El Estado debe tener una intervención positiva para restaurar la situación en que se encontraba la víctima antes de padecer el delito o al menos paliar sus efectos. Por ello, el Decreto 374/2011, constituye la regulación del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía como un servicio público que tiene la finalidad de prestar una atención integral y coordinada, basada en la igualdad de género como principio transversal de todas sus actuaciones, a las víctimas de delitos y faltas en Andalucía y dar respuesta a sus necesidades específicas en los ámbitos jurídico, psicológico y social, mediante la intervención interdisciplinar de las personas profesionales encargadas de su prestación.