Agravamiento del panorama actual con motivo de la crisis por la COVID-19
El derecho a un aborto legal, seguro y accesible continúa siendo una asignatura pendiente en muchos sentidos, tanto por aquellas zonas del mundo donde sigue presentando altas restricciones y prohibiciones, como por los constantes ataques que amenazan con retroceder en los logros alcanzados en esta materia.
En la actualidad, en el contexto de crisis global derivada de la pandemia por la COVID-19, los sistemas de atención sanitaria están experimentando un gran impacto y tensión que, en el caso de las mujeres, incluye limitaciones en la atención médica sexual y reproductiva como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de forma segura. De hecho, la propia crisis está aumentando las necesidades de dicha atención en relación a prevención del embarazo, continuación de un embarazo afectado por exposición a la COVID-19, otros problemas de salud provocados por la pandemia y, por supuesto, el mayor riesgo de violencia sexual y doméstica.
Por ello, la atención y ayuda debería verse reforzada. No obstante, la realidad muestra que mujeres y niñas están enfrentando nuevas dificultades en el acceso al aborto por las restricciones en la movilidad, las medidas de distanciamiento social, la disminución de ingresos por la pérdida de empleo, la mayor escasez de medicamentos e interrupciones en las cadenas de suministros o el cierre de fronteras. A todo ello se suman las medidas y restricciones de algunos gobiernos que están provocando la falta de atención en las clínicas, el desvío de recursos de salud sexual y reproductiva a la atención por COVID19, el bloqueo de webs de ayuda y asesoramiento e incluso la tentativa de cambios legislativos como en Polonia.
IVE y otros servicios de salud sexual y reproductiva como atención médica básica y esencial
Si bien se puede esperar que la crisis global genere ciertas dificultades socio-sanitarias, también urge que el destino de los recursos -limitados- priorice la garantía de derechos fundamentales y la atención médica básica. El acceso a un aborto seguro supone un servicio esencial por diversos motivos:
- Salva vidas: se estima que cada año mueren entorno a 22.000 mujeres por abortos inseguros, y MSI calcula que la pandemia podría dar lugar a 3 millones más de embarazos involuntarios, 2,7 millones más de abortos inseguros y 11.000 muertes más relacionadas con el embarazo.
- Tiene estrictos plazos de actuación: la demora puede llevar a superar los umbrales gestacionales, considerando que cada semana gestacional aumenta exponencialmente los riesgos para la mujer, así como la presión en los servicios quirúrgicos y, por ende, la exposición del personal sanitario.
- La demanda es mayor en tiempos de crisis: a los aspectos antes mencionados, hay que añadir que en crisis anteriores como la del ébola, los progresos en mortalidad materna retrocedieron en África occidental a niveles de 15 o 20 años atrás en ciertos países, causando tantas muertes como el propio ébola en zonas como Sierra Leona, no solo por la falta de acceso a los servicios de salud, sino por el cierre de escuelas y el aumento de violencia sexual. El confinamiento puede propiciar estas situaciones, así como el aumento en la demanda de contracepción por decidir posponer la maternidad, o la opción de interrumpir el embarazo por motivos económicos.
- Las restricciones causan más daños a largo plazo: los recursos destinados a IVE reducen los costes de atención al embarazo, así como del tratamiento de las complicaciones a consecuencia de practicar abortos inseguros. Además, el empoderamiento femenino que supone la toma de decisiones sobre la propia planificación familiar impulsa el desarrollo social y económico y reduce la carga sobre los sistemas de salud.
- Es necesario proteger los avances conseguidos: el índice de mortalidad materna se ha reducido en un 38% entre el 2000 y el 2017. Además, en los últimos 25 años, más de 50 países han realizado cambios legislativos para aumentar las posibilidades de acceso al aborto en diferentes condiciones y la atención posterior. No obstante, no podemos permitir que la difícil situación actual ni los gobiernos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres hagan retroceder estos avances, como ya ha ocurrido en lugares como algunos Estados de Estados Unidos.
Posibles soluciones en el marco de la crisis actual
Por todo lo anterior, es importante que los gobiernos y otros agentes sociales actúen con urgencia para garantizar que el acceso al aborto se mantenga como un servicio médico esencial durante y después de la pandemia, sin permitir ni promover el retroceso de las mejoras hasta ahora conseguidas.
Algunas posibles soluciones o medidas son:
- Permitir el acceso al aborto y la contracepción mediante la telemedicina: permite una forma segura y privada de tener un aborto en las primeras etapas del embarazo sin el desplazamiento a una clínica, lo que puede ayudar a mujeres en aislamiento social, mujeres que residen en zonas muy alejadas de los servicios, o con responsabilidades de cuidado que imposibilitan su salida del domicilio.
- Permitir que las farmacias vendan anticonceptivos de emergencia sin receta
- Eliminar los tiempos de espera innecesarios y los requisitos de contar con la autorización varios médicos o médicas
- Promover iniciativas de educación digital para pacientes que destaquen la seguridad del aborto y garanticen la disponibilidad del mismo en diferentes entornos con todo el alcance de la ley local.
Las mujeres siempre van a tener necesidad de interrumpir voluntariamente su embarazo. Que el acceso al aborto se produzca en condiciones de legalidad, seguridad y accesibilidad depende y es responsabilidad del conjunto de la sociedad y, especialmente de las instituciones públicas y privadas competentes.
Para más información consulta los siguientes enlaces:
Este artículo forma parte de la campaña de activismo que se va a llevar a cabo con motivo del día 28 de septiembre, Día de Acción Global un Aborto Legal, Seguro y Accesible, en el marco del proyecto “Banco de Buenas Prácticas para la prevención de la Violencia de Género y Educar en Igualdad, hacia un voluntariado 2.0 por el Buen Trato”, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través del IRPF “OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL”.
En colaboración con el proyecto «Más Feminismo y Menos violencia» ejecutado en El Salvador conjuntamente por Fundación Mujeres y Las Mélidas con la financiación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID)