A raíz de las recientes sentencias de dos casos de violencia sexual en que los agresores sexuales han evitado entrar en prisión al llegar a un acuerdo con las víctimas, se ha hecho más evidente la necesidad de una reforma para evitar que las víctimas de agresión sexual revivan su sufrimiento durante el juicio tras haber colaborado en la investigación.
Por una parte, en Estepona (Málaga) en 2018, dos policías locales violaron a una joven y no van a entrar en prisión tras un acuerdo donde ambos se comprometen a realizar un programa de educación sexual e indemnizar a la víctima con 80.000€. Por otra parte, en 2019 en Mula (Murcia), un jefe que violó a una de sus trabajadoras temporeras tampoco va a entrar en prisión tras aceptar pagar una multa de 6.000€ y asistir también a un curso de educación sexual.
El pasado 4 de agosto Teresa Peramato Martín, Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, y Marisa Soleto Ávila, jurista directora de Fundación Mujeres, reclamaron poner en marcha reformas legales en los juzgados de violencia machista para evitar que las víctimas de agresiones sexuales declaren en juicio oral y tengan que revivir su sufrimiento. Como dice Soleto, hay que «entender y respetar» la decisión de una víctima «que no quiere volver a pasar por el calvario» sufrido durante un procedimiento judicial muy lento.
Teresa Peramato pide, por un lado, que se realice una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el testimonio de las víctimas de delito contra la libertad sexual durante la instrucción del caso se convierta en prueba preconstituida, permitiendo así a la víctima no volver a declara en el juicio oral. Por otro lado, también pide que los juzgados de violencia sobre la mujer se ocupen también de violencia sexual, con formación específica para los y las fiscales y los jueces y juezas, lo cual ya recoge la Ley del ‘Solo sí es sí‘.
Marisa Soleto asegura que «no podemos decirle a una persona que mantenga la herida abierta cuatro años». Además, hay un «conjunto de circunstancias que mandan un mensaje muy potente de impunidad« a la sociedad, pudiendo llegar a pensar que «sale muy barato» cometer este tipo de delitos contra las mujeres. Por eso considera que los tribunales deberían ser «rigurosos en la aplicación de las penas» a los acusados por delitos contra la libertad sexual; diferenciando entre el acuerdo al que pueden llegar las víctimas con ellos para acabar con el proceso y evitar así una mayor revictimización y la decisión final de los tribunales de rebajar las penas. Especialmente en casos como los mencionados donde hubo un abuso de autoridad evidente, ejercido por los policías y por un jefe con su empleada.
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