Hoy queremos compartiros parte de la carta que Yolanda G. envió al periódico local y plural de Móstoles Voces de Pradillo el pasado 6 de junio. En ella, esta vecina de Móstoles denuncia el maltrato institucional y el laberinto que tuvieron que recorrer ella y su amiga, la cual había sido agredida por su ex-pareja, durante cuatro días para denunciar la agresión para que al final la jueza no estimara la causa.
Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 30 de mayo y a continuación destacamos algunos de los párrafos de la carta de Yolanda los cuales ilustran a la perfección la vergonzosa situación a la que se enfrentan a diario las mujeres que acuden a denunciar agresiones de violencia de género y el maltrato que sufren por parte de las instituciones.
“Escribo estas líneas porque siento la necesidad de denunciar la esperpéntica experiencia vivida estos días cuando acompañaba a una amiga a poner una denuncia por una agresión por violencia de género ante la policía y juzgados de Móstoles. Llegamos a comisaría a las 22:30 horas. Una vez allí, mi amiga comunicó brevemente el motivo a los policías que se encontraban en la garita de control. Tras entregar su DNI, nos indicaron que esperáramos en una sala para poner la denuncia. El ambiente estaba muy cargado, mezcla de un intenso calor con un olor nauseabundo, lo cual provocaba una incomodidad inmediata al entrar a este lugar. Las opciones por tanto se reducían a pasar frío a la intemperie o soportar esa atmósfera tan cargada. En este lugar nos mantuvieron esperando durante horas. Resultaba un ambiente totalmente hostil para cualquiera, pero especialmente para una persona que acababa de sufrir una agresión por parte de su ex-pareja y que llegaba en un estado de absoluta vulnerabilidad.
A las tres y media de la mañana salía mi amiga de las dependencias policiales, desmoronándose mientras nos relataba como la agente de policía que le tomó declaración, en una actitud totalmente hostil, le preguntó porque temblaba y estaba tan mal si total no la habían golpeado, pues “solamente” la habían insultado. Para esta agente, no es normal sentir miedo ante una persona ya condenada por maltratarte, no es normal sentir miedo ante los insultos de un sujeto que anteriormente te ha propinado palizas y tampoco es normal sentir miedo ante un ser que amenaza de muerte, a ti y a tus hijos. ¡Si es que ya se sabe, las mujeres somos unas histéricas! Vemos prácticamente todas las semanas como hombres asesinan a sus parejas y ex-parejas, pero por lo visto para la policía sentir miedo ante una amenaza de muerte en un contexto de violencia de género está totalmente injustificado. Asimismo, resulta paradójico que cuando la policía hace una valoración del riesgo potencial de este sujeto el resultado sea que presenta un riesgo medio para la sociedad, pues había cometido algunos robos, y tan sólo un riesgo leve para mi amiga, a quien había dado palizas y amenazado de muerte. Siempre he tenido claro que este sistema cosifica a las mujeres y nos trata como si fuéramos objetos, pero francamente esperaba que al menos se nos considerara igual de “valiosas” que un móvil.
Ojalá pudiera acabar aquí el relato de violencia institucional al que fue sometida mi amiga, ojalá pudiera achacar esta falta de empatía y sensibilidad ante hechos tan graves a que el personal que la atendió no estaba cualificado para hacerlo. Esperaba que este maltrato nunca tendría lugar en los órganos creados supuestamente con el objetivo de tratar de una forma adecuada estos temas. Desgraciadamente, la realidad es muy distinta. Pues, nuevamente, esta vez en el llamado Juzgado de Violencia sobre la Mujer, órgano supuestamente especializado en violencia de género, volvimos a sufrir la violencia institucional a la que se ven sometidas las mujeres cuando toman la decisión de denunciar a quienes las maltratan.
