Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y los 16 días de activismo de ONU Mujeres, en el marco del proyecto “Educar en Igualdad Extremadura”, un programa de Fundación Mujeres desarrollado gracias a los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con cargo a los créditos recibidos por el Ministerio de Igualdad. Secretaría de Estado de Igualdad. Subvencionado por la Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura. SINCO/2021/0000002836; y el proyecto DANA+, financiado por el Fondo Social Europeo – Programa Operativo de Inclusión Social y Economía que se desarrolla entre 2019 y 2023.
Por Vanina Ferreyra – Técnica del Observatorio de Igualdad y Empleo
Dentro del marco de los 16 días de activismo de ONU Mujeres con motivo del día 25 de noviembre, “Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” desde Fundación Mujeres y en el contexto de la campaña #ElEntornoCuentaFM reflexionamos sobre el Papel de las Administraciones Públicas para la protección y apoyo a las trabajadoras víctimas de violencia de género.
La violencia de género se constituye como una de las manifestaciones más extremas de discriminación y desigualdad que sufren las mujeres en nuestra sociedad. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género define a la violencia de género: como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
Según datos de ONU Mujeres, a escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. En base a la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019) 1 de cada 2 mujeres residentes en España de 16 o más años han sufrido violencia a lo largo de sus vidas por el hecho de ser mujeres. En el contexto de la pareja el 14,2% (2.905.489 mujeres) ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de su vida. El 1,8% (374.175 mujeres) ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja, actual o pasada, en los últimos 12 meses.
La violencia de género afecta a todas las áreas de la vida de las mujeres y, por lo tanto, también a la vida laboral. Actualmente la normativa garantiza una serie de derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras víctimas de violencia de género orientados a asegurar su protección y su acceso a una asistencia social integral.
Los derechos específicos de las funcionarias públicas víctimas de violencia de género aparecen recogidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el que se contemplan, entre otros derechos: la justificación de ausencias de las funcionarias víctimas de violencia de género, el derecho a la movilidad geográfica y traslado de centro de trabajo, derecho a solicitar excedencia sin haber prestado un tiempo mínimo de servicios, reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo.
Las Administraciones Públicas deben comprometerse a respetar y difundir todos los derechos laborales que asisten a las trabajadoras víctimas de violencia de género, para garantizar la continuidad de las empleadas públicas y de todas las trabajadoras víctimas de violencia de género en el desempeño de su empleo y asegurar y proteger sus derechos, por tanto, tienen una doble obligación: garantizar el ejercicio de estos derechos y comprometerse con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.
Asimismo, las Administraciones Públicas pueden, además, llevar a cabo acciones que promocionen una sociedad libre de violencia de género. Dentro del marco de esta campaña por el “Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” desde el Observatorio de Igualdad y Empleo, hemos elaborado una Hoja con Recomendaciones para las Administraciones Públicas para la protección y apoyo a las trabajadoras víctimas de violencia de género que puedes encontrar en este enlace.