El entorno digital se ha convertido en un espacio fundamental para la participación, la información y la libertad de expresión. Sin embargo, también es un escenario donde miles de mujeres enfrentan diariamente formas de violencia que limitan sus derechos, amenazan su seguridad y buscan silenciar sus voces. Ante esta realidad, el próximo 29 de octubre, el Ateneo de Madrid acogerá una jornada clave para reflexionar, compartir experiencias y construir respuestas colectivas frente a la violencia digital contra las mujeres. 

 Bajo el título “De las pantallas a las políticas: respuestas frente a la violencia digital contra las mujeres”, este evento reunirá a expertas, activistas, investigadoras y representantes de organizaciones feministas que trabajan en primera línea para visibilizar y combatir las violencias que se producen en los entornos digitales. 

La jornada pretende ir más allá del diagnóstico para poner el foco en las soluciones: desde la protección efectiva de los derechos digitales hasta el impulso de marcos normativos más sólidos y políticas públicas con perspectiva feminista. 

📅 Fecha: 29 de octubre
📍 Lugar: Ateneo de Madrid (Prado, 21 – Madrid)
🕒 Horario: De 11:15 h a 14:00 h 

Inscríbete aquí para asegurar tu plaza: INSCRIPCIONES

Un programa con voces expertas y referentes internacionales 

La jornada comenzará a las 11:15 h con una bienvenida institucional a cargo de: 

• Paquita Sauquillo Pérez del Arco, presidenta de la Sección de Derechos Civiles del Ateneo de Madrid. 
• Purificación Causapié Lopesino, presidenta de Fundación Mujeres. 
• Lucía Candeira de Andrés, coordinadora de Federación de Mujeres Jóvenes. 

Derechos y vidas en línea: el impacto de la violencia digital sobre las mujeres 

A las 12:00 h, el primer panel analizará cómo la violencia digital afecta a la vida, la participación y los derechos de las mujeres. 

Participarán: 

• Isabel Sanz Morán, experta en violencias digitales y coordinadora de proyectos de violencia sexual en Federación de Mujeres Jóvenes. 
• Olimpia Coral Melo, reconocida activista impulsora de la Ley Olimpia y defensora de los derechos digitales en América Latina. 

La mesa estará moderada por Mariana Salomón Herrera, técnica de proyectos de igualdad en Fundación Mujeres. 

Propuestas normativas e incidencia feminista para una protección efectiva 

A las 13:00 h, el debate se centrará en las respuestas políticas y legislativas necesarias para garantizar una protección real frente a la violencia digital. 

Intervendrán: 

• Marisa Soleto Ávila, directora de Fundación Mujeres. 
• Eleonora Espósito, investigadora científica del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. 
• Fernanda Medellín, directora de comunicación de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales. 

La moderación correrá a cargo de Lucía Candeira de Andrés, coordinadora de Federación de Mujeres Jóvenes.

El evento concluirá a las 14:00 h. 

Construyendo un entorno digital libre de violencia 

La violencia digital no es un problema aislado del mundo offline. Sus consecuencias impactan directamente en la seguridad, la salud, la participación política y la autonomía de las mujeres. En un momento en que la tecnología ocupa un lugar central en nuestras vidas, resulta imprescindible generar espacios de diálogo entre sociedad civil, instituciones, academia y activismo. 

Esta jornada ofrece una oportunidad única para: 

• Comprender las diferentes manifestaciones de la violencia digital. 

• Conocer experiencias y estrategias de resistencia feminista. 

• Analizar los avances legislativos y los desafíos pendientes. 

• Conectar con profesionales, activistas y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos digitales. 
• Contribuir a la construcción de políticas públicas más eficaces y con perspectiva de género. 

La transformación digital solo será verdaderamente democrática si garantiza la participación segura de todas las personas. Este encuentro invita a pensar cómo pasar de las experiencias vividas en las pantallas a las decisiones que se toman en los espacios políticos y legislativos. 

Porque defender los derechos de las mujeres en internet es defender los derechos humanos en el siglo XXI. 

Nos vemos el 29 de octubre en el Ateneo de Madrid. 

