El Consejo General del Trabajo Social, del cual forman parte 36 colegios profesionales de Trabajo Social, se ha posicionado a favor de la aplicación del Real Decreto Ley 9/2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Recuerdan que los y las trabajadoras sociales intervienen de manera directa con mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos, siendo uno de los servicios a los que muchas mujeres maltratadas acuden en búsqueda de ayuda, no queriendo todas presentar denuncia. Ante esta situación se venía realizando intervención con ellas.
Las medidas que presenta el Real Decreto además, van en la línea del cumplimiento del Convenio de Estambul ratificado por el Estado español, en el que se prevé la consideración de mujeres víctimas de violencia de género, en casos en los que el victimario no tenga o haya tenido relación sentimental con la víctima, poniendo el foco en los servicios sociales como una de las herramientas de detección e intervención con víctimas.
Manifiestan que los y las trabajadoras sociales tienen capacitación, cualificación y experiencia suficiente como para poder realizar informes en los que se indique si una mujer está siendo víctima de violencia de género.
Desde esta óptica quieren dejar claro que no consideran que estas funciones se extralimiten y o injieran en las funciones atribuidas al sistema judicial, si no que se entiende que forma parte de la coordinación interdisciplinar que ya estaba establecida por la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
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