Por Ariadna Coll Nieto – Alumna en prácticas de Educación y Prevención de la violencia de género de Fundación Mujeres
Los casos de violencia de género han ido aumentando con el paso de los años, en 2022, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, registró un total de 176.380 víctimas, de las cuales 49 fueron asesinadas. Esto evidencia una media diaria de 483 víctimas de violencia de género en España.
En este mismo año, las denuncias recogidas por el sistema judicial en materia de género ascienden a 182.073. De estas denuncias realizadas en 2022, el 71,56% fueron puestas por las propias víctimas y solo 57.216 fueron enjuiciadas. La diferencia entre las cifras de las denuncias registradas y las de los casos de violencia de género reconocidas en un mismo año se debe a que muchas víctimas dejan que pase un largo periodo de tiempo antes de denunciar, por diversos motivos. Es decir, no lo suelen hacer de forma inmediata, ya sea por miedo al agresor o por temor a no ser creídas.
Todos estos datos contribuyen a la configuración de una tasa de violencia de género de 72,9 por 10.000 mujeres en España.
En mayor medida, la violencia de género que sufren algunas mujeres viene dada directamente de sus parejas o exparejas, cosa que hace que se lo piensen dos veces antes de introducirse en todo lo que implica un proceso judicial. Cuando una víctima decide seguir adelante con un juicio, asume los riesgos psicológicos que este proceso le va a crear: sentimientos ambivalentes, caída de la autoestima, vulnerabilidad emocional…
Analizar cómo afecta el paso por un sistema judicial a la autoestima de las víctimas de violencia de género es lo que han hecho un grupo de investigadoras del grupo Sistema de Justicia Penal de la Universitat Oberta de Catalunya. The Impact of Intimate Partner Violence on Women in Criminal Courts: Beyond the Victim-Survivor Dichotomy es un estudio que recoge el testimonio de 23 mujeres residentes en España que sufrieron violencia de género por parte de sus parejas y se adentraron en un proceso judicial.
La iniciativa de estas investigadoras viene dada por el importante papel que tiene el sistema judicial en el reconocimiento de la víctima a ojos del sistema. Las mujeres que pasan por este transcurso se ven expuestas a factores, como las etiquetas, que afectan a su recuperación, a su experiencia y a su vida en general. Y así se ha mostrado en dicho estudio, ya que se ha reflejado la variedad de diferencias entre las experiencias judiciales de dichas mujeres.
Asimismo, el sistema judicial tiene una visión reduccionista que tiende a etiquetar a las víctimas y encasillarlas en un comportamiento u otro. Acción poco convencional para cubrir las necesidades de las víctimas, puesto que aumenta el riesgo de victimización.
El estudio concluye con que el proceso judicial no ayuda en la recuperación de las víctimas, sino que lo que realmente les ayuda es liberarse de su agresor, obtener apoyo psicológico y el propio paso del tiempo. Lo que necesitan las víctimas de violencia de género es ser escuchadas para así “conocer de forma directa cuáles son sus necesidades, los problemas a los que se enfrentan y las cuestiones que pueden mejorarse en relación con su atención y su asistencia”, tal y como añade Patricia Hernández-Hidalgo.
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