Según ya consta en el BOE Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre,  publicado tras el último Consejo de Ministros; “Se incrementan las pensiones de orfandad causadas tras el fallecimiento de la causante a causa de violencia contra la mujer, siempre y cuando las personas huérfanas se hallen en una situación equiparable a la orfandad absoluta, con el objetivo de ampliar la protección económica de los menores y personas vulnerables afectadas, de modo que el importe mínimo mensual será el equivalente al doble del salario mínimo interprofesional mensual vigente en cada momento”.

Un paquete de medidas que en palabras de la ministra de Inclusión Seguridad Social y migraciones; Sra. Elma Saiz, “busca ampliar derechos, reforzar protección de las familias y dar respuesta a situaciones que necesitaban de una cobertura más adecuada”.

Principales medidas sociales aprobadas

• Pensión de viudedad para parejas de hecho: Se facilita el acceso vitalicio con dos años de convivencia acreditados por empadronamiento, abriendo un plazo de 12 meses para revisar solicitudes previas denegadas.
• Cuidado de menores con enfermedades graves (CUME): La prestación se extiende más allá de los 26 años si hay una discapacidad del 65% o dependencia grado III, permitiendo un uso alterno o simultáneo.
• Incapacidades temporales (IT) especiales: Se introducen coberturas mejoradas desde el día siguiente a la baja sin periodo de carencia para casos de trastorno menopáusico y violencia de género, con una cuantía del 60% al 75% de la base reguladora.
• Fondo de Garantía del Pago de Alimentos: Los anticipos máximos por beneficiario se triplican hasta alcanzar los 300 euros mensuales.
• Víctimas del terrorismo y orfandad: Se equiparan las indemnizaciones con independencia de la sentencia penal y se eleva la pensión de orfandad al doble del SMI en supuestos de violencia contra la mujer.

Participa en el webinar “La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia”, este viernes 23/10.

Esta actividad formativa pretende que los participantes sean capaces de potenciar la protección de menores frente a la violencia, aplicando de forma teórica y práctica la normativa en materia de protección de la infancia y la adolescencia.

Se emitirá en abierto a través del canal de YouTube del CEJ en horario de 12:00 a 14:00 horas. Accede a través de este enlace.

¡Aprovecha la oportunidad de reforzar tu formación!

Las organizaciones de mujeres y las personas expertas en igualdad tienen una nueva oportunidad para contribuir a la defensa de los derechos humanos a nivel europeo. España ha abierto el procedimiento para seleccionar hasta tres candidaturas que serán presentadas al GREVIO, el Grupo de Personas Expertas en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa.

¿Qué es el GREVIO y por qué es importante?

El GREVIO es el órgano independiente encargado de supervisar la aplicación del Convenio de Estambul, el principal instrumento internacional para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Su labor consiste en evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados parte y formular recomendaciones para fortalecer las políticas de protección, prevención y atención a las víctimas.

Formar parte de este grupo supone participar en uno de los espacios de referencia en Europa en materia de derechos de las mujeres, igualdad y erradicación de la violencia machista.

Fechas clave del proceso

Las personas interesadas deberán tener presentes las siguientes fechas:

• Publicación de la convocatoria en el BOE: 15 de octubre de 2026.
• Apertura del plazo de presentación: 16 de octubre de 2026.
• Cierre del plazo: 6 de noviembre de 2026 (inclusive). Remisión de las candidaturas españolas al Consejo de Europa: antes del 19 de febrero de 2027.
• Elección prevista de las nuevas personas integrantes del GREVIO: 25 de mayo de 2027.

¿Quién puede presentarse?

La convocatoria está dirigida a personas con experiencia acreditada en ámbitos como:

• Derechos humanos.
• Igualdad entre mujeres y hombres.
• Violencia contra las mujeres.
• Violencia doméstica.
• Protección y asistencia a víctimas.
• Otros ámbitos comprendidos en Convenio de Estambul.

Además, las candidaturas deberán demostrar independencia, imparcialidad, disponibilidad para el desempeño de las funciones y un conocimiento adecuado de inglés o francés. La valoración tendrá en cuenta la trayectoria profesional, la formación especializada, las publicaciones y la participación en organismos especializados en el tema.

Cómo presentar una candidatura

El procedimiento establece cinco pasos fundamentales:

1. Completar el currículo utilizando el modelo oficial del Consejo de Europa en inglés o francés.
2. Elaborar una carta de presentación de una extensión máxima equivalente a una página.
3. Adjuntar la documentación acreditativa de los méritos alegados.
4. Enviar toda la documentación por correo electrónico a candidaturasgrevio@igualdad.gob.es, indicando en el asunto «Candidatura GREVIO».

