Para poder analizar el turismo sexual, se tiene que valorar desde multiplicidad de dimensiones, tanto políticas, como sociales y económicas; pero principalmente es debido a que existe una demanda. En muchos casos, las personas que se ven obligadas a llevar a cabo estas prácticas lo hacen desde grandes condicionantes, como bien pueden ser la violencia, la pobreza (que además de extrema, es desigual y se concentra en zonas rurales) o bajo amenazas de muerte. Las desigualdades sociales y falta de recursos económicos suele ser la principal razón, aunque haya otras mujeres que han sido engañadas y captadas por organizaciones y redes criminales a través de familiares o conocidos.
En otros casos, se trata de mujeres jóvenes que necesitan pagar sus estudios y recurren a este negocio de manera esporádica. Poniendo de ejemplo el caso de Camboya, se puede decir que la prostitución está estrechamente relacionada a la industria textil, así como al sector servicios, puesto que en ambos se dan unas condiciones muy precarias e inseguras, además de no recibir sustento económico para poder mantener a sus familias, por lo que son inducidas a entrar en la industria del sexo. Si bien es cierto que tanto en Camboya como en Filipinas han intentado endurecer las penas respecto al tráfico de personas y la explotación sexual infantil, no es una regulación estricta para el turismo sexual: en el primero, se calcula que unos 30.000 niños y niñas estarían insertos en esta industria.
En Indonesia y Malasia, por ejemplo, se implementan normas más vinculadas a la religión, por lo que no solo se penaliza al consumidor, sino también a quien ofrece el servicio. Otro punto a destacar es la feminización de la migración laboral, dado que la mayoría de las mujeres explotadas no se encuentran en su ciudad o país de origen. Por ejemplo, muchas inmigrantes en situación irregular que se encuentran en Tailandia, proceden de países como Myanmar, Camboya, Laos y China.
El turismo sexual es una práctica que beneficia enormemente el desarrollo económico de los países especializados en él, estando las instituciones profundamente conectadas a su invisibilización y perpetuación, teniendo por tanto una óptica capitalista internacional. De hecho, en países como Indonesia, Filipinas y Tailandia, la industria del sexo genera entre un 2% y un 14% del PIB y, por tanto, en Filipinas, por ejemplo, muchos de los establecimientos están vinculados a este sector (agencias turísticas, centros de masaje y/o saunas). Además, los países asiáticos que cuentan con una economía creciente, que son Japón, China y Taiwán, son quienes más participan en esta industria como consumidores en Tailandia, Camboya y Filipinas.
En España el 94,5% corresponde a mujeres en situación de prostitución, un 1,58% son de mujeres transexuales en situación de prostitución, y un 1,84% de hombres en situación de prostitución (Ministerio de Igualdad, 2024).
Según el artículo de Dámaris Fernández en Artículo 14, España se encuentra dentro de los diez países del mundo que más turismo sexual ofrecen, teniendo esto su raíz en el extenso número de locales y mujeres migrantes de otros países (procedentes principalmente de América Latina, y Europa) que han llegado al territorio nacional mediante redes de explotación sexual, ubicándose en zonas de Cataluña, la Comunidad de Madrid y, sobre todo, las Islas Baleares. Asimismo, la legislación vigente en España respecto a esta cuestión permite que se ejerza esta violencia sexual con impunidad. El hecho de que el turismo sexual español resida sobre todo en las Islas proviene de la gran demanda turística que, cada vez más, se está promoviendo en éstas.
Sobre el impacto en la economía, “el tráfico de drogas encabeza la lista, representando un 0,5% del PIB, seguido de la prostitución (0,35%) y, más a distancia, el juego ilegal con un 0,07%. En total, estas actividades ilegales alcanzan una cifra similar a la que España destinó a defensa en 2024” (La Sexta, 2024).
Además, el auge de las nuevas tecnologías y redes sociales ha dado pie a que la juventud se introduzca cada vez más pronto en este negocio: según una encuesta de 2020 llevada a cabo por el INJUVE, se calcula que un 10’6% de personas con una edad comprendida entre los 15 y 29 años reconocieron haber sido consumidores de prostitución.
El turismo sexual trae consigo efectos negativos a gran escala que engloban tanto aspectos legislativos, como económicos, sociales y éticos. Se genera la imagen de que la prostitución y la explotación sexual forman parte del ocio turístico y se da un aumento de la demanda de sexo comercial, lo que puede financiar redes de trata de personas (cabe recordar que sin demanda, no hay oferta). De hecho, en el caso de España, según datos del CITCO, entre los años 2017 y 2020 se detuvieron a 883 individuos con motivo de trata sexual, y a otros 824 por explotación sexual. Además, conlleva la fragmentación del tejido social en cuanto a conflictos entre las autoridades, los turistas y los residentes de la zona.
Este negocio promueve unas prácticas ilegales que son muy complicadas de regular al contar con una colisión de legislaciones entre países.
Económicamente hablando, se puede decir que si bien es un sector que proporciona elevados ingresos, no otorga desarrollo alguno a la sociedad, siendo la “justificación” económica completamente inservible. La dependencia que se da, de una economía basada en la explotación sexual de principalmente mujeres y niñas, más bien, incrementa las desigualdades y normaliza la violencia.
El turismo sexual no sólo perpetúa la feminización de la pobreza, sino que en el sector sanitario también tiene graves repercusiones: las enfermedades de transmisión sexual son un peligro constante. Además, los trastornos de salud mental como la ansiedad, depresión o disociación se dan con frecuencia en las mujeres explotadas. Cabe destacar que la despersonalización y cosificación de éstas suponen una pérdida tanto de autonomía como de dignidad y dificulta la posterior reinserción social, por motivos como el estigma o las trabas institucionales.
En definitiva, el turismo sexual profundiza en serie de desigualdades que se reproducen a nivel mundial y que ponen de manifiesto una necesaria movilización social para frenar esta realidad que con permanentes violaciones de los derechos fundamentales y que mancha nuestra sociedad de violencia.
Para más información sobre el contexto asiático revisa la Parte I de la noticia.
Autora: Belén Colmenero Rodríguez, voluntaria de Fundación Mujeres.
