Las negociaciones sobre la directiva europea de violencia machista han comenzado y con ella, la división entre los estados miembros. Mientras el Parlamento Europeo aboga por la inclusión en el texto del delito de violación, en su vinculación con la ausencia de consentimiento, la mayor parte de los Estados miembros se muestran reticentes a esto.
Únicamente nueve de los 27 Estados miembros se muestran a favor de incluir el delito de violación en el texto final. Una cuestión que se vislumbró en la segunda sesión de negociaciones entre la Eurocámara y la presidencia española del Consejo, que negociará en nombre de todos los miembros durante los próximos 6 meses.
Una de las cuestiones principales en las que el Parlamento Europeo y algunos países chocan, es en la propia definición de violación. Mientras la Eurocámara, entiende que la violación está caracterizada por la ausencia de consentimiento, algunos estados todavía defienden que debe de existir uso de la fuerza por parte del agresor para poder considerarlo delito de violación.
En el centro del debate, se encuentra un informe de los servicios legales del Consejo que considera que el delito de la violación queda fuera de las competencias comunitarias.
Entre los estados que se han mostrado abiertamente a favor de la introducción de la violación en el texto, se encuentran Grecia, España (antes de la presidencia), Italia, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda. A mayores, Finlandia y Croacia han dado «indicaciones verbales» de que se posicionarían a favor y Suecia, que no se ha pronunciado todavía, sí habría hecho referencias en esta misma línea durante su presidencia.
Nuevos frentes abiertos
En contraposición, el resto de países se muestran reticentes con esta cuestión, por diferentes motivos y en diferentes grados de disconformidad.
Frances Fitzgerald, diputada irlandesa encargada de negociar en nombre de la institución, aplaude la motivación de España para sacar adelante este punto concreto de la directiva, aunque señala que «todavía queda mucho por hacer» para lograr la mayoría necesitada de los Estados miembros. Pide además a España, que pese al trabajo que está desempeñando en otras áreas, haga el máximo esfuerzo posible para que la violación se incluya en la directiva.
Aunque también ha hecho hincapié en que España, deberá defender la opinión mayoritaria de los socios y no la suya propia durante la presidencia.
Por último, Fitzgerald también declaró que una directiva de violencia contra las mujeres que no referencie las violaciones, «una de las agresiones sexuales más graves», sería muy difícil de explicar para las mujeres europeas.
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