La bioética es una disciplina que busca respuestas éticas ante los dilemas que surgen en el campo de la salud, combinando saberes de la medicina, el derecho, la filosofía, la antropología y otras ciencias. Está guiada por principios fundamentales: la autonomía (capacidad de decidir libremente), la beneficencia (actuar para el bien de la persona), la no maleficencia (no causar daño) y la justicia (garantizar la equidad y el acceso a derechos).
Desde una perspectiva más humanista, corrientes como la bioética personalista enfatizan la dignidad intrínseca de cada persona, valorando la vida no como un medio para otros fines, sino como un fin en sí mismo. Esto implica que cualquier intervención médica debe estar orientada al beneficio del individuo, respetando su voluntad, libertad y contexto personal.
Con el desarrollo de nuevas tecnologías biomédicas, estos principios enfrentan desafíos cada vez más complejos: ¿hasta qué punto es ético mantener con vida a una persona sin conciencia? ¿Qué ocurre cuando los derechos reproductivos colisionan con normativas restrictivas?
Este marco ético y normativo entra en profunda tensión en situaciones como el caso ocurrido el pasado mes de mayo en Georgia (EE. UU.), donde una mujer de 31 años, diagnosticada con muerte cerebral durante el embarazo, fue mantenida con soporte vital sin el consentimiento de su familia, en virtud de una ley estatal (“ley del latido fetal”) que prohíbe el aborto a partir de las seis semanas. La decisión fue impuesta por el hospital, sin deliberación con los allegados ni consideración por la voluntad de la paciente, con el único propósito de permitir que el embarazo continuara.
Especialistas en bioética y derecho médico han sostenido que la aplicación de esa ley al caso fue errónea. El propio fallo de un tribunal federal posterior indicó que no es legal ni ético mantener artificialmente con vida a una persona con muerte cerebral solo por estar embarazada, ya que esa situación no equivale a un aborto ni se rige por las mismas normas. Incluso desde el punto de vista médico, la mujer ya era legalmente una persona fallecida.
Desde la bioética, este hecho vulnera directamente el principio de autonomía (no se respetó la voluntad de la paciente ni de su familia, restringiendo su derecho a una muerte digna y a la decisión sobre su cuerpo), el de no maleficencia (se impuso un tratamiento sin beneficio real y con alto impacto emocional negativo) y el de justicia (se privilegió una interpretación restrictiva de la ley sobre los derechos individuales). Además, atenta contra la noción de libertad responsable del personalismo bioético, que exige considerar el bien integral de la persona y no convertir su cuerpo en un instrumento.
Esta decisión también expone una mirada profundamente desigual sobre las mujeres embarazadas, en especial cuando estas dejan de ser reconocidas como sujetos plenos de derechos en contextos donde predomina una legislación restrictiva y patriarcal. En lugar de proteger la vida, estas imposiciones niegan la posibilidad de un cuidado compasivo, basado en la escucha, el acompañamiento y la dignidad en los procesos de fin de vida.
Este caso no puede analizarse solo desde el derecho al aborto, sino desde el enfoque integral de derechos humanos. Impedir que una familia decida, o que una mujer planifique su maternidad, no es neutral: es una forma de violencia institucional y simbólica. Además, las consecuencias sobre la salud mental de las mujeres en contextos donde se les impide acceder a cuidados reproductivos adecuados son profundas: ansiedad, duelo prolongado, sentimiento de cosificación o abandono emocional.
El acceso al aborto legal y seguro es, por tanto, una cuestión bioética, sanitaria y de justicia social. Supone reconocer que las mujeres son sujetos morales capaces de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, y que ninguna ley debería anular su humanidad, ni siquiera después de la muerte.
Autora: Agustina Harsich, voluntaria de Fundación Mujeres.
