La Ley Maria da Penha crea mecanismos para frenar la violencia doméstica y familiar contra la mujer, de conformidad con el § 8 del arte. 226 de la Constitución Federal, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Se prevé la creación de la Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer; se modifica el Código de Procedimiento Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal; y otras medidas.
El presente Decreto tiene por objeto reglamentar las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 de 2008, en relación con las competencias de las Comisarías de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los Juzgados Civiles y los Jueces de Control de Garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la Ley para su protección, como instrumento para erradicar’ todas las formas de violencia contra ellas.
Este Decreto reglamenta parcialmente los artículos 8, 9, 13 Y 19 de la Ley 1257 de 2008(encuentra la Ley aquí) y se dictan otras disposiciones. Adopción de medidas para la detección y prevenciónde la violencia contra la mujer y para su atencióna través de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud que como tal permitan la aplicación de los artículos 8, 9, 13 Y 19 de la Ley 1257 de 2008.
Esta ley tiene como objeto adoptar medidas de prevención, protección y asistencias necesarias para garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las Victimas de posibles Victimas de la TRATA DE PERSONAS, tanto las residentes o trasladadas en territorio nacional, como los colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito.
Esta ley dispone la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativosy judicialespara su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.
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