Ayer se presentaba la Memoria de la Fiscalía General del Estado, un documento que recoge la actividad del Ministerio Fiscal durante el año inmediatamente anterior, incluyendo evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para el logro de una Justicia más eficaz. De igual modo, recoge las observaciones de las y los fiscales de los distintos órganos.
Según la memoria, el número de delitos sexuales ha crecido un 23,2% con respecto a 2017, declarando la Fiscalía la preocupación por el incremento de la violencia sexual entre menores de edad, en un 32,2%. Además, hace alusión al hecho de que, al producirse en la intimidad, puede estarse manteniendo un indefinido índice de impunidad de estos delitos, agravando el impacto sobre las víctimas en los supuestos en los que la Administración de Justicia no ofrece la respuesta esperada.
María José Segarra, Fiscal General del Estado que realizaba la presentación, considera especialmente inquietante este crecimiento que, el ministerio público eleva como “fenómeno” relacionado con el uso y consumo de pornografía a través de las redes, “donde se representa a la mujer cosificada”. “Una situación que hay que afrontar desde el ámbito educacional, en el que padres y Administraciones tienen que aunar esfuerzos para asegurar la transmisión de valores de igualdad, respeto y no discriminación” advierte el documento.
En este sentido, desde la Fiscalía se solicita prestar especial atención a los jóvenes, lo que exige la revisión de los planteamientos educativos en los diversos ámbitos de socialización, pues se repiten patrones de discriminación de naturaleza patriarcal, aludiendo el Ministerio Público al papel que las redes sociales juegan en estos procesos como «nuevas vías de control, persecución y acoso». En 2018, 249 menores fueron enjuiciados por violencia machista y se adoptaron medidas en el 92,37 % de los casos. Las solicitudes de medidas de protección de chicas menores subieron de las 963 a las 1.010.
Asimismo, entre los datos de los capítulos específicos a la violencia de género y a la trata de seres humanos, encontramos:
Violencia de Género
En el 2018 se dictaron 41.000 sentencias en esta materia. De ellas, 29.000 fueron condenatorias, de las que 17.000 fueron por conformidad del acusado. Además, se ha producido un incremento del 2 % en el número de medidas cautelares solicitadas (45.045 en el año 2018, frente a las 44.106 del año 2017).
De las 49 mujeres fallecidas, 16 habían denunciado. “Las experiencias mayoritariamente descritas por las distintas Fiscalías desde hace algunos años apuntan a una insuficiente o deficiente valoración del riesgo de las víctimas, lo que debe hacernos reflexionar sobre la suficiencia de los medios disponibles y su irregular despliegue a lo largo del territorio nacional”.
Trata de seres humanos
La Fiscal General ha abogado por la tipificación penal de toda forma de proxenetismo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, e intensificar los instrumentos de protección de testigos, particularmente con la reforma del artículo 730 LECrim para contemplar expresamente la posibilidad de eximir a toda víctima especialmente vulnerable de la necesidad de volver a prestar declaraciones que implicarían una victimización secundaria, previo dictamen emitido por el correspondiente especialista.
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