Dos días después mi amiga fue citada a comparecer en el juzgado a fin de que el mismo resolviera sobre la denuncia interpuesta y la orden de protección solicitada. En el juzgado nos tocó esperar en una pequeña sala que no llegaba a 2×2 m, fría, deprimente, con asientos incómodos, denominada “sala de víctimas”. Nos quedamos allí encerradas durante horas mientras el maltratador campaba libremente por el juzgado, llegando incluso a proferir amenazas contra otras amigas que habían ido a acompañarnos. Tras horas de espera, sobre la una y media de la tarde se le comunica a mi amiga que ese día no van a resolver sobre la orden de protección solicitada, puesto que la abogada del maltratador no aparecía, y el juzgado cerraba a las 14.30 por lo que no se iban a quedar esperando. Con estupefacción ante esta situación, no nos queda otro remedio que irnos y volver al día siguiente.
A las diez de la mañana del día siguiente, volvemos a esa fría sala, a esperar que pasen las horas hasta que las autoridades se decidan a hacer algo por la dura situación que atraviesa mi amiga. Llevábamos más de una hora esperando cuando la llaman. Al salir nos cuenta que ni siquiera prestó declaración ante la jueza (debía estar muy ocupada) sino que lo hizo delante de una funcionaria, que aún por encima cuando ella intentaba explicar su situación, su miedo, su angustia, con bastante impaciencia le decía que no se “enrollara” y que contestara solo a lo que se le preguntaba. Un tiempo después la jueza le tomó declaración al maltratador, parece que para escucharle a él sí que estaba disponible.
Tras esto la jueza decide archivar el procedimiento y dejar a mi amiga totalmente desprotegida. Esta jueza que ni siquiera se molestó en ver personalmente a mi amiga con el fin de tener una percepción directa de su estado psicológico. Basándose simplemente en la lectura de la declaración de la víctima consideró que ambas partes, agresor y agredida, tenían la misma credibilidad. Al tiempo que se niega a escuchar a las personas que recibimos la llamada de auxilio de mi amiga cuando estaba siendo agredida y acudimos rápidamente al lugar de los hechos. Igualmente se niega a escuchar a los hijos de mi amiga que estaban con ella en el momento de la agresión. Para esta jueza, que un maltratador que ya ha sido condenado anteriormente niegue que ha agredido tiene la misma credibilidad que su víctima y sus amigas que salen corriendo en su auxilio. Parece pensar esta jueza que las mujeres nos ponemos histéricas y como locas ante unas “insignificantes” amenazas de muerte. Parece, a la vista de este comportamiento por parte de las autoridades, que no vivimos en un estado en el que cada semana sale en los medios de comunicación que “otra” mujer ha sido asesinada por su pareja o ex-pareja, entre ellas mujeres asesinadas porque las autoridades tampoco veían riesgo suficiente para conceder una orden de protección. Al conceder la misma credibilidad al agresor y a la agredida, deben pensar estos jueces y juezas que los agresores realizan sus fechorías en público, que no buscan precisamente la vulnerabilidad de la víctima cuando se encuentra sola. Por eso, en la gran mayoría de los casos de violencia machista no hay testigos directos de estos hechos.
Mientras vivíamos esta kafkiana situación, no podía dejar de ver el cartel colocado en la puerta del juzgado, donde se podía leer “DI NO, AL PRIMER SIGNO. DENUNCIA MUJER”. Sentía que ese cartel se estaba riendo de nosotras, así como todas las campañas del 25 de noviembre (Día Internacional contra la Violencia de Género), todos los minutos de silencio, todas las declaraciones institucionales que dicen estar en contra de la violencia de género… y les pregunto ¿qué entienden por primer signo? ¿la primera paliza? Porque si voy y denuncio insultos, vejaciones, amenazas, etc. producidas, como es lo habitual, en la intimidad y que no dejan secuelas en mi cuerpo físico me van a decir que mi credibilidad está al mismo nivel de mi agresor, entonces ¿para qué nos instan a denunciar?, ¿Ya no basta con lo que nos hacen los maltratadores para seguir siendo maltratadas institucionalmente?”.
Para más información visita: