El pasado 22 de julio, la Conferencia Sectorial de Igualdad (CSI) aprobó en el ‘Acuerdo de Tenerife‘ un marco de cooperación en materia de violencia contra las mujeres que favorezca la institucionalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y reforzar la colaboración entre la Administración General del Estado (AGE) y las Comunidades Autónomas.
En la rueda de prensa ofrecida por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, y la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; hacían referencia a que el objetivo de este Acuerdo radica en mejorar la atención y protección de las víctimas de diferentes formas de violencia machista, a través del establecimiento y la financiación de políticas públicas en materia de violencia de género.
En este sentido, la Secretaria de Estado aludía a que este Acuerdo consigue que las políticas públicas contra la violencia de género sean Políticas de Estado, con el fin de que puedan tener una mayor continuidad de forma independiente a los Gobiernos que puedan sucederse en los próximos años. Además, mencionaba el conjunto de medidas adoptadas que establecen la próxima hoja de ruta en la materia.
Así, se ha acordado una prórroga del Pacto de Estado, de forma que desde la CSI se insta a las Cortes Generales a que se renueve el dictamen del Pacto de Estado y se amplíe el horizonte temporal del mismo, que de otra forma finalizaría el 28 de septiembre de este mismo año. En la misma línea, con motivo del pasado 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, casi todos los grupos parlamentarios firmaron un acuerdo de renovación del Dictamen, donde se plasmó la voluntad de todos los agentes institucionales de continuar el trabajo para el cumplimiento del Pacto y de ampliar el marco que ampare el desarrollo de políticas públicas en materia de lucha contra la violencia de género.
De esta forma, en el Acuerdo de Tenerife se establecen acuerdos entre las diferentes administraciones, que constituyen el marco de cooperación entre la AGE y las Comunidades Autónomas al que se viene haciendo referencia, y que supone la herramienta que se utilizará para el establecimiento de las políticas contra la violencia de género. Desde este momento, las políticas tendrán que desarrollarse en planes de actuación conjuntos de 5 años de duración, y deberán detallar a través de un catálogo de referencia, las políticas, y los servicios y prestaciones (en investigación y recogida de datos, protocolos y políticas para la detección precoz, atención integral, reparación de las víctimas, etc.) a los que tendrán derecho las mujeres víctimas. Este catálogo permitirá orientar a los gobiernos autonómicos, e identificar los hitos del Pacto de Estado en los próximos 5 años. Uno de los aspectos importantes al que hacían referencia en la rueda de prensa, es la flexibilización de la política de gasto a la que podrían dar lugar los citados planes de actuación, permitiendo que el gasto pueda ser plurianual, y que se pueda destinar el gasto al personal que trabaja en materia de violencia de género, favoreciendo una mayor estabilidad y mejora en las condiciones laborales de las trabajadoras del sector.
Han destacado también la importancia de que, gracias a estas medidas adoptadas en la CSI, se amplíe el foco del Pacto de Estado a más formas de violencia contra las mujeres, tales como la violencia vicaria, la violencia sexual, trata con fines de explotación sexual, la violencia que sufren las mujeres en situación de prostitución, la violencia digital, etc.; y de que se incluyan aspectos sobre cooperación institucional en materia de transformación estructural y prevención. A su vez, aluden a que el avance en el trabajo de prevención de la violencia contra las mujeres debe implicar cambios estructurales en la educación.
Otros aspectos relevantes citados en la rueda hacen referencia a la inclusión de acuerdos en materia de formación a profesionales que intervienen en todo el proceso de la violencia de género y de recuperación de las víctimas, y al establecimiento de un mecanismo conjunto de información y evaluación de las políticas públicas en materia de violencia de género.
Finalmente, han citado un nuevo mecanismo de análisis y respuesta ante los feminicidios que permita convocar gabinetes de crisis, no solo ante repuntes (lo que implicaría más de 5 asesinatos en un mes, en el territorio nacional), sino también cuando haya especiales características en un feminicidio.
Para acabar, se prevé que la próxima Conferencia Sectorial tenga lugar en noviembre, y se especifica que el Acuerdo entra ya en vigor, ya que al ser aprobado por la Conferencia, ha quedado ratificado.
Puedes escuchar a continuación la rueda de prensa del pasado viernes 22 de julio:
Para más información consulta los siguientes enlaces: