En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se ha aprobado una medida de ampliación de los mecanismos por los cuales se puede obtener la acreditación de la condición de víctima de violencia de género. Dicho título habilitante se aprobó en la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 3 de abril, y presidida por la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo.
De esta forma, ya no es necesario haber interpuesto una denuncia para poder obtener la acreditación que se menciona, y las correspondientes prestaciones sociolaborales. Los informes realizados por profesionales de servicios sociales, diversos servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género, adquirirán validez para tal efecto. Este modelo será común para todo el territorio, tal y como se ha acordado entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas. Estas se encargarán del establecimiento de los organismos y servicios a los que las víctimas podrán acudir para obtener la acreditación.
El objetivo radica en facilitar la accesibilidad a los diversos derechos y beneficios recogidos en la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 para las víctimas, y que hasta este momento se restringían a las mujeres cuyos procesos judiciales reconociesen tal condición de víctima de violencia de género, es decir, las denunciantes con sentencia condenatoria.
Los 100 millones del Pacto de Estado se han repartido entre las comunidades en función de diversos criterios territoriales y poblacionales, atendiendo de forma especial a las mujeres con mayor vulnerabilidad.
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