El Comité de Selección valorará las candidaturas y podrá convocar entrevistas. El Ministerio de Asuntos Exteriores remitirá al Consejo de Europa las candidaturas españolas seleccionadas. La presentación de una candidatura no supone su elección como integrante del GREVIO.

Un llamamiento a las organizaciones de mujeres

Las asociaciones y plataformas feministas pueden desempeñar un papel fundamental difundiendo esta convocatoria entre profesionales y especialistas que cumplan los requisitos. La presencia de personas con una sólida trayectoria en derechos de las mujeres y lucha contra la violencia de género en organismos internacionales contribuye a reforzar la representación y la experiencia española en los espacios donde se diseñan y supervisan los estándares europeos de protección.

Desde HUB FEMINISTA animamos a las organizaciones de mujeres a compartir esta información y a identificar posibles candidaturas que puedan aportar conocimiento, experiencia y liderazgo a un órgano tan relevante como el GREVIO.

Pincha aquí para obtener la información ampliada: https://www.hubfeminista.org/recurso-compartido/documento-informativo-sobre-el-proceso-de-presentacion-de-candidaturas-al-grevio/

Desde el 1 de enero de 2003, España recoge los asesinatos de mujeres en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, es decir, se registran datos de mujeres asesinadas en el ámbito de la pareja o expareja, al tratarse de los feminicidios con mayor incidencia.

Las 5 mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja en septiembre de este año elevan a 41 la cifra registrada en 2026 y a 1.382 las víctimas mortales de violencia de género desde que existe registro:

Comunicado Ministerio de Igualdad 14 de septiembre

Feminicidio cometido en la provincia de Madrid. Mujer de 88 años, sin menores a cargo, asesinada el pasado 11 de septiembre sin que mediasen denuncias previas.

Comunicado Ministerio de Igualdad 21 de septiembre

Feminicidio cometido en la provincia de Madrid. Mujer de 34 años, sin menores a cargo, asesinada el pasado 19 de septiembre sin que mediasen denuncias previas.

Comunicado Ministerio de Igualdad 28 de septiembre

Feminicidio cometido en la provincia de Sevilla. Mujer de 47 años, con un menor a cargo, asesinada el pasado 26 de septiembre sin que mediasen denuncias previas.

Feminicidio cometido en la provincia de Alicante. Mujer de 33 años, sin menores a cargo, asesinada el pasado 27 de septiembre sin que mediasen denuncias previas.

Comunicado Ministerio de Igualdad 29 de septiembre

Feminicidio cometido en la provincia de Málaga. Mujer de 35 años, con dos menores a cargo, asesinada el pasado 21 de septiembre sin que mediasen denuncias previas.

Fuente: elaboración propia a partir datos Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

En comparación con el mismo periodo (enero-septiembre) de los 23 años en que se han registrado datos: 14 años acumularon cifras superiores y 9 se encuentran por debajo. Esto supone que la tendencia en la evolución interanual continúe siendo descendente.

Denuncias y órdenes de protección

Según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en cuanto a los asesinatos machistas perpetrados en lo que va de año, mediaron denuncias y medidas de protección en los siguientes casos:

Fuente: elaboración propia a partir datos Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

De las 41 víctimas mortales registradas a 30 de septiembre solo 12 (36%) casos contaban con denuncia previa. Además, el 33% de esas ellas no continuó con el procedimiento judicial.

En cuanto a las medidas de protección, estas fueron solicitadas en 10 de los 12 casos denunciados, y únicamente 7 mantenían su vigencia en el momento del asesinato. De los 12 feminicidios con denuncia previa, 10 solicitaron medidas de protección, en 9 casos se concedieron las medidas de las cuales en 1 caso habían perdido su vigencia y en 1 caso la víctima había renunciado a estas medidas.

Puedes profundizar en información estadística sobre violencia de género en el apartado ESTADÍSTICA disponible en esta web.

Convivencia con el agresor y menores a cargo

De las 41 víctimas mortales 18 se encontraban en pareja con sus agresores y 23 en fase de ruptura o ya separadas.

