Como hemos explicado en este artículo, la despenalización del aborto no es suficiente para garantizar el acceso al aborto legal, seguro y libre. Además, en este artículo, vamos a ver que la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo sigue sin evitar que las mujeres sufran algunas manifestaciones de violencia.
Cabe destacar que el hecho de que interrumpir el embarazo esté permitido en muchos lugares del mundo no implica que esté permitido siempre y cuando la mujer así lo desee. Como se observa en el mapa adjunto, en color rojo aparecen los 36 países donde solamente se permite el aborto cuando la vida de la mujer está en peligro; en color amarillo los 56 países donde se permite el aborto por cuestiones de salud -solamente 25 de los cuales incluye explícitamente la salud mental-; en color azul claro los 14 países donde se permite el aborto cuando las circunstancias sociales y/o económicas de la mujer son inadecuadas para el embarazo y la crianza. Todas estas condiciones limitantes para acceder al aborto en lugares donde este servicio está legalizado bajo determinados supuestos -que no contemplan la libre elección de la mujer- son violencia hacia las mujeres.
Finalmente, en color azul oscuro los 67 países donde el aborto está permitido y regulado a petición de la mujer, bajo unas condiciones que varían en función de la ley estatal de cada país y también de la legislación específica de algunas regiones de cada país. Aun así, estos países no están exentos de ejercer violencias sobre las mujeres que quieren interrumpir el embarazo, especialmente sobre mujeres en situación administrativa irregular, mujeres menores de edad y mujeres de clase baja. Algunas de las violencias que sufren las mujeres que quieren interrumpir el embarazo de manera voluntaria en estos lugares son la objeción de conciencia del personal sanitario, que niega el acceso a este servicio cuando esta se da de manera colectiva, dificultando así un aborto en la sanidad pública, sobre todo en ciertas zonas del país.
En España, todas estas barreras se pretenden derribar con el Anteproyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo dando un paso hacia la libertad de decisión y hacia el acceso a la IVE en la sanidad pública y sin desplazamientos a otras comunidades autónomas. No obstante, seguiremos luchando para que el aborto sea un derecho y no un privilegio que se pueden permitir unas cuantas mujeres.
Desde el Observatorio de Violencia apoyamos la lucha feminista por un aborto libre y reivindicamos a los Estados que garanticen un aborto legal, público, seguro, antirracista y universal.
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Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, en el marco del “Programa para Educar en Igualdad y Prevenir la Violencia de Género. Hacia un voluntariado por el Buen Trato” de Fundación Mujeres, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de las Subvenciones del 0,7 a actividades de interés social.