Hace 15 años, Ángela perdió a su hija Andrea de 7 años, tras ser asesinada por su padre maltratador. Ángela había solicitado como tantas otras mujeres que dejara de tener visitas con el padre por encontrarse en peligro la integridad de la niña, la judicatura entendió que las visitas debían de mantenerse por el bien superior del menor a tener contacto con su padre, entendiendo además, que puede ser un padre adecuado una persona que ha maltratado durante años a su expareja.
En este caso como en muchos otros la justicia falló a Andrea y a Ángela desprotegiendolas. En 2014 el Comité CEDAW emitió un Dictamen condenando a España por no haberlas protegido. Y ahora en 2018 el Tribunal Supremo emite una sentencia histórica condenando al Estado español a pagar una indemnización de 600.000€ a Ángela González.
Según la abogada de Women’s Link Worldwide Gema Fernández “Esta sentencia supone un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos. Es una sentencia histórica para Ángela porque por primera vez un tribunal español le da la razón. Pero no solo eso, sino que tiene un impacto muy positivo en nuestra democracia al volver a recordar que el Estado tiene obligación de cumplir con los estándares internacionales y garantizar que se respeten los derechos humanos”.
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