Save The Children presentó el informe «Por una justicia a la altura de la infancia» en el que analiza 389 sentencias recientes de abusos sexuales contra la infancia en España.
¿Quiénes son las víctimas?
En el 80,3% de los casos la víctima es una niña o chica adolescente. El 50% de los casos ocurren cuando la víctima tiene entre 10 y y 14 años, siendo el promedio de edad en el que comienzan los abusos los 11 años. En el 68,6% de los casos se trata de una única víctima aunque en algunos llega a haber hasta 7 víctimas.
En el 3,8% de los casos se menciona que la victima tiene algún tipo de discapacidad, aunque cabe destacar que en un 28,9% de los casos no consta ningún dato al respecto y que en el 67,3% de los casos consta explícitamente que la victima no posee ninguna discapacidad.
¿Quiénes son los agresores?
Se mantiene la tendencia con respecto a años anteriores y en 8 de cada 10 casos el agresor es un conocido de la víctima o de la familia. Se sigue destacando el conocido perteneciente al circulo familiar, tratándose en la mayoría de los casos del padre de la víctima o de la pareja de la madre de la víctima y crece el porcentaje de conocidos no pertenecientes al circulo familiar (amigos o conocidos de la familia o la víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, etc.), ubicándose en torno al 42,3% de los casos.
Si bien el 67,2% de los agresores no tenía antecedentes, el informe destaca un incremento entre quienes si tenían (8,6% de los casos).
¿Quiénes destapan los casos?
Son en su mayoría (28% de los casos) las madres quienes activan el proceso para descubrir y posteriormente denunciar estos delitos, a pesar de que luego, en muchos casos son señaladas y culpabilizadas durante el proceso judicial y posteriormente utilizando el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), como demuestra el informe Violencia institucional contra las madres y la infancia. Las siguen las propias víctimas que a través de sus testimonios dan cuenta de lo que padecieron o padecen (21,8% de los casos).
¿Cómo es el proceso judicial?
Duración: en los casos analizados para el periodo 2021-2022 se observa un incremento en la duración de los procesos judiciales, siendo actualmente de entre 2 y 3 años cuando en el periodo anterior (2019-2020) el promedio se encontraba entre 1 y 2 años.
Condenas: el 88,3% de los casos tienen condenas. El 39,3% de entre 2 y 5 años, el 36,6% de más de 5 años y el 13,2% de menos de dos años.
Declaraciones: el informe asegura que aún hoy las víctimas deben declarar más de una vez antes del juicio, llegando algunos casos a haber declarado hasta tres veces previas, en la policía, fiscalía y juzgado. Cabe recordar que esta situación es sumamente revictimizante para la víctima y puede tener graves consecuencias en su salud física y emocional.
A pesar de lo anterior, la declaración resulta fundamental al momento de la resolución de cada caso. En un 69,9% la declaración de la víctima se considera eficaz para probar los hechos. De aquí también se desprende la necesidad de preservarla previo al juicio.
Frente a estos resultados el informe destaca la necesidad de una justicia especializada que aplique de manera integral la normativa tanto internacional como nacional disponible para la preservación de la integridad de las victimas, al tiempo que contribuya a el pleno goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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