El embarazo de una niña de 11 años como resultado de agresiones sexuales a manos de su padrastro ha reabierto el debate sobre el aborto en el país Suramericano. La menor tiene unas 20 semanas de gestación y confesó los abusos a los que era sujeta por parte de su padrastro después de que sus profesores se percataran de que estaba atravesando cambios físicos y de comportamiento.
En la madrugada del pasado 7 de julio en Pamplona, 5 jóvenes ofrecieron acompañar a una chica de 19 años al coche donde pernoctaba. De camino, aprovechando un portal abierto, la forzaron a entrar en él, la sujetaron de las muñecas y tomaron turnos para abusar de ella mientras que grababan todo con un teléfono móvil. A pesar de la campaña contra la violencia machista durante las festividades y de los numerosos despliegues de seguridad, otra mujer había sido víctima de la violencia sexual en los Sanfermines.
A raíz de la violación colectiva de una menor ocurrida en Río de Janeiro el pasado 21 de mayo por más de 30 hombres, miles de mujeres brasileñas salieron a las calles de varias ciudades el pasado miércoles uno de junio para exigir que se ponga fin a las agresiones sexuales contra las mujeres y a la “cultura de la violación” que culpa y criminaliza a las víctimas y exime de culpa a los violadores.
¿Es suficiente con condenar a los perpetradores de crímenes sexuales en conflictos bélicos para hacer justicia y reparar el daño de las víctimas? Esta es la pregunta que se ha planteado la Cámara de los Lores de Reino Unido en su informe Violencia Sexual en Conflicto: Un Arma de Guerra (Sexual Violence in Conflict: A War Crime) cuya contundente respuesta a lo largo del informe es que, aunque necesario, no es en absoluto suficiente.
En países como Perú, Sudáfrica, Zimbabwe, India o Ecuador muchas mujeres lesbianas sufren las llamadas violaciones correctivas, agresiones individuales o grupales que en algunos casos se ejecutan de manera repetida si la mujer no accede a «curarse» a la primera y acepta públicamente su heterosexualidad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, son los propios familiares los que ejercen o mandan ejecutar dichas agresiones, lo que dificulta aún más la posibilidad de denuncia de las víctimas. Por ejemplo, según datos de Promsex en Lima, solo el 5% de los casos de violaciones a mujeres en Perú son denunciados, de los cuales se desconoce cuántos son castigos correctivos.
“Si no tienen inconveniente alguno en comprarse una niña de 13 o 14 años por 10 dólares, los cascos azules, los soldados de la OTAN y el personal masculino de las organizaciones humanitarias se convierten en parte del problema. Con eso fomentan la prostitución por motivos de pobreza, y las familias ya no mandan a sus hijas a la escuela sino a las puertas de los cuarteles.” Monika Hauser, entrevista en Periodismo Humano.
El pasado 18 de marzo en Cochabamba, Bolivia, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) presentó el informe que recoge los resultados del estudio “Niñas madres. Balance Regional embarazo y maternidad infantil forzados en América Latina y el Caribe” que llevaron a cabo en 14 países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Brasil, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, y Uruguay).
El 23 de febrero del 2016 tuvo lugar en Madrid la jornada sobre “Retos en la intervención frente a las violencias sexuales en contexto de ocio y consumo de drogas”, en la que se presentó el Informe de Resultados 2014/2015 de Noctambul@s conocido como “Observatorio sobre Abusos sexuales en Contextos de Ocio Nocturno y Consumo de Drogas”.
Este proyecto que se encuentra bajo el paraguas del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se puso en marcha en el año 2013 en la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña.
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