Vientres de alquiler: el caso de Ucrania

Durante las dos últimas décadas, Ucrania se ha consolidado en uno de los principales destinos del mercado internacional del alquiler de vientres, debido a su marco jurídico flexible, su bajo coste y la fuerte demanda por parte de parejas extranjeras. Desde que India, Tailandia y Nepal limitaron el acceso a esta práctica, Ucrania absorbió gran parte del negocio del alquiler de vientres, situándose como una alternativa clave para quienes buscan madres de alquiler a precios significativamente inferiores a los de países como Estados Unidos, donde los precios superan los 110.000 $, frente a los 30.000-50.000 $ en territorio ucraniano (mest.meste.org, balcanicaucaso.org). 

En términos legales, el artículo 123 del Código de Familia de Ucrania reconoce la validez de los contratos de gestación a través del alquiler de vientres de mujeres. Sin embargo, hay una serie de requisitos: siempre debe de tratarse de parejas heterosexuales, casadas, y con al menos uno de los miembros aportando material genético, así como presentando una imposibilidad médica para gestar. Desde el momento de la implantación del embrión, la pareja comitente es automáticamente reconocida como progenitora legal, sin que la mujer gestante conserve derecho alguno sobre el hijo (europeanreview.org), pese a gestarse en su propio cuerpo durante 9 meses. Esta regulación oculta una profunda desigualdad de poder y una clara mercantilización del cuerpo de las mujeres. 

Precariedad económica 

Una de las razones por las que tantas mujeres ucranianas se ofrecen a gestar para terceros es la necesidad económica, donde se activa el factor de la relación entre dinero y poder. Es en este momento, en el que se convierte en una decisión viciada, por el factor económico y la desigualdad que experimentan, tachándose así de ser una decisión libre. En promedio, una madre subrogada puede recibir entre 10.000 y 21.500 €, lo que supone aproximadamente el triple del salario anual medio en Ucrania (aljazeera.com). No obstante, estos ingresos frecuentemente se gestionan a través de agencias que retienen entre el 50-70 % del pago total, dejando a las mujeres con una parte menor a pesar del valor generado a través de su cuerpo y trabajo reproductivo. Muchas de estas agencias actúan con escasa supervisión: abarcan desde viviendas controladas donde las mujeres son recluidas hacia el final del embarazo, hasta clínicas que carecen de licencia o profesionales insuficientemente capacitados, poniendo en riesgo tanto la salud física como emocional de las gestantes (thedial.world). 

La desprotección sanitaria es otra consecuencia preocupante de este modelo. Las mujeres son sometidas a tratamientos hormonales intensos, múltiples transferencias embrionarias y una alta tasa de cesáreas, todo ello sin recibir garantías de soporte médico a largo plazo por complicaciones en el parto. Asimismo, otro de los factores preocupantes es que no se reconoce el vínculo emocional que la gestante establece con el bebé, lo que agrava el impacto psicoemocional cuando llega el momento de entregar al recién nacido. 

A nivel internacional, organismos como la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los expertos en derechos reproductivos han advertido que la comercialización de la gestación subrogada equivale a una forma de explotación reproductiva y violencia de género, vulnerando la dignidad, igualdad y autonomía de las mujeres. Incluso se ha documentado la imposición de abortos a gestantes si los comitentes no desean un bebé con alguna condición médica, así como el abandono del niño o niña si presenta discapacidad. 

En el contexto de guerra 

La guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022, ha exacerbado aún más estas dificultades. Decenas de mujeres estaban embarazadas contratadas por parejas extranjeras cuando estalló el conflicto, lo que generó situaciones dramáticas: bebés nacidos en refugios, separaciones intempestivas, y madres gestantes que no podían abandonar el país por cláusulas contractuales, mientras sus hijos/as eran reclamados por comitentes que, en muchos casos, sí pudieron huir. Se estima que entre 2.000 y 4.000 niños/as nacen de mujeres que alquilan sus capacidades reproductivas cada año en Ucrania, y unos 6.000 embriones permanecían almacenados en clínicas como BioTexCom al inicio del conflicto bélico (europeanreview.org). 

Las implicaciones ético-legales son graves. En tiempos de guerra, la prioridad del sistema recae en los derechos de las parejas comitentes, ignorando los derechos fundamentales de las mujeres gestantes, quienes frecuentemente no cuentan con asesoría legal independiente ni capacidad para decidir sobre su salud o desplazarse libremente. Esto incrementa el carácter de la gestación subrogada como una práctica coercitiva y violenta. 

Para rectificar esta situación se están movilizando distintos sectores: organizaciones feministas ucranianas, como el Centro para el Desarrollo de la Democracia, exigen la prohibición de la subrogación comercial y denuncian la relación entre clínicas y parlamentarios, que impide avanzar en reformas normativas (worldcrunch.com). Desde la Unión Europea y organismos internacionales se propone prohibir que sus ciudadanos recurran a la subrogación en el extranjero, con el fin de desmantelar un sistema que, no beneficia a parejas ucranianas (worldcrunch.com). 

En definitiva, el alquiler de la capacidad reproductiva en Ucrania no solo representa una mercantilización del cuerpo de las mujeres, sino que consolida un modelo patriarcal y neoliberal que prioriza la comercialización de los cuerpos para que parejas con recursos puedan formar una familia, por encima de los derechos a la salud, autonomía y bienestar emocional de las mujeres gestantes. La actual situación de vulnerabilidad, especialmente agravada por la guerra, evidencia la urgencia de prohibir la subrogación comercial -aún más en contextos de guerra como el ucraniano- y garantizar un marco internacional que la regule como una forma de violencia reproductiva. 

Autoría: Vega Rubio Gómez. Voluntaria Fundación Mujeres