¿Es suficiente con condenar a los perpetradores de crímenes sexuales en conflictos bélicos para hacer justicia y reparar el daño de las víctimas? Esta es la pregunta que se ha planteado la Cámara de los Lores de Reino Unido en su informe Violencia Sexual en Conflicto: Un Arma de Guerra (Sexual Violence in Conflict: A War Crime) cuya contundente respuesta a lo largo del informe es que, aunque necesario, no es en absoluto suficiente.
En el año 2001, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia (ICTY) declaró por primera vez la violación como un crimen contra la humanidad en el caso Dragoljub Kunarac, lo que supuso un hito a la hora de juzgar estos crímenes y situarlos en la esfera pública.
El Reino Unido desde el año 2012 considera la prevención de la violencia sexual en conflictos como una prioridad en su política exterior. A través de la creación de La Iniciativa de Prevención de Violencia Sexual en Conflictos (The Preventing Sexual Violence in Conflict Initiative (PSVI)) con un Comité Especializado, se pretende luchar contra la cultura de la impunidad, asegurar que los perpetradores se sienten frente a la justicia y brindar el apoyo que las víctimas merecen. Todo ello mediante la sensibilización, la acción global, la promoción de la coherencia internacional y el incremento de la voluntad y la capacidad política de los estados por hacer más.
A lo largo del informe se analiza el marco legal vigente, el recorrido histórico y geográfico de estos crímenes hasta la actualidad, los distintos perfiles de los perpetradores, y las diferentes recomendaciones que proponen para abordar el problema de manera integral y transversal. Para ello, pone todo el peso en la importancia de atender las necesidades de las supervivientes, enfatizando en todo momento en que no se trata de un grupo homogéneo, sino que hay que responder a la particularidad de cada una y la situación en la que se encuentran. Además, prioriza la necesidad de terminar con la impunidad de los perpetradores y de brindar a las víctimas el acceso a la justicia siendo incluidas en todo el proceso.
Tal y como señala en su artículo Erica Hall (abogada y asesora en políticas de derechos de la infancia para el World Vision):
“Le he preguntado a muchas supervivientes de violencia sexual, en República Democrática del Congo, Uganda y Rwanda, lo que para ellas significa justicia. Algunas dicen que significa ver a su abusador en prisión, otras no ser culpadas por lo que ha pasado, otras exigen una compensación económica para empezar sus negocios de manera independiente. Otras todavía quieren “justicia” para sus hijos nacidos como resultado de la violación- que sean tratados justamente por sus profesores y el líder de la comunidad”.
Es en este sentido que la autora señala que debemos no sólo definir el objetivo último de la justicia y el sistema judicial, sino asegurar que las víctimas y los hijos e hijas fruto de esas violaciones tengan un futuro digno.
Por último, desde Fundación Mujeres, esperamos que iniciativas como las del Gobierno Británico sirvan de ejemplo para aunar esfuerzos y dar voz a una lacra que a día de hoy sigue sumando víctimas en los conflictos armados que lamentablemente siguen activos.
Fuente:
Puedes descargar el informe a continuación:
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