Por Ángeles Cuesta – Voluntaria de Educación y Prevención de la violencia de género de Fundación Mujeres
El pasado mes de septiembre, como en cada inicio del año fiscal, se ha publicado la Memoria anual que la Fiscalía General del Estado eleva al gobierno, correspondiente en esta ocasión al año 2022.
Esta Memoria trata cada año, imprescindiblemente, los casos relacionados con la violencia machista ejercida sobre las mujeres, así como la situación de los y las menores. En este mismo capítulo se analiza este año el tráfico de personas. Este tema se engloba en el punto sobre personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad. Entre las víctimas de trata de seres humanos (capítulo V, punto 1.3.2), el informe hace hincapié en que la mayoría son mujeres jóvenes explotadas en la prostitución “debido a factores como la feminización de la pobreza y el patriarcado”.
Ya en la Memoria sobre el año 2021 (capítulo III, punto 3.1) se menciona específicamente a las mujeres y las niñas como las principales afectadas por la marginalidad y la vulnerabilidad que conllevan la trata y la migración ilegal. En la presente Memoria, la Fiscalía procede a explicar los motivos y las circunstancias que llevan a estas mujeres a encontrarse en esta situación, la cual se prolonga y mantiene por las amenazas a las familias que quedan en los países de origen. Nos recuerda asimismo que la trata es considerada “la verdadera esclavitud del siglo XXI” estrechamente relacionada con otros tipos de delincuencia organizada internacional.
El informe recoge la obligación de la Fiscalía como organismo estatal, así como de sus miembros, de perseguir este tipo de delitos cuando acaecen en nuestro país, independientemente de la nacionalidad y la situación legal de las víctimas, según lo establecido por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración universal de Derechos Humanos.
Entre las distintas medidas normativas que deberían implementarse para afrontar estos delitos, se recomienda específicamente “la penalización de cualquier forma de proxenetismo, adoptando un sistema abolicionista frente a la prostitución”.
En cuanto a la protección de las víctimas, propone entre otras actuaciones:
- Un protocolo de protección y asistencia a las víctimas que contemple la regularización de su situación o la repatriación asistida, según sea su deseo.
- La no exigencia de su colaboración con las autoridades policiales o judiciales (denunciar, declarar…) así como la concesión de testigo protegido si la situación lo requiere. La concesión de permisos de residencia y trabajo no debería estar supeditada a la participación de las víctimas en dichos procesos.
- Acceso a un sistema de atención que facilite la recuperación física, emocional y psicológica, buscado al mismo tiempo la reinserción educativa y laboral.
La Fiscalía reconoce el daño “inconmensurable” sufrido por las víctimas de estos delitos y entiende que el miedo o la intimidación que las llevó a esta situación indeseable son en muchas ocasiones un obstáculo insalvable a la hora de colaborar con el sistema para salir del infierno en el que están sumidas.
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