Este artículo se enmarca dentro de la Campaña #28S de Fundación Mujeres con motivo de la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.
El pasado 22 de septiembre, Marta Vigara utilizó el altavoz que le proporcionó la Cadena SER para denunciar de manera pública la negativa de un hospital público de Madrid a interrumpir su embarazo.
Se trataba de un aborto terapéutico por razones médicas, ya que Marta sufrió una rotura de la bolsa la semana 17 de gestación, poniendo así en peligro su salud y la viabilidad -e incluso supervivencia- del feto. Aún así, fue derivada de manera forzosa a una clínica privada a abortar porque todo el personal obstétrico del hospital recurre a la objeción de conciencia siempre que haya latido fetal. En este punto se abre un debate importante.
Según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso a la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas por el ejercicio de la objeción de conciencia. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. En todo caso los profesionales sanitarios dispensarán tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una intervención de interrupción del embarazo.”
No obstante, no cabe duda que estas premisas no se cumplieron ni respetaron en el caso de Marta ni en el de otras muchas mujeres que se han sentido abandonadas y maltratadas institucionalmente.
«El objetivo de venir aquí es intentar que mujeres que les haya pasado se sientan identificadas y animarles a denunciar y, sobre todo, las que puedan vivirlo que sean conscientes que esto está así, que hay una ley que se está incumpliendo y que tenemos que luchar porque esto cambie» dijo Marta Vigara en la entrevista en la Cadena SER.
Y así sucedió. Después de su denuncia pública, se produjo una ola de historias de otras mujeres que habían sufrido experiencias similares. Por ejemplo, Ana explica que en 2018 entró a urgencias porque estaba teniendo un aborto espontáneo con abundante sangrado. En el hospital le ofrecieron que se fuera a casa y se tomara unas pastillas para expulsar el feto; sin embargo, ella quiso quedarse en el centro. La ingresaron, pero se opusieron a introducirle las pastillas que le provocarían contracciones. Lo tuvo que hacer ella misma. Pasó 72 horas desangrándose y yendo al baño a comprobar si había expulsado el feto. Sufrió desmayos. Finalmente, le practicaron un legrado de urgencia.
Todos estos testimonios no se tratan de casos aislados. Así lo demuestran los datos del año 2019 con el 85% de las interrupciones voluntarias de embarazo se llevan a cabo en clínicas privadas. Los centros públicos de las comunidades de Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no realizan abortos; obligando así a las residentes de estas comunidades a irse a otras comunidades autónomas a abortar.
Por todo ello, Irene Montero -ministra de Igualdad- reivindica la urgencia de la reforma de la Ley del Aborto para garantizar que el derecho al aborto sea real y efectivo. De hecho, el Ministerio de Igualdad ya está trabajando en un borrador de la reforma de esta ley y se espera que esté listo para diciembre.
Podéis escuchar la entrevista mencionada a Marta Vigara al completo aquí.
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