El proyecto de ley para despenalizar el aborto fue aprobado por el Senado el 19 de julio, lo que suponía un avance que los movimientos feministas llevan tiempo reivindicando. Estaba previsto que al día siguiente fuera aprobado en la Cámara de los Diputados, si bien el proyecto ha tenido que volver a una comisión mixta del Congreso tras la abstención de un diputado, a pesar de que contaba con 60 votos a favor y 40 en contra. El proyecto de ley supone la legalización del aborto para tres causales: violación, inviabilidad del feto o riesgo para la vida de la madre.
La situación de violencia contra las mujeres en Honduras sigue aumentando. En un contexto de violencia continuada los feminicidios del último mes son alarmantes. La Convención sobre Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación por el contexto de criminalidad e impunidad que tiene lugar en Honduras, resaltando la violencia contra las mujeres en el país.
El pasado 30 de junio, las personas participantes en la subcomisión para el Pacto de Estado por la Violencia Machista, deberían haber presentado un documento de consenso sobre el mismo. Al no existir consenso, por segunda vez desde la constitución de la subcomisión, se concedió una prórroga para su presentación, el 31 de julio, y fue entregado un segundo borrador a los diferentes grupos parlamentarios el pasado 12 de julio por el Partido Popular.
El 1 de mayo de 2014, se unieron a la manifestación convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) un grupo de mujeres que realizaron un la procesión de “coño insumiso” para protestar contra la ley de aborto de Gallardón, contra la homofobia y contra los recortes en los derechos laborables. Mujeres con la cabeza tapada portaban una vulva que parecía una virgen, seguidas de mujeres vestidas de mantilla gritaban insignias para reivindicar los derechos de las mujeres, como por ejemplo “la Virgen María también abortaría”.
Ayer, 29 de junio, el Consejo de Ministros presentó el I Informe de seguimiento del Plan Integral de la Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018.
Tras casi 7 meses de incertidumbre, el Senado dominicano ratificó su postura en contra del aborto con la aprobación de un nuevo Código Penal, el pasado 31 mayo, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. La sociedad dominicana, y en concreto los grupos feministas, pueden perder una larga batalla que saltó a la palestra internacional con el caso Esperancita hace 5 años: una menor, embarazada y con leucemia, murió en el hospital tras la negativa de los doctores a tratar la enfermedad, alegando que los medicamentos causarían la muerte del feto. Finalmente, ambos perdieron la vida.
Desde Fundación Mujeres se realizó la semana pasada desde el 19 al 23 de junio una campaña por la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos Armados, en el marco del proyecto «Comprometid@s por la igualdad«, cofinanciado por el ayuntamiento de Madrid.
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