El Gobierno Popular modifica la ley de despenalización del aborto aprobada en 2010 por el gobierno socialista y prohíbe el aborto de las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento de los padres con 192 votos a favor. Aprobándose esta reforma, se está abocando a las menores a un aborto inseguro o clandestino.
Las mujeres, las grandes perjudicadas
Estudios de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) confirman que el porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que accedieron a una IVE es del 3,60% y de ellas, tan solo un 12,38% no pudieron informar a sus padres, madres o personas tutoras. Sólo un 0’44% del total de abortos los llevan a cabo menores, “por lo que podemos afirmar que el PP viene a proteger a unas menores -las que pueden y comunican a sus padres la situación, que ya están protegidas- y viene a poner en riesgo y a ahondar en su desprotección, a las menores que la actual Ley ampara”, afirma ACAI.
Las razones principales por las que una menor no comunica a sus padres la situación son: desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna o materna invalidante, padres y madres abiertamente contrarios al aborto provocado o que por voluntad propia renuncian a conocer y a acompañar a la menor.
Con este gesto, las y los votantes a favor de la reforma contradicen la voluntad general, que se ha expresado claramente por el derecho de cada mujer a decidir su maternidad. También ignoran que las estadísticas oficiales revelan que con la ley de plazos el número de abortos bajó en 2013 un 3,3% menos que en 2012 y que la proporción de abortos de menores de 20 años también bajó, del 12,95 al 12,23%. El Partido Popular se basa en que las para las menores, la maternidad no es su derecho y responsabilidad, sino la de sus padres, madres o tutores.
Reforma tachada de electoralista
Desde diferentes fuentes, se han hecho menciones a la posibilidad de que el PP acceda a retirar de la ley el reconocimiento del “aborto como derecho” con el objetivo de satisfacer a los diputados y diputadas pro-vida de su grupo parlamentario. El Fórum de Política Feminista denuncia que a punto de finalizar la legislatura, y no resignado al fracaso de la Ley Gallardón, el PP ha presentado una Proposición de Ley Orgánica “que usa un derecho de las mujeres como mercancía para el sector integrista de su electorado”.
También el Consejo de la Juventud de España califica la reforma de la ley del aborto como estrategia “electoralista”. Añaden en un comunicado que “del mismo modo que no se les puede obligar a ser madres a las que no quieren, no se puede negar el derecho a serlo, a las mujeres que no responden al modelo de familia tradicional, como las lesbianas, las bisexuales y las solteras, obstaculizando los mecanismos de reproducción asistida”.
El argumento a favor de la reforma es que las menores pueden eludir el consentimiento paterno o materno por vía judicial, pero el Consejo de la Juventud considera que la justicia no tiene las herramientas necesarias para asegurar la libertad de las jóvenes y que la sentencia puede producirse fuera del plazo legal establecido para poder abortar. El Consejo apuesta por mecanismos no prohibitivos de la libertad que aseguren el acceso a anticonceptivos y métodos de prevención frente al VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.
Según esta institución, la reforma incumple la recomendación del Comité de la ONU en los Derechos del Niño, donde recoge que confía en la decisión sobre la libertad sexual y reproductiva de las jóvenes. También quebranta una norma acordada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desestima la tutela legal paterna o materna como condición para decidir sobre los derechos sexuales y reproductivos de las menos de 16 y 17 años.
Trabas al aborto como estrategia económica
El Forum de Política Feminista concluye que “en vísperas de tres procesos electorales, cuando en la débil recuperación económica crece la discriminación de las mujeres, el PP sólo nos ofrece parir y sustituir con nuestro trabajo doméstico no pagado el cuidado de la infancia y otros familiares en situación de dependencia recortado en los servicios públicos”.
ACAI advierte de que existe la posibilidad de que el Ejecutivo busque eliminar la prestación sanitaria de aborto provocado de la cartera general de servicios y derechos sanitarios” y que esto supondría un “grave retroceso para la salud y los derechos de las mujeres, quienes se verían obligadas de nuevo a pagar por una prestación que debe ser gratuita y garantizada por el Sistema Nacional de Salud”.
Los diputados y las diputadas de la oposición de los partidos de izquierda han presentado su indignación al dar por sentado que si estas jóvenes abortan sin el consentimiento de sus padres es porque el conocimiento de su situación puede ponerlas en peligro. La portavoz de Igualdad del Psoe, Carmen Montón, ha recalcado que rechazaron la Proposición de Ley y ha lamentado que el Gobierno “haya roto el consenso” con el que se aprobó la ley de 2010. Ahora empieza la tramitación, puesto que esta reforma tiene la mayoría para ser tomada en consideración.
Noticia publicada en Amecopress (ver noticia en la fuente original)