Donald Trump ha añadido a su lista de medidas regresivas el corte de fondos federales a aquellas clínicas que practiquen o compartan sus instalaciones para que se realicen intervenciones para la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta medida del presidente de los EEUU nos llevará a la política de “norma mordaza” con la que Ronald Reagan amenazaba en 1988, en la que tampoco se podía aconsejar a las mujeres que querían abortar, y donde las y los profesionales que participaban en actividades relacionadas con el aborto, debían quedar segregadas de otros servicios como la planificación familiar.
Esta medida de Trump ha contentado a sectores antiabortistas como la derecha religiosa, lo que le ayuda a hacerse con el voto de este sector en muchos territorios.
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