En 1947 el subcontinente indio obtiene la independencia del Imperio Británico, y al mismo tiempo se desestructura en distintos estados, quedando finalmente dividida la región en los estados conocidos actualmente República de la India, la República Islámica de Pakistán, el Reino de Bután, al República Popular de Bangladesh (antigua Pakistán Oriental) y República Federal Democrática de Nepal. La partición de los territorios que formarían parte de Pakistán y de la India se realizaría con base a la religión mayoritaria que fuese profesada en esas zonas, siendo las de mayoría musulmana constituyentes de Pakistán.
“En Colombia, desde los años 80, cerca de 19.000 personas han sido registradas por el Estado como víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto y la violencia armada. Sabemos que en realidad son muchas más”
La violencia sexual en los conflictos armados ha sido invisibilizada e ignorada a lo largo de la historia. Los conflictos armados en la región de los Balcanes y el genocidio de Rwanda (finales del siglo XX) permitieron que esta violencia tuviera repercusión y atención pública, a pesar de que se haya documentado con anterioridad en conflictos armados sucedidos en la historia. Desde hace unos años, la comunidad internacional muestra mayor preocupación por este tipo de violencia, que se da en la mayoría de los conflictos armados existente, motivo por el que comienzan a tomarse medidas preventivas y reparadoras.
Con motivo de la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2017, organizaciones de mujeres convocan una #Alerta Feminista para seguir denunciando «que estos presupuestos reflejan un modelo económico basado en actividades productivas depredadoras del medio ambiente, que no atienen las necesidades sociales y que agravan los problemas de desigualdad entre hombres y mujeres con consecuencias desastrosas para el medio ambiente, la economía, la sociedad y sobre todo para la vida de las mujeres».
Un análisis recientemente publicado por Feminicidio.net alerta de la necesidad de reforzar las medidas de detección, intervención y prevención de violencia en lo que los meses de verano. Según informan, los feminicidios íntimos analizados entre el año 2010 y 2016 muestran que «los meses más letales para las mujeres son enero, junio y julio».
La Delegación de Gobierno para la Violencia de Género ha presentado la IV Carrera «Hay Salida a la violencia de género» que tendrá lugar este domingo, 11 de junio en Madrid, a las 9:00h. Tendrá un recorrido de 5 km por el centro de Madrid.
El Comité de Bioética de España (CBE) ha publicado un «Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada». Propone que se cree una regulación a nivel internacional para prohibir los contratos sobre la gestación subrogada o vientres de alquiler, en calidad de la defensa de los derechos de la mujer y de los niños/as. También propone sancionar a las agencias que realicen estos contratos en el extranjero, por la desprotección con la que se encuentran los menores al entrar en España.
Una reciente iniciativa promovida por Microrrelatos Feministasen la plataforma on-line Change.org, página para iniciar campañas de recogida de firmas, ha conseguido a día de hoy más de 11.500 firmantes. Se trata de una petición dirigida al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid, para que incorporen a los pictogramas informativos que actualmente existen tanto del Metro de Madrid como en la Empresa Municipal de Transportes uno que prohíba el manspreading.
La Unión Progresista de Fiscales ha querido entregar su premio anual Jesús Vicente Chamorro al FONDO DE BECAS SOLEDAD CAZORLA dirigido a los hijos e hijas de mujeres asesinadas por la violencia de género, dependientes económicamente y en situación de necesidad, que fue creado el pasado año 2016 por iniciativa de la familia de Soledad Cazorla Prieto y está siendo gestionado por la Fundación Mujeres.
El Conapred México, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, es un órgano del Estado de México encargado de tratar y resolver los asuntos relacionados con la discriminación basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, y que desarrolla acciones para prevenir y proteger a la ciudadanía de toda distinción y exclusión.
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