Entre los años 1990 y 2000, más de 300.000 mujeres peruanas fueron sometidas a tratamientos de anticoncepción quirúrgica definitiva, de las cuales sólo un 10 por ciento dio su consentimiento, las demás fueron víctimas de esterilizaciones forzadas, siendo chantajeadas, amenazadas y hostigadas por personal sanitario de los centros de salud de sus localidades.
Estas prácticas se realizaron en el marco del Programa Nacional de Planificación Familiar del gobierno del entonces presidente, Alberto Fujimori, en regiones con altos niveles de pobreza y con una mayoría de población indígena.
El pasado 7 de noviembre el caso fue catalogado como un “asunto de interés nacional de Perú”, para promover el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas y saber el número exacto de las afectadas. Según el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga, el decreto ordena la creación de un registro de víctimas.
Lechuga añade: “Absolutamente no hay ningún cálculo político ni de establecer a priori ningún tipo de responsabilidad; ésta se tendrá que determinar a través de los procesos judiciales correspondientes”. Por su parte, el ministro de Justicia, Aldo Vásquez, indicó que su cartera asumirá la asistencia legal, tratamiento psicológico y atención médica para las víctimas.
Para activistas, una legítima política de control de la natalidad no vulnera el derecho de decidir sobre el propio cuerpo, sino que deja decidir a las mujeres si desean o no tener más hijas e hijos, por lo cual las esterilizaciones forzadas son una grave violación a los Derechos Humanos, que deja severas secuelas físicas y psicológicas a quienes fueron sometidas.
Para más información fuente origen: AmecoPress