Por otro lado, estos asesinatos han supuesto que 3 menores de edad queden huérfanos y huérfanas de madre como consecuencia de la violencia de género, acumulando así 29 menores este año y 539 desde que se inició el registro en 2013.

Recursos de atención a la violencia

016: Atención 24 horas, en 52 idiomas a todas las formas de violencia contra las mujeres.

• Teléfono: 016
• Email: 016-online@iguadad.gob.es
• WhatsApp: 600000016
• Chat en la web: https://violenciagenero.igualdad.gob.es/

112 Emergencias.

091 Policía Nacional.

062 Guardia Civil.

Las personas sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordo ciegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Al 112 con la app 112Accesible. Al 091 y 062 con SVIsual y con la app AlertCops.

Los menores también pueden dirigirse al teléfono de la Fundación Anar: 900202010.

En España, la interrupción voluntaria del embarazo está reconocida y regulada legalmente. Entonces, si ya existe una ley que permite acceder a ella, ¿por qué aparece ahora la propuesta de llevar este derecho a la Constitución? La respuesta está en algo seguramente más amplio: qué significa que un derecho exista sobre el papel y qué necesitan para que pueda ejercerse realmente.

El 7 de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de reforma constitucional que propone incorporar al artículo 43 de la Constitución un nuevo apartado referido expresamente al derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El texto plantea que los poderes públicos garanticen su ejercicio “en condiciones de igualdad real y efectiva” y con las prestaciones y servicios necesarios para hacerlo posible .

Deberíamos decir entonces que es precisamente ahí donde comienza el verdadero debate.

Reconocimiento legal ≠ Protección constitucional expresa

Vale decir que cuando un derecho está reconocido por una ley, es importante. Pero no es exactamente lo mismo que aparezca expresamente en la Constitución. Aquí hay una diferencia: Una ley puede modificarse mediante otra ley, mientras que la Constitución ocupa una posición diferente dentro del ordenamiento jurídico. Esta, establece el marco que deben respetar las demás normas y poderes públicos.

Esto no significa que el aborto no tenga actualmente ninguna protección constitucional. De hecho, el Tribunal Constitucional ha señalado que la interrupción voluntaria del embarazo tiene sustento constitucional en el derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Así lo estableció la STC 44/2023, de 9 de mayo, al analizar el marco constitucional de la interrupción voluntaria del embarazo

Por eso, la reforma plantea una cuestión más concreta: ¿qué puede cambiar cuando una protección que ya existe a través de la legislación y de la interpretación del Tribunal Constitucional pasa a aparecer expresamente escrita en la propia Constitución?

¿Qué significa que un derecho esté en la Constitución?

Cuando hablamos de incorporar un derecho a la Constitución, es fácil imaginar que estamos hablando únicamente de añadir una frase a un documento. Pero las palabras de una Constitución tienen consecuencias.

La propuesta actualmente planteada no dice únicamente que las mujeres tiene derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo. Añade algo de suma importancia : que los poderes públicos deben garantizar ese derecho en condiciones de igualdad real y efectiva, junto con las prestaciones y servicios necesarios para ejercerlo.

Esta última parte cambia bastante la conversación, ¿no?

Porque una cosa es decir : “Tengo derecho a abortar ”  y otra bastante distinta, es poder decir : “Puedo ejercer ese derecho en condiciones reales, independientemente de dónde viva”.

A simple vista, la diferencia entre ambas frases puede parecer pequeña, pero en la práctica no lo es.

Si un derecho depende de la existencia de un centro sanitario, de profesionales disponibles, de los circuitos de derivación o de las condiciones de acceso de cada territorio, entonces la pregunta deja de ser exclusivamente jurídica. También pasa a ser una cuestión de igualdad.

¿Qué propone exactamente la reforma?

La propuesta del Gobierno consiste en añadir un nuevo apartado al artículo 43 de la Constitución Española, dentro del artículo dedicado al derecho a la protección de la salud.

La redacción establece:

“Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio”.

Y podemos detenernos un momento aquí y decir que la elección de las palabras SÍ importa.

La reforma no habla solamente de reconocer el derecho. Sino más bien habla de garantizar su ejercicio.  Tampoco habla únicamente de igualdad, como una palabra entendida en sentido abstracto. Habla de igualdad real y efectiva.

