El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha publicado recientemente las estadísticas para el primer trimestre del año en curso, en las que se pone de manifiesto un aumento de las medidas judiciales de protección a los menores víctimas de violencia de género, ello con respecto al mismo período del año 2015.
A decir de la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, el incremento de las medidas judiciales de protección a los menores en el ámbito de la violencia de género obedece a las reformas legales que han tenido lugar en los últimos meses. En este sentido, es de señalar la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que ha incluido a los menores como víctimas directas de la violencia de género; así como las modificaciones realizadas al Estatuto de la Víctima, que disponen que el juez debe pronunciarse de oficio sobre las medidas civiles que afecten a los menores y su protección.
Dichas modificaciones normativas han conllevado a un incremento del 280 por ciento en la medida de suspensión de la patria potestad, el 125 por ciento en la permuta de vivienda, el 112 por ciento en las medidas adoptadas judicialmente para evitar un peligro o perjuicio para el menor, o el 65 por ciento de incremento en las medidas de suspensión de la guarda y custodia.
Asimismo, las estadísticas publicadas por el Observatorio demuestran un aumento de las denuncias y las víctimas de violencia de género, para un total de 32.031 mujeres que figuran como víctimas. Incremento que igualmente se refleja en la cantidad de denuncias presentadas por la propia víctima; las solicitudes y respectivas concesiones de órdenes de protección; o el incremento de las condenas, ya sea por los juzgados de violencia sobre la mujer, los juzgados de lo penal y audiencias provinciales, o los juzgados de menores.
Si bien es positivo el aumento de las medidas de protección a los menores víctimas de la violencia de género, cierto es que las estadísticas reflejan un incremento con respecto al período anterior, lo que no debe pasar desapercibido en ningún caso para agentes sociales y sociedad en general, que deberán ser más colaborativos y activos en la prevención y denuncia de los delitos y faltas por violencia de género, y sus correspondientes consecuencias.
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