La otra cara de la despenalización del aborto en América Latina

OjoPúblico, espacio peruano de periodismo investigativo con formatos y narrativas digitales innovadoras, deja al descubierto un tema muy sensible: “la criminalización del aborto”. En países como Colombia, México, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador el aborto es legal si la salud de la madre está en peligro, si el embarazo es resultado de una violación o si el feto presenta severas malformaciones que hagan inviable su vida. En Perú no se tipifica igual, allí las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violación son obligadas a continuar con sus embarazos. Estas desigualdades e injusticias, a pesar de la despenalización del aborto, generan un clima de sufrimiento para las mujeres. Los reportajes revelan que solo entre el 2015 y el 2018, en estos países, más de 4.600 mujeres fueron procesadas por abortar.

Esto está ocurriendo y es una realidad en la que se debe trabajar mucho más; pero más allá de la publicidad que se le da mientras dura una campaña activista, lo cierto es que este tema pasa rápidamente a ser nuevamente inadvertido, y se ha instalado en la sociedad de una manera solapada e hipócrita, con graves consecuencias para las mujeres de América Latina. Por ello es positivo que exista un medio periodístico como OjoPúblico,  que le pone caras y nombres propios, mostrando casos reales que son llevados a la pantalla chica y están al alcance de todo el público.

OjoPúblico informa a través de la reportería y la narrativa de sus historias, combinando la revelación e innovación en las investigaciones; luego estas historias son contadas en formato de serie llamada “Los Acusadores”.  Esta es una serie periodística liderada por OjoPúblico –en alianza con El Espectador (Colombia) y con el Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (México).

El pasado 22 de octubre dieron a conocer estos reportajes, dentro de los que se cuenta con el primero titulado “Abortar en México: La justicia se ensaña con las más pobres”. Durante los últimos años, y con el fin de sancionar el aborto con severidad, las autoridades de México han comenzado a denunciar a las mujeres por un delito que sí ocasiona la privación de su libertad: homicidio en relación de parentesco.  En esta investigación se tuvieron en cuenta tres fuentes oficiales distintas y, el objetivo, al parecer, es establecer procesos y sanciones más severas contra las mujeres.  Revela también el papel fundamental de la sociedad civil, con el testimonio de la directora,Verónica Cruz, de  “Las Libres” –una organización defensora de los derechos de las mujeres que trabaja en México de manera contundente- sostiene que la judicialización contra las mujeres por aborto se aplica de manera selectiva, sobre todo a las que viven en condiciones de pobreza, violencia, marginación y exclusión.  “Aquellas son las principales afectadas por las denuncias de los funcionarios de las áreas de salud a donde acudieron cuando necesitaban atención”, afirma Cruz. 

Sobre la realidad en Perú nos narran, en un segundo reportaje, algo más de lo mismo: la asistencia social, las y los médicos, policías y fiscales integran la cadena de persecución del Estado contra mujeres adultas y adolescentes que interrumpen su embarazo. En la última década, tal como determina OjoPúblico, 571 mujeres de todo el país fueron llevadas a juicio por este hecho, sancionado con una pena de hasta cinco años de prisión. Es de advertir que en Perú, el Código Penal considera ilegal toda forma de aborto, excepto aquella recomendada por un médico cuando la gestante está en riesgo de muerte.

Se enseña cómo la mayoría de los casos en Perú son archivados por la dificultad de probar si un aborto fue inducido o espontáneo. Pero esto no ocurrió, al parecer, con 62 de ellas que sí fueron condenadas, principalmente en juzgados de Lima y Callao, y que hoy están a la espera de que sus procesos se resuelvan en última instancia de la Corte Suprema. Se denuncia cómo, solo entre el 2015 y 2018,  la fiscalía impulsó 961 denuncias por abortos provocados en todo el Perú y llevó a 312 mujeres a los tribunales. Además es relevante que el artículo 30 de la Ley General de Salud obliga al personal médico a reportar a las pacientes que lleguen a sus consultorios con “indicios de aborto criminal”.

En Colombia, tal como quedaría ilustrado en la serie“Los Acusadores”, abortar pone a la mujer en una encrucijada entre los prejuicios y la pesadilla burocrática. A pesar de que la interrupción del embarazo en Colombia es legal bajo tres causales, hay más de 1.100 procesos judiciales contra mujeres por estos casos. Gran parte de los principales acusadores son sus propios médicos y médicas.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (una coalición de personas y organizaciones que promueven los derechos sexuales y reproductivos en Colombia) mencionada por Ojo público, manifiestan que las principales barreras para la autorización del aborto a las mujeres que lo solicitan, está relacionado sobre todo a los prejuicios del personal sanitario y la persecución judicial contra las mujeres que deciden hacerlo.  A pesar, que la Corte Constitucional colombiana dice que nadie puede decidir sobre la continuidad o interrupción de los embarazos de las mujeres cuando esté en riesgo la salud física o mental de la madre o cuando la mujer ha sido víctima de violación,  las evidencias señalan que aún existen barreras y prejuicios detrás de la implementación de este procedimiento. La desconfianza en las instituciones de salud y la persecución judicial contra las mujeres aún mantiene el derecho al aborto, para las más pobres, en la clandestinidad.

¿Por qué si existen leyes que regulan la despenalización del aborto, se siguen presentando injusticias y una clandestinidad de alto riesgo para las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente el embarazo, siendo un indiscutible derecho fundamental inherente a la persona?
Se presenta un juego de doble moral de los gobiernos; ya que cada uno valore, si realmente existe o no una verdadera despenalización, o si solo es una estrategia para desviar el interés del ojo del huracán.

En conclusión:  frente a la criminalización,  siempre terminaran pagando las personas más vulnerables luego de un proceso judicial injusto y de un castigo social inmerecido, cargado de prejuicios morales e improcedentes.

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