La otra cara de las Misiones de Paz en situación de conflicto

“Si no tienen inconveniente alguno en comprarse una niña de 13 o 14 años por 10 dólares, los cascos azules, los soldados de la OTAN y el personal masculino de las organizaciones humanitarias se convierten en parte del problema. Con eso fomentan la prostitución por motivos de pobreza, y las familias ya no mandan a sus hijas a la escuela sino a las puertas de los cuarteles.” Monika Hauser, entrevista en Periodismo Humano.

A pesar de que han pasado ya seis años desde estas duras declaraciones de Monika Hauser, ginecóloga y fundadora de Medica Mondiale, una ONG que desarrolla proyectos de apoyo a largo plazo dirigidos a mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales en situaciones bélicas o de crisis, los casos de violencia sexual por parte de militares y trabajadores de agencias en misiones de paz siguen perpetuándose a día de hoy. Es en este sentido, que las violaciones en situaciones de conflicto no deben considerarse exclusivamente como un arma de guerra, sino que resulta esencial señalar la implicación de otro tipo de actores que cometen estos abusos porque se les otorga un determinado poder, porque llevan un arma en la mano y porque las normas sociales y las leyes que deberían evitar que lo hicieran ya no tienen valor.

Sin ir más lejos, tal y como publicaba el mes pasado el Huffington Post, la propia ONU reconoce en su informe que solamente en 2015 recibieron 99 denuncias de abusos sexuales contra personal de la organización, de las cuales 30 corresponden a trabajadores de agencias y estructuras y 69 a los cascos azules, que representan la mayoría de los casos. Cifras que no reflejan la magnitud real del problema, pero que son un ejemplo de lo que diferentes fuentes han corroborado en las últimas décadas, y que hablan desde crímenes cometidos por soldados en misiones de paz en Bosnia investigados por traficar con mujeres ya en los años 90, hasta el último caso de las menores forzadas a mantener relaciones sexuales por diferentes fuerzas de paz en la República Centroafricana entre 2013 y 2015.

A pesar de que se han implementado diferentes iniciativas y políticas por parte de la propia ONU y de diferentes ONGs en los últimos años, con una política de “tolerancia cero” frente a abusos sexuales, la realidad evidencia que es insuficiente y que algo está fallando. Ya en 2008 el informe “No one to turn to” de Save the Children señalaba que los esfuerzos existentes para mantener a los y las menores a salvo de la explotación sexual y los abusos en situaciones de conflicto eran inadecuados. Uno de los problemas fundamentales que señalaba la organización es la dificultad de que las víctimas denuncien debido a factores como la estigmatización a la que pueden verse sometidas, la posibilidad de perder la asistencia que reciben, las amenazas a las que se ven expuestas, el desconocimiento de los mecanismos de denuncia o la propia ineficacia de los servicios legales. Todo ello sumado a la falta de liderazgo y de transparencia que la comunidad internacional está ejerciendo sobre esta cuestión hace que todavía a día de hoy sea un tabú dentro del panorama internacional.

Desde Fundación Mujeres consideramos que se trata de un asunto prioritario a abordar desde la comunidad internacional en el que se debe seguir trabajando. Y que medidas como la primera resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobada el mes pasado se materialicen y sean efectivas para que se asegure la protección de las víctimas y se denuncie a los perpetradores, de manera que se visibilicen y condenen estos crímenes para que no se repitan.

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