#28S El aborto en Europa y Ámerica Latina y tras la COVID-19

En primer lugar, en relación a los países donde el aborto voluntario está completamente prohibido, y aunque a primera vista podamos pensar que aún quedan muchos, los cierto es que solo hay 6 países con esas condiciones: El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Malta y El Vaticano.

En los tres primeros, antes de la ley que prohíbe el aborto, en todo caso había una ley un poco más permisiva en la que se permitía en algunos casos como el de violación, si el feto tenía malformaciones o si había riesgo de muerte para la madre. En estos países existen penas de cárcel para las mujeres que aborten, en algunos casos llegando a 30 años de cárcel.

El resto de países del mundo se dividen entre los que ponen condiciones para que las mujeres puedan abortar de forma voluntaria y los que lo permiten por solicitud de la persona afectada. Los primeros se caracterizan por poner trabas para que las mujeres aun cumpliendo con las condiciones no puedan abortar o que alargan tanto los procesos que se cumplen los plazos para que no están dentro de ley. Los segundos se caracterizan porque la mayoría de sitios donde se pueden practicar el aborto son clínicas privadas y también alargan los procesos para aumentar la dificultad.

Europa

Es legal el aborto en 36 países, en 29 de los cuales se pueden hacer a petición de la persona afectada, es decir, una IVE completamente legal. En Finlandia, Reino Unido, Irlanda del Norte, Gales, Irlanda, Mónaco, Chipre y Polonia es legal pero en caso de incesto, violación, malformación en el feto o salud mental de la madre.

Sin embargo, en San Marino, El Vaticano, Malta y Andorra, es ilegal, en este último imponen penas de hasta dos años de cárcel por abortar o ser cómplice. Además Gibraltar impone como pena la cadena perpetua a la mujer que aborte dentro de su territorio, ya que tiene su propio código penal a pesar de pertenecer a Inglaterra.

América Latina

En la mayoría de países es ilegal, salvo cumpliendo algunos requisitos como los enumerados anteriormente. Solo hay 4 países donde abortar es completamente legal: Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay.

COVID-19

A este panorama general hay que añadir que, tras la pandemia por la COVID-19, todas estas legislaciones han hecho que la situación para las mujeres que quieren abortar se vuelva aún más difícil, tal y como analizábamos en este artículo.

En algunos países de Europa como es Alemania se han estado permitiendo las citas telemáticas para que las mujeres puedan hacer la sesión de asesoramiento obligatoria sin necesidad de desplazamientos. En España solo se ha puesto en marcha este servicio en Galicia y en Cataluña. En Inglaterra también se ha puesto en marcha este servicio y el acceso al aborto farmacológico en casa. En Irlanda solo se precisa atención presencial en la clínica cuando sea estrictamente necesario para evitar los contagios. En Austria se ha regulado para permitir a las mujeres acceder a la medicación necesaria para el aborto con receta en las farmacias.

En Polonia ha habido más dificultades, ya que el partido que se encuentra en el gobierno ha intentado aprobar un proyecto para restringir el acceso a la IVE. Además han prohibido los anticonceptivos y los servicios de detección de ETS se han visto afectados. Esto último también ha ocurrido en países como Irlanda, Austria, Portugal, Suiza, Albania, Noruega, Bulgaria, Rumanía y Serbia

En los países europeos donde es ilegal el aborto el cierre de fronteras hace imposible la derivación a otros países, lo que lleva a las mujeres usar métodos ilegales e inseguros. Asimismo, la IPPF (Federación Internacional de Planificación Familiar) ha detectado problemas de acceso al aborto en países que se han establecido como servicio esencial, tales como Italia y Francia.

Pasando a los países latinoamericanos destaca el desentendimiento por parte de las autoridades de la salud reproductiva y sexual. Por ejemplo, en Argentina se ha aplazado el nuevo proyecto de ley para legalizar el aborto voluntario que se iba a presentar ante la Cámara de Diputados a inicios de marzo.

En Colombia la mayoría de las clínicas están en las zonas urbanas, mientras que el grueso de la población reside en las zonas rurales, impidiendo el desplazamiento a las mujeres a esos servicios de salud.

En Chile resulta muy difícil acceder al aborto aunque se cumplan con las circunstancias que determina la ley para que sea legal el aborto, además de que se necesita pasar por dos especialistas de medicina y hay obstetras que se niegan a realizarlos alegando objeción de conciencia.

Acceder a los fármacos necesarios sin necesidad de receta para llevar a cabo el aborto en casa, es algo que se implementa en México, el problema viene cuando muchas de las mujeres no pueden comprarlo por falta de medios o no lo pueden tomar porque no cuentan con la privacidad necesaria para llevar a cabo el procedimiento.

En Brasil se han negado los servicios de salud sexual y reproductiva al no considerarlos indispensables.

Y en Ecuador, se han visto cambios en las formas de comunicarse con las asociaciones que proporcionan información a las mujeres, ya que se han empezado a comunicar a través de mensajes de texto y no por vía telefónicas como de costumbre. Esto se debe a la mencionada falta de privacidad derivada del confinamiento.

Finalmente, cabe destacar a labor de las asociaciones de Derechos Humanos que están asumiendo las tareas que les correspondería a los gobiernos, como puede ser la información o los desplazamientos.

Para más información consulta los siguientes enlaces: 


Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se va a llevar a cabo con motivo del día 28 de septiembre, Día de Acción Global un Aborto Legal, Seguro y Accesible, en el marco del proyecto “Banco de Buenas Prácticas para la prevención de la Violencia de Género y Educar en Igualdad, hacia un voluntariado 2.0 por el Buen Trato”, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IRPF “OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL”.

Colaboran desde el  proyecto «Más Feminismo y Menos violencia» ejecutado en El Salvador conjuntamente por Fundación Mujeres y Las Mélidas con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID)

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