La Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia (Acadar), inserta dentro de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), acaba de elaborar una guía titulada “Violencia contra as mulleres con discapacidade. Ver e recoñecer as sinais”, cuyas conclusiones resultan alarmantes. El 10% de las mujeres con alguna discapacidad han sufrido violencia sexual. Si ampliamos este espectro e incluimos también a aquellas que han sufrido violencia física, el porcentaje alcanza el 35,1% de esta población de mujeres. El 20% de ellas se ven sometidas a violencia económica.
El embarazo de una niña de 11 años como resultado de agresiones sexuales a manos de su padrastro ha reabierto el debate sobre el aborto en el país Suramericano. La menor tiene unas 20 semanas de gestación y confesó los abusos a los que era sujeta por parte de su padrastro después de que sus profesores se percataran de que estaba atravesando cambios físicos y de comportamiento.
En la madrugada del pasado 7 de julio en Pamplona, 5 jóvenes ofrecieron acompañar a una chica de 19 años al coche donde pernoctaba. De camino, aprovechando un portal abierto, la forzaron a entrar en él, la sujetaron de las muñecas y tomaron turnos para abusar de ella mientras que grababan todo con un teléfono móvil. A pesar de la campaña contra la violencia machista durante las festividades y de los numerosos despliegues de seguridad, otra mujer había sido víctima de la violencia sexual en los Sanfermines.
A raíz de la violación colectiva de una menor ocurrida en Río de Janeiro el pasado 21 de mayo por más de 30 hombres, miles de mujeres brasileñas salieron a las calles de varias ciudades el pasado miércoles uno de junio para exigir que se ponga fin a las agresiones sexuales contra las mujeres y a la “cultura de la violación” que culpa y criminaliza a las víctimas y exime de culpa a los violadores.
¿Es suficiente con condenar a los perpetradores de crímenes sexuales en conflictos bélicos para hacer justicia y reparar el daño de las víctimas? Esta es la pregunta que se ha planteado la Cámara de los Lores de Reino Unido en su informe Violencia Sexual en Conflicto: Un Arma de Guerra (Sexual Violence in Conflict: A War Crime) cuya contundente respuesta a lo largo del informe es que, aunque necesario, no es en absoluto suficiente.
En países como Perú, Sudáfrica, Zimbabwe, India o Ecuador muchas mujeres lesbianas sufren las llamadas violaciones correctivas, agresiones individuales o grupales que en algunos casos se ejecutan de manera repetida si la mujer no accede a «curarse» a la primera y acepta públicamente su heterosexualidad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, son los propios familiares los que ejercen o mandan ejecutar dichas agresiones, lo que dificulta aún más la posibilidad de denuncia de las víctimas. Por ejemplo, según datos de Promsex en Lima, solo el 5% de los casos de violaciones a mujeres en Perú son denunciados, de los cuales se desconoce cuántos son castigos correctivos.
“Si no tienen inconveniente alguno en comprarse una niña de 13 o 14 años por 10 dólares, los cascos azules, los soldados de la OTAN y el personal masculino de las organizaciones humanitarias se convierten en parte del problema. Con eso fomentan la prostitución por motivos de pobreza, y las familias ya no mandan a sus hijas a la escuela sino a las puertas de los cuarteles.” Monika Hauser, entrevista en Periodismo Humano.
El pasado 18 de marzo en Cochabamba, Bolivia, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) presentó el informe que recoge los resultados del estudio “Niñas madres. Balance Regional embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe” que llevaron a cabo en 14 países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, y Uruguay).
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