Esta publicación forma parte de la campaña de activismo que se lleva a cabo con motivo del día 25 de noviembre, Día para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el marco del proyecto “Educar en Igualdad Extremadura”, un programa de Fundación Mujeres desarrollado gracias a los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con cargo a los créditos recibidos por el Ministerio de Igualdad. Secretaría de Estado de Igualdad. Subvencionado por la Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura. SINCO/2021/0000002836
Con más frecuencia de la que sería deseable y aceptable, las instituciones obstaculizan o impiden el ejercicio de los derechos de las mujeres tras presentar una denuncia por ser víctima de la violencia de género. La violencia institucional puede ser ejercida por la judicatura, las personas profesionales del trabajo social, personal sanitario, policía u otras autoridades que deniegan a las mujeres servicios públicos para sancionar, investigar o prevenir diferentes tipos de violencia machista.
Este tipo de actitudes puede tener como consecuencia que las mujeres sean más reacias a denunciar los hechos, facilitando así la impunidad de los agresores.
Es el caso de Carmen, campeona de España de atletismo, que fue agredida brutalmente por su novio en 2010 quedando en silla de ruedas de manera permanente. Asimismo, sufrió violencia institucional cuando, en el proceso judicial, tres mujeres, una psiquiatra, una asistenta social y una psicóloga, elaboraron un informe que además de negar el perfil de víctima, añadía que “establecía relaciones muy fácilmente con hombres porque entre su anterior pareja y esta habían pasado solo 15 días”.
En Portugal varios jueces han emitido sentencias polémicas sobre la violencia de género, llegando incluso a mostrar cierta empatía hacia los agresores. Tal es el caso del magistrado que en 2017, al emitir una decisión judicial invocó a la Biblia para justificar la violencia machista cuando la víctima es infiel.
Las sentencias con prejuicios machistas pueden llegar a destruir la credibilidad de las declaraciones de las mujeres que han sido víctimas y ponen de manifiesto que es necesario mejorar la respuesta de los juzgados a la violencia de género, incurriendo así en la victimización secundaria de las mujeres que ya han sido victimizadas por su agresor.
ONU Mujeres, en su campaña por el #25N a la que nos sumamos desde Fundación Mujeres, movilizará a todas las redes de ÚNETE, la sociedad civil y las organizaciones por los derechos de la mujer, el sistema de las Naciones Unidas, la Coalición para la Acción sobre la violencia de género, los socios gubernamentales, las escuelas, las universidades, el sector privado, las asociaciones y clubes deportivos y particulares, etc. Una de las finalidades que persigue, es precisamente defender estrategias, programas y recursos inclusivos, integrales y a largo plazo para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en los espacios públicos y privados priorizando a las mujeres y niñas más marginadas.
La Convención de la CEDAW acuñó el término “principio de diligencia debida” a la obligación efectiva y proactiva del Estado de adoptar medidas de prohibición de discriminación contra las mujeres; de individuos, organizaciones o el propio Estado. Además ha concretado las obligaciones de los Estados en una Recomendación que determina la responsabilidad estatal frente a acciones y omisiones, en el caso de que el Estado no adopte todas las medidas necesarias para “prevenir los actos de violencia por razón de género contra las mujeres, en los casos en que sus autoridades tengan conocimiento o deban ser conscientes del riesgo de dicha violencia, o el hecho de que no investigue, enjuicie y castigue a los autores ni ofrezca reparación a las víctimas/supervivientes de esos actos, constituye un permiso tácito o una incitación a cometer actos de violencia por razón de género contra la mujer”.
El sistema de justicia tiene por tanto la responsabilidad de brindar protección contra la violencia de género y luchar contra esta problemática desde todos los enfoques que sea posible.
En este sentido, destacamos la formación en violencia de género para los jueces y juezas, fruto de la reforma en diciembre de 2018 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que tiene como objetivo ofrecer a estas personas profesionales conocimientos con el fin de que desechen los estereotipos machistas. Esta formación consta de un módulo general en el que se trata la violencia machista como una expresión de la desigualdad estructural y otro específico en el que se abordan cuestiones relativas a cada tipo de juzgado: brecha salarial, conciliación, sistema tributario, regímenes de visitas o igualdad en el ámbito de la extranjería.
Si bien un número considerable de jueces y juezas han realizado el curso en perspectiva de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), obligatorio para acceder a cualquier especialidad en este ámbito, las expertas juristas advierten de que los miembros de las audiencias provinciales, los tribunales superiores de Justicia, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no están obligados a seguir una formación específica en esta materia. En este sentido, Gloria Poyatos, socia cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España e integrante de la junta directiva de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, sostiene que para garantizar la perspectiva de género en las resoluciones es necesario que la formación obligatoria se inicie desde el Tribunal Supremo.
Para luchar contra la violencia de género es imprescindible abordar las causas estructurales y los factores de riesgo que tienden a perpetuarla. Los estereotipos de género persisten en todas las esferas de la sociedad, incluida la administración de justicia. Por ello, es necesario reforzar la formación de sus profesionales. En este sentido, cabe destacar que a partir del próximo año la Escuela Judicial impartirá un seminarios ampliando su capacitación en materia de género e igualdad. Sin lugar a dudas, este es el itinerario a seguir.
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