Este artículo se enmarca dentro de la Campaña #28S de Fundación Mujeres con motivo de la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible
La legalización y la despenalización del aborto sigue siendo un asunto pendiente en un gran número de países a nivel global. El gobierno de Nepal legalizó esta práctica en marzo de 2002, debido a las altas tasas de mortalidad materna. Anteriormente, el país contaba con unas leyes estrictas contra el aborto que garantizaban no solo el encarcelamiento de las mujeres embarazadas que trataban de abortar, sino también de sus familiares que les prestaban ayuda. De hecho, un gran porcentaje de las mujeres que entraban en prisión fueron encarceladas por su decisión de abortar.
A pesar de que la ley de 2002 supuso un avance considerable, las mujeres solo podían acceder al aborto legal en los siguientes supuestos:
- Embarazos de menos de 12 semanas de gestación.
- Embarazos de menos de 18 semanas de gestación en el caso de violación o incesto.
- Por recomendación médica, en cualquier etapa del embarazo si representa un peligro para la salud física o mental de la mujer embarazada o si el feto sufre una deformidad física severa.
En 2018, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer recomendó que Nepal despenalizara el aborto en todos los casos. En este mismo año, Nepal promulgó la Ley de Derechos de Salud Reproductiva y Maternidad Segura, cuyo objetivo era respetar, proteger y cumplir los derechos de salud reproductiva de las mujeres y reconocer el acceso al aborto como derecho a la salud reproductiva. No obstante, esta Ley no despenalizó por completo el aborto y se mantuvieron varias restricciones, entre las que destacan la prohibición del aborto después de las 28 semanas de gestación, incluso para salvar la vida de una mujer. Asimismo, la definición de aborto de esta ley es engañosa, ya que también incluye el aborto espontáneo causado accidentalmente o sin ninguna intervención externa. Como consecuencia, el “aborto espontáneo natural” podría ser considerado un aborto ilegal.
En julio de 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, junto con sus organizaciones socias con sede en Nepal, el Foro para la Mujer, el Derecho y el Desarrollo y el Instituto de Justicia y Derechos de Nepal, presentaron un informe conjunto, centrado en las barreras que sufren las mujeres para acceder a servicios de aborto seguro y el grave impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Nepal.
Si bien el gobierno de Nepal ha acordado recientemente despenalizar el aborto y proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, es necesario monitorear que esta medida se lleva a cabo sin restricciones.
Siguiendo la misma línea, Korea del Sur declaró inconstitucional la penalización del aborto en enero de 202,1 y derogó las leyes anteriores.
Contrariamente, en la región asiática, ciertos países no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia, incluso cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo. Tal es el caso de Laos, Irak y Filipinas.
En este último país, el Código Penal considera que el aborto es un delito punible con hasta seis años de prisión para el personal médico que practique abortos, y de 2 a 6 años de prisión para las mujeres que se someten al procedimiento, independientemente del motivo. En Laos, la pena oscila entre los 3 y 12 meses de prisión, con multas de 100000 a 500000 kip laosiano.
En Timor Oriental, donde solo es legal el aborto para salvar la vida de la madre y debe requerir el consentimiento de 3 profesionales de medicina, se castiga a la madre y al personal médico que realiza el aborto con un máximo de 3 años de prisión.
Por último, cabe destacar el caso de Brunei, donde la mujer que recurre a un aborto inducido está sujeta a penas de hasta 7 años de prisión, mientras que la pena para la persona que practica el aborto es de 10 a 15 años. Asimismo, la reforma del Código Penal de Brunei de 2019 incluye la flagelación por aborto.
Aparte de las penas excesivas citadas anteriormente, hay que añadir que los abortos clandestinos se realizan principalmente en regiones donde esta práctica se prohíbe o se penaliza. A menudo, estos se llevan a cabo en condiciones antihigiénicas y no seguras, lo cual exponen a las mujeres y niñas a graves complicaciones de salud, e incluso a la muerte. Por ello, es necesario que el movimiento feminista siga luchando por los derechos reproductivos de las mujeres a nivel global.
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