”, analiza Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. Esta organización gestiona desde hace un año el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla para niñas y niños huérfanos por violencia de género y a principios de marzo organizó unas jornadas en el Congreso para denunciar su invisibilidad.

Un día después, la ministra Dolors Montserrat se comprometió en el pleno del Senado a garantizar que todos los huérfanos cobren la pensión de orfandad sin excepción, pero al día siguiente, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el PP tumbó en la misma Cámara la propuesta de Unidos Podemos para universalizar estas prestaciones. El PSOE mantiene registrada una proposición de ley con el mismo fin y, previsiblemente, será algo que incluya el futuro pacto de Estado  que ya se está gestando en el Congreso.

Muchos de estos menores no han recibido pensiones de orfandad porque, para ello, su madre debía haber cotizado al menos 15 años o estar apuntada como demandante de empleo. Estos eran los requisitos hasta la reforma de la Ley de la Infancia en agosto de 2015, pero no fueron eliminados con efecto retroactivo.

Por eso los sobrinos de Josean Picazo, de 15 y ocho años, no cobran pensión de orfandad a pesar de que su madre fue asesinada por su padre en 2013. Ambos viven con su abuela materna, la madre de Picazo, en un municipio de Cuenca, quien tiene la guarda y custodia de los menores desde que su hija fue asesinada. “Estos requisitos son incongruentes porque muchos agresores ejercen contra las mujeres violencia económica, les impiden trabajar o les chantajean”, asegura.

Abuela materna, el perfil de cuidadora

Picazo lleva desde entonces denunciando el desamparo al que se enfrentan los niños en su situación, que cargan con el peso de haber vivido violencia en el hogar hasta acabar perdiendo una figura de referencia, su madre, a manos de su padre, que también desaparece al entrar en prisión. “A mis sobrinos el Estado les ha olvidado. Ni las fuerzas políticas ni el Gobierno los tienen en la memoria. Somos las propias víctimas las que tenemos que buscar recursos, bregar con las instituciones y responsabilizarnos de todo”.

El asesino de su hermana fue condenado a 12 años de cárcel en una sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Cuenca dos años y medio después. La dilatación de los procesos es otro de los puntos negros del sistema porque “va contra de la estabilidad emocional de los menores”, apunta Soleto, que insiste en que “los procedimientos para decidir la custodia deben ser rápidos”. No siempre esto se resuelve con celeridad, de manera que hay familias que deben seguir tramitándolo incluso tras la condena del padre.

A esta situación se unen, en muchas ocasiones, las dificultades económicas de las personas que comienzan a cuidar a los menores. La Fundación Mujeres ha identificado que es frecuente que sean las abuelas maternas las que se hacen cargo de ellos, que “se enfrentan a situaciones de insuficiencia de recursos”, pero “el Gobierno no ha diseñado ningún plan de ayudas específicas a familias como esta”, añade Picazo.

El único ingreso que percibe su madre jubilada para cuidar a sus nietos es de 72 euros al trimestre cada uno en forma de “prestación familiar por hijo a cargo” y el Ayuntamiento del municipio en el que residen les da becas para cubrir el importe de los libros de texto. “72 euros al trimestre es un ingreso ridículo para hacerse cargo de dos niños, su educación y sus necesidades. Parece que se ríen de nosotros”, explica Picazo.

La estrategia del olvido

Además, muchas de estas familias tienen problemas para deducirse de la declaración de la renta la desgravación fiscal prevista para el cuidado de hijos o hijas por “una interpretación restrictiva” de la norma, asegura Soleto.

Para la experta, estos obstáculos son una muestra de que “son personas olvidadas. Incluso las propias familias utilizan la estrategia del olvido como técnica de recuperación. Es el consuelo que queda cuando nadie te hace caso. Las instituciones deben conocer su realidad, hacer un seguimiento y poner en marcha medidas específicas para recuperar el daño como deben hacerlo”.

En este tránsito de recuperación, la atención psicológica juega un papel clave. Los sobrinos de Picazo llevan desde el asesinato de su madre acudiendo a terapia, que no en todas las comunidades es especializada. “En algunas se hace en los servicios generales, pero los menores que han experimentado estas situaciones tienen necesidades específicas”, analiza Pablo Nieva, psicólogo  coordinador del programa de atención a menores víctimas de violencia machista en Castilla-La Mancha.

Nieva identifica la negación en el entorno de lo que ha ocurrido y “la falta de reconocimiento de esas experiencias tan brutales” como uno de los obstáculos que impiden la recuperación psicológica. “En muchos ámbitos hay una legitimación que llega a los oídos de los menores. Comentarios que ponen en entredicho a la mujer asesinada, que la cuestionan a través del clásico ‘algo habrá hecho’. Ahora mismo, por ejemplo, llevamos dos años trabajando con un menor sobre la figura de su madre, sobre lo que realmente hizo, lo que se decía en el pueblo y lo que es verdad y no”, concluye el experto.

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