Esto resulta entonces especialmente relevante cuando observamos como se esta ejerciendo actualmente este derecho.

Según los datos del Ministerio de Sanidad recogidos por RTVE, en 2024 se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo. El 78,74 % se realizaron en centros privados, concertados o no, mientras que el 21,25 % se realizaron en hospitales públicos.

La Moncloa señala, además, que solamente alrededor del 20 % de las interrupciones voluntarias del embarazo se practica en centros integrados en la sanidad pública y que existen importantes diferencias entre comunidades autónomas: mientras en Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra alrededor del 60 % se realizan en la sanidad pública, el porcentaje apenas llega al 1 % en Madrid y Andalucía.

Al mirar estos números, nos permite entender por qué la discusión ya no gira solamente sobre la importancia de que el aborto sea legal, sino también sobre su acceso para todas.

Más allá de la ley…

Una Constitución no solamente sirve para decir qué derechos tenemos. También puede establecer qué obligaciones deben asumir los poderes públicos para garantizar que esos derechos puedan ejercerse.

Hay una cuestión jurídica detrás. Hay una cuestión sanitaria. Hay una cuestión de igualdad territorial.

Porque quizá no sea suficiente con decirle a una mujer que tiene derecho a decidir sobre su embarazo. Quizá también haya que preguntarse qué ocurre cuando esa decisión es legal, pero acceder a ella no resulta igual de sencillo para todas

Y ahí aparece la pregunta que merece quedar abierta: Si un derecho está reconocido por la ley y cuenta además con protección constitucional, pero las condiciones para ejercerlo no son iguales para todas las mujeres, ¿podemos decir que ese derecho está realmente garantizado?

El día de hoy, lunes 28 de septiembre en Madrid, se celebra una Jornada de fortalecimiento de la política pública sobre el aborto en España, Abortar sin barreras, que tendrá lugar en el Ministerio de Sanidad, salón de actos Ernest Lluch.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, participa en la mesa que analiza la garantía al acceso efectivo al aborto en el Sistema Nacional de Salud, donde participaran Lucía Candeira, Silvia Aldavert, Ramón Escuriet y Francisa García Gallego.

Inauguran la Jornada Mónica García, ministra de Sanidad y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Las conclusiones correrán a cargo de Cristina Hernández Martín, directora del Instituto de las Mujeres y de Pedro Gullón Tosio, director General de Salud Pública.

• Ver streaming.

Derechos sexuales y reproductivos. Derechos humanos

Nuestro derecho, nuestra libertad

El día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que se celebra desde 1990, vuelve a llamar a la acción para que la legalización y despenalización del aborto sea un derecho reconocido y garantizado para todas las mujeres del mundo. Una vindicación que surgió en el ámbito del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (Argentina, 1990), donde se defendían los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, una conmemoración que se hizo global.

“Solidaridad en acción: Avanzar en la justicia reproductiva y fortalecer urgentemente los sistemas de salud para la atención integral del aborto” es el lema elegido este año para capitanear una campaña global, que contempla a todas las mujeres del mundo, vindicando su seguridad, apoyo, autonomía y dignidad en su decisión de someterse a una intervención de interrupción de embarazo. Un sistema de salud universal.

Que el aborto sea considerado un derecho constitucional sería un paso importante en su consideración como un derecho fundamental de las mujeres: el derecho a decidir, a no ser criminalizadas por las decisiones reproductivas que tomemos, el derecho a contar con servicios para interrumpir el embarazo contando con el compromiso de los sistemas de salud que garanticen servicios seguros, de calidad y gratuitos. 

En España las desigualdades en las diferentes comunidades autónomas, siguen condicionando no sólo el acceso a abortar, derecho adquirido, sino también el tipo de procedimiento disponible para las mujeres, lo que influye directamente en su experiencia asistencial y su autonomía en la toma de decisiones.

Y crecen las incertidumbres sobre lo ganado, la Asamblea autonómica de Madrid ha aprobado la llamada “Ley del concebido no nacido”, una medida que pretende ser extendida. “Una presión simbólica y social que puede influir en las decisiones reproductivas limitando así la dignidad, la autonomía y la libertad de las mujeres para tomar decisiones sobre su cuerpo”.

