Por Tiare Paoa García – Voluntaria de Fundación Mujeres
La violencia sexual hacia las mujeres es una de las violaciones más graves de los derechos humanos que ha sido naturalizada y silenciada a lo largo de la historia de la humanidad. Esta realidad es especialmente preocupante en contextos de guerras, conflictos armados y situaciones de crisis humanitaria, donde se utiliza como una herramienta para ejercer el poder, intimidar, controlar y degradar a las mujeres.
La violencia sexual en los conflictos no es un simple producto de la violencia generalizada, sino que está intrínsecamente ligada a las desigualdades de género y a la opresión sistemática de las mujeres. Esta forma de violencia también puede ser empleada como una táctica de guerra con el objetivo de desestabilizar comunidades y perpetuar la dominación masculina.
En la actualidad, los avances logrados por los movimientos de mujeres alrededor del mundo nos permiten contar con una serie de convenciones internacionales que amparan y protegen a las víctimas de violencia sexual en los conflictos, impugnando a los estados la responsabilidad de adoptar medidas para prevenir y sancionar la violencia sexual.
Tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. La CEDAW es un instrumento crucial en la promoción de los derechos humanos de las mujeres y la lucha contra la discriminación de género en todas sus formas.
En su recomendación General Nº 30 prohíbe expresamente todo tipo de violencia por razón de género ejercida por agentes estatales o no estatales, y la prevención, investigación y sanción especialmente en los casos de violencia sexual aplicando una política de tolerancia cero. En caso de conflictos armados afirma “los derechos de la mujer están garantizados por un régimen de derecho internacional que consiste en protecciones complementarias en virtud de la Convención y del derecho internacional humanitario, de los refugiados y penal.”
El comité enfatiza que es responsabilidad de los estados asegurar el acceso a la justicia para mujeres y niñas, implementando procedimientos de investigación con perspectiva de género para abordar la violencia que sufren las mujeres, en especial la violencia sexual.
Asimismo, resalta la importancia de realizar capacitaciones, establecer códigos de conducta y protocolos que consideren la perspectiva de género para el personal de seguridad, incluyendo fuerzas militares y de mantenimiento de la paz, y fortalecer la capacitación de jueces. Además, los estados deberán recopilar datos de manera coordinada sobre la incidencia y prevalencia de la violencia por razón de género, en particular de violencia sexual, en diversos entornos y considerando las distintas categorías de mujeres. También enfatiza la relevancia de asignar recursos adecuados y adoptar medidas eficaces para garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios integrales de salud, atención de salud mental y apoyo psicosocial.
Para más información consulta los siguientes enlaces:
Esta actividad forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, en el marco del “Programa para Educar en Igualdad y Prevenir la Violencia de Género. Hacia un voluntariado por el Buen Trato” de Fundación Mujeres, con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de las Subvenciones del 0,7 a actividades de interés social.