El Parlamento Andaluz aprueba por unanimidad un Acuerdo social. político e institucional contra la violencia de género.

El Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE-A por la que la Cámara insta a la Junta a que demande al Gobierno central el impulso de  un acuerdo social, político e institucional contra la violencia de género de ámbito nacional para construir una sociedad segura y libre para las mujeres con los recursos suficientes en los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

El texto del acuerdo alcanzado es el siguiente:

“ACUERDO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia de género es la manifestación extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. La magnitud deeste fenómeno cuestiona día a día los derechos fundamentales de muchas mujeres -derecho a la vida, a su integridad física y psíquica, a su salud, a su dignidad y libertad-, que constituyen valores inviolables de la persona y por tanto, supone un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.

En el Estado Español, a partir de la Conferencia de Pekín celebrada en 1995 comenzó a forjarse la idea generalizada de la violencia como causa estructural que impide la igualdad real de las mujeres. Pero donde más acento se puso fue en la llamada “violencia doméstica” y fue en torno a ella y después de la convulsión que supuso el asesinado de Ana Orantes, cuando comenzaron a sumarse voluntades.

Recientemente entró en vigor en el Estado Español, el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica más conocido como “Convenio de Estambul”. Este Convenio marca un hito muy importante al definirse como el primer tratado europeo contra la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia sexual, física, psicológica y económica, la mutilación genital y el acoso, y establecer estándares mínimos de prevención, protección, persecución penal y servicios.

El pasado 28 de diciembre se cumplían diez años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La popularmente conocida como “Ley Integral” ha supuesto un revulsivo respecto a la violencia de género en el ámbito de la pareja y/o expareja, y se ha consolidado como modelo internacional.

La Ley Integral, impulsada por el Gobierno Socialista, supuso su apuesta inequívoca por la lucha contra la violencia de género, la defensa decidida de la ciudadanía en las situaciones de máxima vulnerabilidad y dio un tratamiento integral y sistemático a la lucha contra la violencia de género, con tres objetivos claros: prevenir la violencia de género, y apoyar y proteger a las víctimas y a sus hijos e hijas menores. Perseguir a los agresores y sensibilizar a la sociedad española de la necesidad de combatir la violencia de género, dejando atrás siglos de opresión y de silencio cómplice.

Bajo estas premisas, tras diez años de la aprobación de la “Ley Integral” y tras siete años de aprobación y desarrollo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, el Parlamento Andaluz decidió iniciar un proceso amplio y participativo de reflexión y estudio.

Así, el día 3 de junio de 2013, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una solicitud de creación de un Grupo de Trabajo para analizar la situación y medidas para la promoción de la igualdad de género y contra la violencia de género en Andalucía. Dicha solicitud fue debatida por el Pleno del Parlamento de Andalucía en su sesión celebrada los días 12 y 13 de junio de 2013. En concreto, el día 13 de junio el Pleno del Parlamento de Andalucía aprueba por unanimidad la creación del Grupo de Trabajo relativo al análisis y revisión de la situación y medidas para la promoción de la igualdad de género y contra la violencia de género en Andalucía.

Tras año y medio de trabajo, el 10 de diciembre de 2014 se produce el Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en relación con el Informe del Grupo de Trabajo relativo al análisis y revisión de la situación y medidas para la promoción de la igualdad de género y contra la violencia de género en Andalucía, alcanzándose un acuerdo unánime de los tres grupos con representación en la cámara. De los 85 puntos aprobados por unanimidad, ya se establecía la necesidad de “Apoyar y demandar un Pacto Estatal Social y Político contra la Violencia de género” y “Demandar una valoración y evaluación de la Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

Los datos sobre la violencia de género, siguen siendo alarmantes, a fecha 28 de agosto últimos datos oficiales facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las víctimas mortales eran 26 mujeres, siete de ellas andaluzas, cifra que podría verse incrementada con los casos en investigación que ascienden a 8, uno de ellos en Andalucía. A este estremecedor dato se suman los 24 casos de niños y niñas huérfanos de la violencia de género. Pero no podemos desconocer que el fenómeno de la violencia de género es aún mayor, con casos de niños y niñas asesinados por sus progenitores o los casos de familiares y amigos/as cercanos a la víctima que han sido víctimas directas, como forma de extrema crueldad para provocar daño y sufrimiento a la pareja o expareja.

Ante esta alarmante situación y las nuevas realidades con las que nos encontramos, es urgente revisar todos los eslabones de la cadena, para detectar las áreas de mejora y tomar todas las medidas necesarias para ampliar la detección, prevención y atención, en su caso. Además de mantener e incrementar el impulso para la sensibilización de la población, su implicación real y el compromiso directo que debe estar liderado por un mensaje nítido y persistente, a fin de promover un acuerdo contra el machismo en todas sus manifestaciones. Incorporando la realización de programas de formación en violencia de género para todo el personal relevante de todas las instituciones implicadas, incluido el poder judicial.

Hay que continuar enviando un claro mensaje a la sociedad, a la ciudadanía, de batalla imparable hasta la erradicación de un fenómeno violento que pone de manifiesto situaciones de desigualdad intolerables en una sociedad en libertad; mensajes que también se dirigen a las mujeres víctimas de este delito para que no se sientan solas, puedan romper el silencio y conozcan mensajes y experiencias positivas de superación y supervivencia.
Todos estos motivos exigen nuevamente que los grupos parlamentarios, de la mano de los interlocutores sociales, de las organizaciones de mujeres, de todas las administraciones, y toda la sociedad, nos unamos nuevamente para avanzar en la superación de un fenómeno violento, cada vez más complejo y más virulento, que nos interpela como país democrático al amenazar los pilares fundamentales de nuestra convivencia.
Todas estas razones ponen en evidencia que es urgente y necesario redoblar esfuerzos contra la violencia de género, volver a colocarla como prioridad política a nivel nacional y exigir que se restituya el sistema de protección para las mujeres víctimas y todos los recursos, medidas y presupuesto que se han ido desmantelando en los últimos años con la excusa de la crisis.

Es vital una adecuada aplicación de la Ley con compromisos consensuados y estables, en materias como detección, prevención, protección, con la imprescindible especialización, garantizando con todo ello un sistema eficaz y eficiente de lucha contra la violencia de género y dotado con la financiación suficiente.

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 contempla en el programa 232C “Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género” una dotación de 25.228.180 euros. Y si bien sube un 6,32% respecto a 2015 no es menos cierto que el último presupuesto del gobierno socialista ascendía a 32,4 millones de euros, por lo que la bajada de los últimos cinco presupuesto (incluido 2.016) ha sido sustancial.

De ellos sólo destinará 6 millones para convenios con Comunidades Autónomas (excepto Navarra y País Vasco), para financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el territorio del Estado que establece el art. 19 de la Ley 1/2004.

A esta debilidad presupuestaria se añade la insuficiencia de los 1,7 millones para las Ayudas del artículo 27 de la Ley O. 1/2004 de violencia (subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses, en pago único), gestionadas por las CCAA, se desprende que sólo 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) la percibieron en 2014.

De este proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2.016 se desprende que sigue sin haber voluntad política ni recursos para la aplicación de la Ley Integral de 2004, ni para la puesta en marcha de los compromisos suscritos en el “Convenio de Estambul”, ni para la recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que, a su vez, inste al Gobierno de la nación a:

  1. Impulsar un Acuerdo Social, Político e Institucional contra la Violencia de Género de ámbito nacional para construir una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres.
  2. Profundizar en la coordinación e implicación de las tres administraciones: estatal, autonómica y local, tanto en materia de igualdad como contra la violencia de género. Incluyendo medidas transversales en los diferentes ámbitos implicados, desde la detección, prevención en todas las edades, sensibilización social, atención a las víctimas y sus hijos e hijas, y por último recuperación de su bienestar y proyecto vital.
  3. Dotar con la máxima prioridad, los programas y partidas presupuestarias para el ejercicio 2016, que soportan las políticas de todas las administraciones públicas en pro de la lucha contra la violencia de género.

Sevilla, de septiembre de 2015

Más información sobre esta noticia en los Medios de Comunicación:

 

Si te interesa este contenido, ¡compártelo!