Esta publicación forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el marco del proyecto “Educar en Igualdad Extremadura”, un programa de Fundación Mujeres desarrollado gracias a los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con cargo a los créditos recibidos por el Ministerio de Igualdad. Secretaría de Estado de Igualdad. Subvencionado por la Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura. SINCO/2021/0000002836
Por Oihane García González – Alumna en prácticas del Eje de Empoderamiento de Fundación Mujeres
La violencia contra las mujeres constituye una violencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, e impide el total desarrollo de un estado social y democrático de derecho. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz y el respeto por los derechos de las mujeres y niñas.
A pesar de que a lo largo de la última década se hayan conseguido ciertos avances, todavía existen muchas dificultades, siendo una de ellas, que las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, lo cual conduce, entre muchas otras cosas, a que las mujeres sigan estando infravaloradas a todos los niveles del liderazgo político.
Las mujeres no solo tienen poca representación como votantes, sino que también tienen poca representación en los puestos directivos. Esta realidad reduce las probabilidades de las mujeres de tener capacidad como líderes y agentes de cambio, al igual que también reduce su derecho a participar por igual en la gobernanza democrática.
El peligro en que esto pone el liderazgo y la participación política de las mujeres (tanto en el ámbito local como el mundial), tiene un impacto directo y negativo sobre sus derechos, por lo que esta limitación a la que las mujeres se enfrentan, supone también un acto de violencia hacia ellas.
Los datos, de hecho, son preocupantes:
- En solo 22 países hay jefas de Estado o de gobierno.
- 119 países nunca han sido presididos por mujeres.
- Solamente 10 países están presididos por una jefa de estado, y 13 países tienen jefas de gobierno.
- Solo el 21% de las personas que ocuparon ministerios fueron mujeres.
- Apenas en 14 países los gabinetes de Gobierno han alcanzado el 50% o más en la representación de las mujeres.
- Únicamente el 25% de los escaños parlamentarios nacionales están ocupados por mujeres.
- Apenas cuatro países cuentan con el 50% de representación de mujeres en las cámaras bajas o únicas de los parlamentos.
- En América latina, el Caribe, Europa y América del Norte, las mujeres ocupan más del 30% de los escaños parlamentarios. En África del norte, Asia Occidental y Oceanía, representan menos del 17%. En los estados insulares del Pacífico, solo representan el 6%.
- Los datos sobre 133 países muestran que las mujeres constituyen el 36% de las y los miembros de los cuerpos deliberativos locales.
Las mujeres a la hora de participar en la vida política se enfrentan a dos tipos de obstáculo: Las barreras estructurales creadas por leyes e instituciones discriminatorias que siguen limitando sus opciones de votar o presentarse a elecciones, y las brechas relativas a las capacidades, que implican que las mujeres tengan una menor probabilidad que los hombres de contar con la educación, los contactos y los recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces.
De ahí que ONU Mujeres quiera desarrollar también el liderazgo femenino a través de su tercera línea de actuación “Promover el liderazgo de las mujeres y las niñas en su diversidad y su participación significativa en la formulación de políticas y la toma de decisiones desde la escala mundial hasta las escalas locales”.
Los programas de ONU Mujeres dirigidos a mejorar el liderazgo y participación de las mujeres, se basan en una amplia serie de compromisos sobre la representación de las mujeres en los instrumentos internacionales.
Esto lo hacen en colaboración con los equipos de las Naciones Unidas en los países, y trabajando con la sociedad civil en programas de gestión electoral para impulsar que en las elecciones se respeten los derechos de las mujeres (incluido el derecho a votar), y defender sus candidaturas electorales sin que sufran ningún tipo de violencia.
Para conseguirlo, llevan a cabo varias medidas, entre las que encontramos:
- Ofrecer a las candidatas políticas la formación necesaria para ayudarlas a desarrollar sus capacidades.
- Impartir formación cívica y electoral relacionada con la igualdad de género.
- Respaldar a las defensoras y defensores de la igualdad de género en sus llamamientos a los partidos políticos, los gobiernos y otros actores para que cumplan con sus obligaciones de fomentar el empoderamiento de las mujeres.
- Alentar a los hombres y mujeres jóvenes a participar en actividades de promoción para lograr que los responsables de formular políticas públicas den la máxima prioridad a las medidas de igualdad de género.
- Promover la adopción de nuevas leyes y la introducción de reformas constitucionales para garantizar un acceso equitativo de las mujeres a las esferas políticas, como votantes, candidatas, representantes electas y funcionarias públicas.
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