Por Lucía Alba López Rodríguez– Equipo de Trabajo del Observatorio de Violencia.
El fiscal provincial de Ourense no encuentra falta o agravio punible contra el presidente de la diputación y cabeza numero uno del Partido Popular en esta provincia, José Manuel Baltar Blanco, quien habría ofrecido un puesto de trabajo a una mujer, a cambio de mantener con ella relaciones sexuales.
Bien, todo muy normal. Según fuentes procedentes de la fiscalía, el encargado de evaluar el caso, examinó y descartó contundentemente los tres supuestos por los cuales fue interpuesta la denuncia. Examinemos los motivos:
El primer supuesto relativo a las conductas contra la libertad sexual, resultó desestimado rápidamente, tan solo con el absurdo señalamiento de la mayoría de edad de la denunciante (pues nada, como muchxs somos mayores de edad, al sistema legislativo y al estado de derecho mejor los mandamos a freír puñetas). Para reforzar su argumento el fiscal recurre a la declaración de la denunciante, la cual manifestó cómo “No medió uso de fuerza o intimidación”, porque claro, con fuerza o intimidación seguimos manteniendo la interpretación decimonónica del único e inigualable, el eminente acto físico (por más que señalamos y explicamos aquello de la violencia económica, psicológica o simbólica, a algunos esto les sigue sonando a chino). Vamos, el tan burdo y típico “si no te ha tocado, no ha pasado nada”.
En lo que respecta a los otros dos supuestos restantes (cohecho y abuso de poder) el fiscal resuelve que no pueden serle atribuidos, puesto que este no se encontraba aun al frente de la diputación. Entonces suponemos que se trataba tan solo de otro hijo de papá ( por cierto, el entonces presidente) que andaba jugando caprichosamente con la vida y la estabilidad de las personas…vaya, esto me sigue sonando a abuso de privilegio, y no resulta descabellado pensarlo, cuando esté aun no era presidente de la diputación, pero si lo era ya del PP provincial. Dígame señor fiscal, ¿en serio se encuentra convencido de que Baltar junior tan solo es un individuo cualquiera, sin influencia, ni capacidad alguna, dentro de los límites de la provincia?.
Para terminar de rematar la faena el encargado evidencia (supongo que para tranquilizarnos de alguna extraña y retorcida manera) que tampoco nos encontramos ante el supuesto de que se hubiera procedido a la contratación de la mujer acosada. Mucha razón lleva, si señor, pero no sé en qué demonios ayuda semejante argumento. Si con ello pretende señalar que Baltar se mantuvo firme como buen servidor público, evitando la promoción de personal a su antojo; a mi lo que no se me va de la cabeza es que a parte de coaccionar a esta mujer, la estafó prometiéndole algo que no pensaba cumplir.
Todo resulta francamente estremecedor y a ratos nauseabundo.
Por otro lado, la fiscalía informa que la denunciante efectivamente fue llamada a declarar y a aportar pruebas y datos, que tras “ser analizados debidamente”, fueron desestimados. Pues bien, durante todo este proceso el denunciado nunca fue llamado a declarar, es decir, el interfecto nunca fue “molestado” por un asunto de semejante gravedad, por que a efectos judiciales, así lo establecen dichos cauces legales. En definitiva, me queda clara una cosa: en este proceso una de las partes ha resultado invariablemente inocente hasta que se demostrase lo contrario; de la otra, desgraciadamente, no podemos decir lo mismo.
Esto es lo que sucede cuando un sistema judicial demuestra carencias, y esto (aunque les siga sonando a chino, no nos cansaremos de repetirlo) también se llama violencia. Violencia institucional, para ser exactos, y de paso, también, para que vayan familiarizándose más con el término.
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