Por María Jesús Muñoz Pardo – Equipo de voluntariado del Observatorio de Violencia
La Federación de Asociaciones Nacionales de Mujeres Separadas y Divorciadas (FAMSD) que lleva 46 años desarrollando proyectos, que atienden de forma directa a las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista, ha sufrido un recorte del 75% respecto al año anterior.
Con 30 años de experiencia, La Federación de Mujeres Progresistas (FEP), ha sufrido un recorte del 33, 85% . En ambos casos los programas de atención integral dirigido a las mujeres víctimas de género y a sus hijas e hijos se verán seriamente afectados.
El artículo de Isabel Valdés publicado en El País el pasado 12 de septiembre de 2019, describe la secuencia de hechos, junto a la opinión de las organizaciones perjudicadas, a través de sus portavoces, Pérez del Campo y Besteiro:
Ambas portavoces suponen que el trasfondo es “ideológico”. “Es curioso”, dice Besteiro, “que se nos retire el dinero justo cuando se está negociando el gobierno con un partido que niega la violencia machista”.
Cuando Ana María Pérez del Campo se acercó a la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, de la que dependen estas subvenciones, a preguntar por qué bajaba la financiación en casi tres cuartas partes teniendo el mismo proyecto y con los mismos objetivos. La respuesta fue algo parecido a un “yo no he sido”.
Pusieron un recurso de reposición el pasado 2 de julio al que la administración regional todavía no ha contestado. A la FMP le ha ocurrido algo similar. Interpusieron un recurso el pasado 9 de julio, al que aún no han tenido respuesta.
Desde dicha Consejería, lo primero que dicen es lo mismo que le espetaron a Pérez del Campo, que «esto viene del anterior Gobierno«.
Lo siguiente que argumenta la Consejería es que «los procesos [los recursos de reposición que han presentado ambas organizaciones] aún están abiertos«. Y por último añaden: «Es un problema y el consejero [Alberto Reyero] lo sabe. Está entre sus objetivos solucionarlo. Se va a reunir con todas las entidades y plataformas del Tercer Sector para, entre todos, llegar a un acuerdo por el que se haga un reparto justo y equitativo. Hay que conseguir la fórmula para hacer nuevas bases de cara a la próxima convocatoria«.
El presupuesto de esta convocatoria extraordinaria tiene que ejecutarse en 2019. Si les dicen que sí finalmente, algo que “duda”, no tendrían tiempo para ejecutar los programas y tendrían que devolver dicha subvención. Si les dicen que no, “habrá mujeres que se queden sin atención». Para Pérez del Campo es similar. Del centro de recuperación integral han tenido que marcharse una psicopedagoga, una educadora y dos psicólogas. “Perder a esas especialistas, que son las que trabajan de forma directa con las víctimas, significa debilitar la lucha contra la violencia machista. Y a eso… A eso no estamos dispuestas”, sentencia Pérez del Campo.
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