Por María Barbero Rico – Alumna en prácticas de Educación y Prevención de la violencia de género de Fundación Mujeres
En el año 2022, más del 25% de las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas vivían en poblaciones con menos de 4.000 habitantes, según datos recopilados por organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia de género.
La falta de anonimato, recursos y la dependencia económica son algunas de las principales barreras que enfrentan las mujeres que sufren violencia de género en el medio rural y que explican por qué tardan más del doble de tiempo en denunciar a sus agresores en comparación con las mujeres que viven en núcleos urbanos.
La falta de anonimato es uno de los mayores obstáculos que encuentran las mujeres a la hora de denunciar, ya que las agresiones machistas en el medio rural suelen ser invisibles y desconocidas por la sociedad, lo que lleva a la impunidad del agresor. Las mujeres que viven en pueblos pequeños aún sienten las consecuencias de «el qué dirán», especialmente las mujeres mayores, que son quienes más sufren la violencia de género en silencio.
Otro problema que enfrentan las mujeres en el medio rural es la centralización de los recursos, lo que dificulta su acceso a la asistencia psicológica y el asesoramiento jurídico, ya que muchas veces no tienen vehículo propio y quedan a expensas de una red de transporte público con muchas limitaciones.
La lentitud de los procesos judiciales también es una preocupación, ya que a menudo tardan años en resolverse, lo que aumenta el riesgo para las víctimas. Además, el sistema de seguimiento telemático para víctimas y agresores, llamado ‘Cometa’, no funciona cuando no hay cobertura, lo que es habitual en el medio rural.
Otro problema que enfrentan las mujeres en el medio rural es la vinculación con el agresor, ya que muchas de ellas comparten el negocio o trabajan en una explotación agroganadera con sus parejas, lo que dificulta el proceso de denuncia. Además, la reinserción laboral es un desafío importante para estas mujeres, y es crucial la implicación de las empresas en esta lucha.
En conclusión, es necesario abordar estas barreras para proteger a las mujeres que sufren violencia de género en el medio rural y garantizar que tengan acceso a los recursos necesarios para salir de una situación de violencia.
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