Por María Jesús Muñoz Pardo – Equipo de voluntariado del Observatorio de Violencia
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aprobada por Naciones Unidas en 1979 y ratificada por 187 países, (entre ellos España), realizó en 2015 un total de 46 observaciones a España para implementar la aplicación de los artículos de la convención, incluyendo mejorar los datos estadísticos.
Según el Informe Sombra España (2015-2018) publicado en mayo 2019 se mantienen las discrepancias en los datos: «La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (DGVG) registra el asesinato de 994 mujeres, el 43% extranjeras, siendo el 9,6% de la población, y 32 menores de 2003 a 10.05.19, mientras Feminicidio.net sólo de 2010 a 10.05.2019 documenta 1.009 feminicidios y otros asesinatos de mujeres, 48 en el sistema prostitucional, y 83 de menores«.
Esta cuestión estadística tiene múltiples aristas. Una que es clave para la homologación y convergencia, es la de incluir “la violencia sexual fuera de la pareja” dentro de la Ley Orgánica 1/2004. Es difícil converger cuando, por ejemplo, las cifras oficiales no contabilizan asesinatos de mujeres cometidos por hijos, padres, cuñados, por trata y prostitución, o los casos de asesinatos de niñas.
La discusión sobre qué indicadores son clave, y, cuáles son complementarios o innecesarios, para conceptualizar el problema de la violencia contra las mujeres, sigue discutiéndose. Por el momento estas decisiones están sujetas a la capacidad de conseguir acuerdos territoriales. Este es el caso de las Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) que en el año 2009 firmaron el II Acuerdo Institucional para la mejora de la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en el Ámbito Doméstico y de Violencia Sexual, donde decidieron trabajar en tres marcos característicos de la violencia contra las mujeres, en función del vínculo entre victimas y agresores:
- La violencia contra las mujeres por parte de la pareja o expareja.
- La violencia intrafamiliar, ejercida por un integrante de la unidad convivencial o del grupo familiar no incluido en el apartado anterior, podrían ser hermanos, padres, tíos, otros integrados en el grupo familiar.
- La violencia sexual fuera del ámbito familiar (los tipificados en Código Penal como delitos “contra la libertad sexual”).
Emakunde (Instituto Vasco de la Mujer) y el Servicio de Investigación Social de Fundación EDE , han presentado el informe ‘Análisis e interpretación de datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres en la CAPV‘ sobre la violencia de género en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En él se presentan los datos según los tres tipos de violencia.
El gráfico de la imagen anterior expresa que aproximadamente en tres de cada cuatro ocasiones de violencia contra la mujer (72,3%) el agresor y la víctima habían estado o estaban unidos por un vínculo sentimental (eran pareja o expareja). Un 20,0% fueron actos de violencia intrafamiliar (exceptúa la ejercida por la pareja o expareja) y el resto (7,7%) fueron delitos contra la libertad sexual fuera del ámbito familiar.
Las cuentas globales de la CAPV resumen que: «la Ertzaintza contabilizó 5.315 victimizaciones por violencia contra las mujeres (316 más que en 2017)«. «En total 4.244 mujeres víctimas de violencia contra las mujeres en el periodo de un año (224 mujeres más que en 2017)».
Desglosando las cifras totales de la CAPV vemos que :
- 3.974 “ocasiones de violencia” de la pareja o expareja registradas por 2.989 mujeres (víctimas)
- 953 “ocasiones de violencia” intrafamiliar registradas por 870 mujeres (víctimas)
- 388 “ocasiones de violencia” sexual (fuera del ámbito familiar) registradas por 385 mujeres (víctimas)
Los datos nos dejan claro que el agresor tiende a repetir el acoso o la agresión, y que es más frecuente que las agresiones a una misma mujer se repitan dentro del ámbito de la pareja o expareja. El informe indica que «El volumen de víctimas ha ascendido con respecto al año anterior en los tres Territorios Históricos», y que «El 55,2% de las victimizaciones de 2018 se localizaron en Bizkaia, un 30% en Gipuzkoa y un 14,8% en Araba. Unas tasas que guardan una clara relación con la distribución proporcional de la población femenina por territorio».
Desde un punto de vista cualitativo, en contra de la opinión catastrofista y de los mensajes del miedo que la ultraderecha española quiere instalar, se puede hacer una interpretación positiva de los datos. Los aumentos registrados en la CAPV demuestran que el avance social existe; que estamos recogiendo los frutos de la perseverancia; y que el dinero público invertido está mejorando el conocimiento de las mujeres sobre las distintas formas de violencia en las que incurren sus agresores.
Esta mejora es la que hace subir las cifras, porque las mujeres agredidas denuncian incluso de forma reiterada cuando ha sido necesario. Contrastan estos incrementos con estos otros datos extraídos de “epdata” agencia de datos de Europa Press que dicen que la CAPV tiene una tasa de 0,8 (por 1.000 mujeres) de víctimas; la más baja entre las comunidades autónomas de España en el año 2018. En lo que va del año 2019, hay 0 casos confirmados de víctimas en la CAPV.
Mencionamos dos cuestiones más que adquieren visibilidad a través del informe CAPV. La primera es que «Los datos desagregados a nivel municipal confirman la tendencia ya observada en años anteriores: el mayor número de victimizaciones se concentra en las capitales y los municipios de mayor tamaño».
¿Cómo podemos interpretar la circunstancia de que, en pueblos con menos población apenas se registren denuncias por violencia contra las mujeres?. Posiblemente, la causa radique en «la violencia oculta» pues «en torno a un 48% de las mujeres que sufren violencia no han acudido a la policía, al juzgado ni a ningún servicio de ayuda».
La segunda cuestión es que: «En 2018 se registraron un total de 876 victimizaciones por delitos de quebrantamiento de medidas de seguridad, de órdenes de alejamiento, etc. (…) Esto significa que un 16,48% del total de ocasiones de violencia contra las mujeres registradas dicho año (5.315) coincidieron con delitos de quebrantamiento por parte de los agresores».
Como queda demostrado, un buen número de mujeres van tomando decisiones para salir de la situación de violencia que sufren, pero los datos nos dicen que algunos agresores no las respetan y quebrantan las medidas penales que los juzgados dictan en situaciones de riesgo para las mujeres. Asimismo, el porcentaje mayoritario de violencia ejercida hacia las mujeres por parte de sus parejas o exparejas sentimentales, hace constar que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género sigue siendo necesaria.
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