El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el pasado viernes 24 de junio el fallo histórico de ‘Roe versus Wade‘ que permitía, constitucionalmente, la libre interrupción del embarazo, por seis votos a favor y tres en contra. Esta sentencia, del año 1973, reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto, amparado bajo la Decimocuarta Enmienda a la Constitución.
Tras esta decisión, el acceso al aborto queda determinado por la legislación de los diferentes estados que conforman el país, al eliminar el carácter constitucional. Según estiman algunas organizaciones, como el Instituto Guttmacher, es probable que 26 estados prohíban el aborto. Esta entidad emitió un comunicado de prensa en el que manifestaron que «esta decisión llega cuando la necesidad del aborto está creciendo en los Estados Unidos». Tal y como indican, en el año 2020 se realizaron 930.000 abortos en todo el país (el primer aumento en casi tres décadas) y que «más de uno de cada tres de estos abortos se realizaron en estados que ahora tienen certeza o probabilidad de prohibir el aborto».
Desde Fundación Mujeres, condenamos la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, ya que esta supone un retroceso en los derechos de las mujeres, concretamente en su derecho a decidir libremente sobre su capacidad reproductiva, lo cual es inaceptable en una democracia del siglo XXI .
Este fallo se traduce en enormes consecuencias para las mujeres norteamericanas, a quienes a partir de ahora les va a resultar muy difícil (o incluso imposible) acceder a la interrupción del embarazo. Además, la prohibición del aborto en algunos estados afecta de forma desigual a todas las mujeres, siendo las más perjudicadas las mujeres más vulnerables económicamente, ya que al precio de la intervención hay que sumar otros gastos: el viaje a otro Estado donde sí esté permitido el aborto, el alojamiento en ese lugar, etc. En muchos casos, las mujeres van a verse abocadas a tener que decidir entre llevar a término un embarazo que no desean o someterse a un aborto en condiciones que suponen un riesgo para su vida.
Diversos organismos también han expresado su condena a esta sentencia, como Amnistía Internacional, que ha definido el aborto como un derecho humano, así como la ONU, cuya Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha calificado este fallo como «un duro golpe para los derechos de las mujeres».
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