La Diputación de Granada a través de su Delegación de Igualdad ha puesto en marcha un servicio gratuito en línea para el acompañamiento y apoyo psicológico a mujeres en situación de prostitución en entornos rurales.
Este proyecto surgió inicialmente como una iniciativa piloto para atender a mujeres víctimas de violencia de género en entornos rurales pero que, por las características y demandas del entorno, se extendió rápidamente a otras mujeres en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de trata y explotación sexual.
Está previsto para implementarse en municipios de menos de 20.000 habitantes en los que no hay centros de información a las mujeres o una atención pública de este tipo. Está dirigido a combatir el estigma, el aislamiento y la exclusión social que sufren estas mujeres, a las que la presión social les provoca en muchas ocasiones situaciones de ansiedad e irritabilidad.
Este servicio confidencial en línea no pretende sustituir la atención psicológica presencial, aunque también se ofrece de manera telefónica en caso de que la mujer no disponga de los medios telemáticos necesarios. La atención y el asesoramiento está a cargo de la Asociación de Mujeres Psicología Feminista.
Desde su activación en marzo de 2020 hasta el pasado diciembre, se han realizado alrededor de 300 atenciones de ayuda psicológica en los 32 municipios en los que se ofrece el servicio. En más del 80% de los casos, las demandantes eran víctimas de violencia de género, ya sea por maltrato o agresiones sexuales, por parte o no de la pareja.
La mayoría de las mujeres que deciden pedir ayuda suelen tener entre 40 y 50 años, aunque también hay menores e incluso mayores de 70 años. Son mujeres con hijos e hijas a su cargo, en situación de desempleo o con trabajos temporales o a tiempo parcial y que por lo general han sufrido más de un tipo de violencia, ya sea física o psicológica.
En el caso de las víctimas de explotación sexual, suelen dar el paso de pedir ayuda cuando han salido o están tomando la decisión de salir de esa situación, “porque tienen miedo a ser juzgadas o a perder a sus hijos”.
En el mundo rural, las mujeres ponen de manifiesto una situación de aislamiento y de dificultad para acceder a los servicios sociales, a lo que se une el estigma del que son objeto y que condiciona su vida, una realidad social invisibilizada que, en opinión de Mercedes Garzón, la diputada provincial de Igualdad, las instituciones tienen la obligación de atender.
Esto se corrobora en una investigación publicada por la Federación de Mujeres Progresistas donde se explica que, cuando se abordan las redes de apoyo, es importante tener presente las características de los contextos rurales, porque si bien es cierto que en las comunidades de menor tamaño hay más posibilidades de establecer relaciones de cercanía y contar con red social; también hay una sobreexposición de las mujeres que han sido prostituidas (de forma ocasional o más permanente) porque en los núcleos de población pequeños, es más difícil mantener el anonimato y el estigma de la prostitución puede recaer sobre ellas con más fuerza. Este hecho, aunado con que en los contextos rurales las oportunidades de inserción laboral tienden a ser más escasas, dificultan la salida de situaciones de prostitución.
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