Según organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, la tortura sexual en México es practicada casi sistemáticamente a mujeres que son detenidas por agentes del Estado, ya sean policías, elementos del Ejército o de la Marina.
En el foro Hacia la Erradicación de la Tortura Sexual a Mujeres en México, la ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tracy Robinson, expresó que una de las mayores preocupaciones para este organismo es que la práctica de la tortura no es sancionada. Según Robinson, esta violencia contra las mujeres provoca diversas consecuencias como “la pérdida del espíritu” en las indígenas, o hace creer a la sociedad que fue una lección correctiva contra quienes “no cumplen con la feminidad”.
Los fines de la tortura contra las mujeres son: amedrentar comunidades indígenas, como ocurrió con Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú en 2002, o con la intención de obtener una declaración inculpatoria, como fue el caso de Verónica Razo Casales (junio de 2011), de Claudia Medina Tamariz (agosto 2012) o de Belinda Garza Melo (julio de 2007).
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, advirtió que la práctica de tortura persiste en el país y se agrava cuando se comete contra mujeres, adolescentes y niñas, utilizando la violencia sexual como un medio para obtener sus fines, llegando a configurar tortura sexual.
El septiembre pasado, la Procuraduría General de la Republica (PGR) publicó el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura, que define los principios y procedimientos de actuación para agentes del Ministerio Público, personal de servicios periciales y policías, y responsables de la investigación, pero los expertos aseguran que “nada ha cambiado”.
El 14 de diciembre, el Ejecutivo federal envió al Senado la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que propone crear dos tipos penales, crear un mecanismo de prevención y garantizar derechos de las víctimas. A pesar de los esfuerzos de los organismos defensores de los derechos humanos, la propuesta sigue en análisis de la Cámara alta.
Entrevista a Claudia Medina en eldiario.es
Eleconomista.com: Tortura sexual, práctica sistemática en detenidas