Informe 2019 de L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius

Por Conchi Hernández Cabrero Equipo de voluntariado del Observatorio de Violencia


El pasado mes de diciembre se presentó el Informe 2019 L’Observatori de Drets Sexuals i Reproductius. L’Observatori está impulsado por L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius con el objetivo de ofrecer un espacio de denuncia sobre la vulneración de los de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la población catalana. El Observatorio publica informes en los que analiza los casos de denuncia recibidos en los que se vulneran dichos derechos con el fin de incidir en las políticas públicas y poder garantizarlos. Durante el año 2019 se han recogido 100 denuncias, en todas ellas se refleja la «violencia institucional» ejercida sobre las mujeres.

Las vulneraciones de los Derechos Sexuales y Reproductivos que quedan reflejadas en el informe son:

  1. Vulneración del derecho al aborto. A pesar de que el derecho al aborto está garantizado por la ley, en este informe se ponen de manifiesto cinco casos que ejemplifican las barreras de acceso al aborto que aún existen: falta de información y objeción de conciencia de los médicos para realizar esta práctica, desigualdades territoriales en el acceso al aborto, aborto más allá de las 22 semanas de gestación por denegación de la primera solicitud a pesar de estar demostrada una malformación del feto, menores de 16 años que no pueden abortar sin el consentimiento de sus progenitores y un intento de cobrar un aborto farmacológico a una mujer sin tarjeta sanitaria.
  2. Vulneración del derecho a la educación sexual. La coordinadora de Comissions de Gènere, Feminismes i Coeducació de les Escoles Públiques de Gràcia denuncia que, en un libro de texto de sexto de primaria, se pueden leer definiciones machistas, heteronormativas y coitocéntricas de las palabras útero y vagina.
  3. Dificultades de acceso a la anticoncepción de urgencia. Una menor de edad con 16 años se queda embarazada y sin posibilidad de ejercer su derecho al aborto porque, al ir a la farmacia a por una pastilla anticonceptiva de urgencia, le proporcionan información errónea y le deniegan la pastilla.
  4. Dificultades de acceso a la reproducción asistida a mujeres del colectivo LGTBI+. Se pone de manifiesto el caso de una pareja de mujeres que inicia el proceso de RHA (Reproducción Humana Asistida), quienes demandan que en su caso no se siguen los protocolos previstos y que, además, reciben una atención inadecuada y poco respetuosa.
  5. Amenazas fundamentalistas a los derechos sexuales y reproductivos. Se denuncia la financiación pública de varias entidades y grupos fundamentalistas que atacan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esta denuncia se refiere específicamente a «un servicio público que intenta evitar que las mujeres aborten por un criterio exclusivamente religioso«.
  6. Violencias sexuales. Se pone de ejemplo el caso de una menor que con 16 años acude a por un anticonceptivo de urgencia ya que ha sido víctima de una agresión sexual. Cuando le informan de que debe ir a un centro especializado en violencias sexuales esta se niega ya que sabe que en el centro avisarán a su familia de lo ocurrido. Finalmente la chica se ve obligada a abortar clandestinamente. Estos protocolos pueden llegar vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la salud generando situaciones de violencia institucional.
  7. Violencia obstétrica. Una mujer sufre maltrato verbal durante el parto y, además, durante el proceso se utilizan diversos procedimientos de fuerza cuestionados como, por ejemplo, la maniobra de Kristeller o la episiotomía. En este caso se vulnera el derecho a la integridad corporal, el derecho a la salud y el derecho a la información.

En el informe se realiza también una encuesta a través de la que se llega a conclusiones como que el 60% de personas encuestadas no conocen los derechos sexuales y reproductivos. Hasta un 71% de las encuestadas afirma haberse sentido menospreciada durante el embarazo o el parto. 

El 40% reconoce tener poca información sobre el aborto y un 38% de las mujeres se han sentido juzgadas al pedir una pastilla anticonceptiva.

Este informe pone de manifiesto que, pese a tener una regulación formal que recoge los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la práctica estos derechos no se ven garantizados en nuestra sociedad. Por ello, desde las diversas organizaciones feministas y desde la sociedad civil es necesario que sigamos trabajando en este sentido, con el objetivo de erradicar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

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