Las leyes integrales son fundamentales porque permiten abordar problemáticas complejas de manera amplia, profunda y multidimensional. Su estructura normativa no se limita a sancionar, sino que articula respuestas coordinadas, eficaces y centradas asegurando que todas las instituciones del Estado trabajen bajo un mismo marco de actuación, evitando contradicciones y vacíos legales.
Además, este tipo de legislación incluye mecanismos de rendición de cuentas, indicadores de seguimiento y asignación presupuestaria, lo que garantiza su implementación real y sostenida en el tiempo. Muchas situaciones, como es el caso de la Trata de Personas, no pueden abordarse eficazmente con leyes aisladas, por lo que estas leyes integrales buscan comprender la interconexión de los factores que contribuyen a estos problemas y ofrecen soluciones.
En materia de derechos humanos, si bien existen tratados y convenios internacionales que han construido un marco legal común, su aplicación efectiva depende de leyes nacionales que los traduzcan en medidas concretas. El respeto de los derechos humanos exige el establecimiento del estado de derecho a nivel nacional e internacional.
España, a día de hoy, no cuenta con una ley integral contra la trata de personas, lo que supone una grave carencia en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y una falla en la protección de miles de víctimas. Por eso, es urgente avanzar hacia una legislación que ofrezca respuestas completas, proteja de forma real y efectiva, y garantice justicia.
Diapos nota 23S de micaeladeroy
La idea de una Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos ha estado gestándose desde hace años. Ocho ministerios—Justicia, Igualdad, Interior, Inclusión, entre otros—participaron en su impulso, y en 2022, junto al Consejo de ministros, se aprobó un anteproyecto cargado de medidas muy necesarias: sensibilización, indemnización, inserción laboral, Mecanismo Nacional de Derivación y coordinación institucional.
Desde entonces, ese anteproyecto ha “entrado y salido de cajones”. En 2023, el texto decayó por elecciones anticipadas; el Gobierno lo consideró “no suficientemente maduro”, aunque se retomó parcialmente.
España ha dado pasos esperanzadores con un anteproyecto de ley integral que incorpora los estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la norma aún no ha sido aprobada y carece de fuerza legal final.
Si bien el anteproyecto de ley integral contra la trata en España marcó un avance al reconocer la necesidad de un marco unificado, es imprescindible tener en cuenta que las propuestas abolicionistas impulsadas desde la sociedad civil ya han trazado un camino claro en esta dirección. Un ejemplo fundamental es la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP), surgida de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución (PAP), que defiende que no es posible combatir la trata sin afrontar de raíz el sistema prostitucional que la sostiene. La LOASP propone un enfoque abolicionista integral, en el que la protección de las víctimas, la garantía de derechos y la persecución de los explotadores se sitúan en el centro de la acción política y legislativa.
En este sentido, resulta clave observar cómo otros países europeos han avanzado en este terreno, especialmente Francia y Suecia, cuyas legislaciones abolicionistas han servido de referencia internacional al vincular de manera directa la lucha contra la trata con la abolición de la prostitución:
En 2016, Francia aprobó la Ley n.º 2016-444, orientada a reforzar la lucha contra el sistema prostitucional desde una perspectiva abolicionista, que entiende la prostitución como una forma estructural de violencia de género. Esta ley se inscribe en una tradición histórica abolicionista que remonta varias décadas. A continuación un breve resumen de su cronología legislativa y de los fundamentos de sus múltiples premisas:
Ley Francesa #23S de Educar en Igualdad
Finalmente, La Ley n.º 2016-444, de 13 de abril de 2016, llamada “Ley de refuerzo de la lucha contra el sistema prostitucional”, quedó estructurada en torno a varios ejes principales:
Según el informe de FACT-S 2025, desde la promulgación de la ley n.º 2016-444, aproximadamente 2.000 personas, en su mayoría mujeres, han logrado acceder a una vía para salir de la prostitución. Entre ellas:
Estos datos reflejan la eficacia del enfoque abolicionista en la protección y empoderamiento de las personas afectadas por la prostitución.
En 1999 Suecia dio un giro histórico en su política frente a la prostitución y la trata de personas. Mientras en gran parte del mundo se debatía intensamente sobre si la prostitución debía ser regulada como un trabajo legítimo, con argumentos a favor y en contra que resonaban en foros internacionales, el Parlamento sueco tomó una decisión audaz y definitiva, que fue la de aprobar una ley que prohibía la compra de sexo, pero no venderlo. El mensaje entonces era claro: la mujer en situación de prostitución en ninguna medida debía ser la persona sobre la que debía recaer la sanción, sino quienes alimentan el mercado con su dinero.
La llamada Sex Purchase Act, está dentro de lo que se conoce como modelo nórdico o abolicionista. El pensamiento detrás de la ley proviene de una visión feminista que entiende a la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres.
“El punto de partida fue la igualdad de género”, explica la Agencia Sueca para la Igualdad de Género. “Se considera que la prostitución es una forma de explotación masculina que obstaculiza la igualdad entre mujeres y hombres”.
El camino hasta su aprobación fue largo:
Ley Sueca #23S de Educar en Igualdad
Ahora bien, los puntos a resaltar sobre el contenido de la Ley Sueca son los siguientes:
Estadísticas destacadas del enfoque Sex Purchase Act.
Al analizar la experiencia sueca y francesa se advierte la fuerza del modelo abolicionista como alternativa frente a la explotación sexual. Este enfoque busca algo más profundo. Al señalar al comprador y no a la víctima, estas políticas envían un mensaje inequívoco: la dignidad humana no está en venta.
Autora: Micaela Deroy, voluntaria de Fundación Mujeres.