En abril de este año el Consejo de Ministros y Ministras llevó al Congreso un proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para BLINDAR el derecho al aborto en la Sanidad Pública, en su tramitación la propuesta fue rechazada, tras las enmiendas presentadas por PP y VOX.

Según datos del Ministerio de Sanidad:

• El 21,2% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en España se realizaron en centros públicos en 2024, frente al 78,8% en centros privados.
• Cuatro comunidades autónomas (Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra) superan el 75% de IVE en la sanidad pública, mientras que en 11 regiones y ciudades autónomas el porcentaje no llega al 10%.

En 2024, se realizaron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo en España. De estas, 22.563 (21,25%) tuvieron lugar en centros públicos, mientras que 83.609 (78,75%) fueron realizadas en centros privados. Esta proporción representa un aumento de casi 7 puntos respecto al 14,3% registrado en 2019, lo que supone un incremento relativo del 50% en la presencia de la red pública en esta prestación

Salvar el estigma que conlleva el aborto, trabajar la desinformación y establecer nuevos relatos son tareas urgentes cuando una vez más, vemos como este derecho universal se ve amenazado. Vemos como los detractores se infiltran, se coordinan en espacios transnacionales variados: políticos, económicos, institucionales etc., con manejos de narrativas de ataque, que amenazan a todas las mujeres en su derecho a decidir.

• Es urgente despenalizar en todo el mundo el aborto, eliminar todo tipo de barreras que niegan la atención médica y a sus trabajadores.
• Es urgente que se respeten las normas internacionales de derechos humanos que garanticen los logros adquiridos y hacer que se logren universalmente, para que todas las mujeres puedan decidir libremente.
• Es urgente blindar el aborto.

Puedes revisar todo nuestro contenido en la: 

Página principal de la campaña #28S #DerechoAlAbortoBlindado 

Esta campaña forma parte del activismo que se lleva a cabo con motivo del día 28 de septiembre, Día Internacional de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, en el marco del “Programa para Educar en Igualdad y Prevenir la Violencia de Género. Hacia un voluntariado por el Buen Trato” de Fundación Mujeres, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.  

Producir, reproducir y difundir discursos de odio en redes y espacios en línea

El informe que firma Héctor Sanahuja Mesa analiza los discursos de estos “creadores”, que acumulan miles de seguidores, apostando por contenidos digitales acomodados a lenguajes reaccionarios acoplados a las nuevas formas de comunicación digital. Sanahuja examina a algunos de estos influyentes con gran repercusión en España: Vito Quiles, Roma Gallardo o Un Tío Blanco Hetero, que participan de esta “guerra cultural”, a partir del análisis de los contenidos de sus videos, identificando victimización masculina, antifeminismo, misoginias, racismos y llamadas a la acción.

Antifeminismo, racismo y misoginia envueltos en contenidos breves y de rápida distribución (memes, video-reacciones y clips que utilizan el humor o la emoción fácil) y que descargan toda una serie de discursos reaccionarios. Discursos de odio que acaparan todo “un ecosistema digital más amplio y no pueden interpretarse, en ningún caso, como opiniones individuales desconectadas entre sí”.

Rabia, resentimiento, miedo, burla y el sentimiento de agravio que, según el autor, se fusionan en un ecosistema singular que intentan fracturar una realidad donde se funden los derechos humanos con el claro objetivo de destruirlos. Consumir ciertos contenidos impactaría y modificaría la vida de los derechos conseguidos, impacta, estableciendo enemigos comunes, previamente deshumanizados: feministas, personas migrantes, medios de comunicación, personas LGTBIQ+, instituciones de igualdad y personas y activistas progresistas, entre otros, para destruirlos.

Hombres blancos cabreados, la victimización masculina, hombres presentados como perjudicados por el feminismo, “chiringuitos feministas”, leyes de igualdad cuestionadas, todo envuelto “como una estructura de poder financiada con recursos públicos”. Misoginia digital atacando la igualdad, una vez más atacando a las mujeres que son ridiculizadas, sexualizadas y degradas. En definitiva, odio y deshumanización.

Racismo y xenofobia, emigración relacionada con “delincuencia, inseguridad y violencia sexual”, criminalizando al diferente, que muchas de las veces invitan a la violencia.

Creadores de odio listos para acometer la persecución y su exterminación.

Puedes consultar el informe aquí.